El Gobierno adopta norma de ciberseguridad de EEUU que bloquearía a Huawei
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La Disposición 7/2026 del Centro Nacional de Ciberseguridad (CNC), publicada hoy en el Boletín Oficial, incorpora el estándar TIA SCS 9001 como referencia obligatoria para evaluar proveedores de tecnología en el sector público. La norma impediría, en los hechos, que empresas chinas como Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI participen en compras estatales de equipamiento tecnológico.
Pero la medida no se agota en el Estado. Su artículo 9 instruye al Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) a que "evalúe la incorporación de los requisitos técnicos a los procedimientos de homologación de materiales y a las obligaciones de los licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones". Si Enacom implementa esa instrucción, el impacto se extendería a toda la industria de telecomunicaciones, porque el organismo no distingue entre redes públicas y redes privadas en sus procedimientos de homologación.
El SCS 9001, creado por la Telecommunications Industry Association (TIA) de Estados Unidos, no testea equipos. Certifica los procesos de una empresa en una auditoría de dos a cuatro días. Pero antes de cualquier auditoría, la TIA coteja al solicitante con las listas de sanciones y restricciones del gobierno estadounidense. Si la empresa figura, recibe un aviso en 48 horas hábiles de que no puede avanzar. Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua, Hytera y DJI están en esas listas.
La norma se enmarca en el acuerdo de cooperación bilateral con los Estados Unidos por 15 millones de dólares, destinado al reemplazo de equipamiento chino en redes gubernamentales y la creación de un centro de operaciones de ciberseguridad.
Qué alcance tiene hoy la Disposición 7/2026 y qué podría cambiar
Tal como fue publicada, la disposición aplica al sector público nacional. Sus requisitos técnicos rigen para las compras de tecnología de organismos del Estado y para la protección de infraestructuras críticas de información bajo la órbita del CNC, creado por el Decreto 941/2025.
Sin embargo, el artículo 9 abre la puerta a una extensión mucho más amplia. Al pedirle a Enacom que evalúe incorporar los requisitos técnicos del SCS 9001 a los procedimientos de homologación y a las obligaciones de los licenciatarios de telecomunicaciones, la disposición apunta a un segundo paso que afectaría al sector privado en su totalidad.
El punto clave es que Enacom no diferencia entre redes públicas y privadas cuando homologa equipamiento. Si los requisitos del SCS 9001 se incorporan al régimen de homologación, todo equipo que se conecte a una red de telecomunicaciones en Argentina debería cumplirlos. Eso incluye teléfonos, módems, los módulos 4G y 5G y Wi-Fi de los autos, drones, cámaras, pantallas, inversores solares y los equipos de red de cientos de cooperativas.
Quiénes quedarían afectados si Enacom adopta el requisito
El impacto potencial excede por mucho a los grandes operadores. Según los datos de la Cámara Argentina de Internet (Cabase), hay más de 1.200 prestadores de Internet en la Argentina. De ellos, 547 son cooperativas con licencia en 20 provincias, según un relevamiento de la Universidad Nacional de La Plata y la Cámara de Cooperativas de Telecomunicaciones (Catel).
Estas cooperativas armaron sus redes de fibra óptica con equipos Huawei y ZTE porque son los que cotizan a su escala. No tienen otro proveedor ni recursos para un recambio: no podrían crecer ni reponer un equipo averiado.
Los operadores móviles enfrentan un problema similar. Las redes 4G se construyeron en buena parte con equipamiento Huawei. Reemplazarlo llevaría años. Huawei suministra aproximadamente el 70 por ciento del equipamiento del núcleo 5G de Telecom Argentina, con Nokia en el 30 por ciento restante. Además, Huawei desplegó la primera red core completamente en la nube de América latina para Telecom Argentina, con servicios para más de 22 millones de suscriptores móviles.
Los municipios también quedarían expuestos: buena parte de las cámaras de videovigilancia municipales son Hikvision o Dahua, ambas en las listas que la TIA usa para vedar el acceso a la certificación. En el sector agrícola, los drones superan este año las 3.500 unidades en el país, segundo mercado de la región, y el segmento lo domina DJI. Y en los hogares, el módem de fibra y el router que el operador o la pyme instala en la casa son, en su mayoría, Huawei o ZTE.
Por qué el SCS 9001 bloquea de entrada a las empresas chinas
El mecanismo de exclusión del SCS 9001 opera en dos niveles. El primero es directo e insuperable: la TIA adoptó la posición de no permitir que entidades identificadas por el gobierno de Estados Unidos como no confiables obtengan la certificación. Ninguna persona o empresa que figure en la Covered List de la FCC o en la Entity List del Departamento de Comercio puede acceder al proceso. La TIA puede modificar estas reglas "a su exclusiva discreción", sin que intervenga ninguna autoridad argentina.
El segundo nivel es la incompatibilidad con la legislación china. La Ley de Inteligencia Nacional de China, promulgada en 2017, establece en su Artículo 7 que todas las organizaciones y ciudadanos deberán apoyar, asistir y cooperar con los esfuerzos de inteligencia nacional y proteger los secretos de ese trabajo. El Artículo 14 faculta a las instituciones de inteligencia a solicitar que órganos, organizaciones y ciudadanos proporcionen el apoyo, asistencia y cooperación necesarios.
El SCS 9001 exige transparencia total sobre vínculos gubernamentales, divulgación de afiliaciones políticas de directivos y acceso de terceros a auditorías. La ley china prohíbe divulgar la cooperación con los servicios de inteligencia. Las empresas bajo jurisdicción china enfrentan un dilema binario: violar la ley china para cumplir con el estándar, o quedar fuera del proceso de certificación.
Qué diferencia al SCS 9001 de los estándares que sí testean equipos
La industria de telecomunicaciones ya cuenta con estándares internacionales que evalúan la seguridad de los equipos de red. GSMA NESAS y 3GPP SCAS auditan el desarrollo y someten los equipos a pruebas contra casos de seguridad definidos. Ericsson, Nokia, Samsung, Huawei y ZTE los cumplen. En los organismos internacionales de normas, como ISO, Argentina tiene voz a través del IRAM. En la TIA no tiene ninguna.
De todos los estándares disponibles, el SCS 9001 es el único que no testea equipos, el único en el que Argentina no tiene representación y el único que trae incorporada una lista de empresas vedadas. La certificación se basa en una auditoría de procesos de dos a cuatro días. Hoy ni siquiera se puede emitir: la propia TIA tiene a sus certificadoras "en capacitación" para la versión vigente y partes del reglamento "por redactar". Un solo organismo de acreditación opera a nivel global.
Una opción posible sería tercerizar la definición de proveedor confiable y adoptar una lista ajena bajo el rótulo de ciberseguridad. Por ejemplo, NESAS/SCAS para los equipos de red, ISO 27001 para la gestión de proveedores, consulta pública y un régimen de transición para lo que ya está instalado.
Qué pasó en los países que adoptaron el SCS 9001
El estándar no lo exige ningún país de peso. Ni Estados Unidos, cuya industria lo escribió, ni la Unión Europea, ni el Reino Unido, Japón, Corea o Australia. Solo lo adoptaron Costa Rica y Paraguay.
En Costa Rica, la Justicia suspendió parcialmente el decreto que lo incorporó y un estudio del CINPE de la Universidad Nacional estimó cuatro años de atraso en la modernización de redes y un aumento del 40 por ciento en inversión y tarifas. En Paraguay, dos de los cuatro operadores se bajaron de la licitación 5G tras la inclusión del requisito SCS 9001 en el pliego.
Estos precedentes regionales contrastan con la tendencia de los países que sí restringieron a Huawei y ZTE, pero con mecanismos propios. Australia prohibió a ambas empresas de sus redes 5G en 2018 por decisión ejecutiva. Estados Unidos implementó la Secure and Trusted Communications Networks Act, con un programa de reembolso para la remoción de equipamiento chino que ya lleva comprometidos cerca de 5.000 millones de dólares para depurar las redes de 85 operadores, en su mayoría rurales.
El Reino Unido prohibió la compra de equipamiento Huawei para 5G desde 2021 y ordenó la remoción completa para fines de 2027. Suecia lo hizo a través de su regulador PTS, tras consultar con las fuerzas armadas. Panamá se convirtió en 2025 en el primer caso latinoamericano de rip-and-replace (arrancar y reemplazar). Pero ninguno de estos países usó el SCS 9001 como instrumento.
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Qué papel juega Estados Unidos en la decisión argentina
La adopción del SCS 9001 no es un acto aislado. En octubre de 2026, el subsecretario de Estado, Christopher Landau, anunció en una visita a Buenos Aires un programa de 15 millones de dólares en fondos no reembolsables que contempla la creación de un centro nacional de operaciones de Ciberseguridad, una evaluación técnica de seguridad de la red troncal de Internet de Arsat y el reemplazo progresivo de equipamiento de origen chino en redes gubernamentales. La planificación prevé una primera etapa de diagnóstico de seis meses y una fase de implementación tecnológica de hasta 18 meses.
Las presiones diplomáticas directas refuerzan este marco. La Embajada de Estados Unidos en Argentina amenazó con revocar las visas de ejecutivos de la cooperativa eléctrica CALF de Neuquén por su acuerdo con Huawei. La embajada china en Buenos Aires acusó a Washington de arrogancia y seria falta de respeto por la soberanía de otros países.
Por qué la resolución es más importante de lo que parece a primera vista
La Disposición 7/2026 tiene dos capas de lectura. En la superficie, es una norma técnica para el sector público que referencia un estándar internacional de ciberseguridad. En profundidad, su artículo 9 contiene la semilla de una redefinición completa del mercado de telecomunicaciones argentino.
Si Enacom incorpora los requisitos del SCS 9001 a la homologación de materiales, la consecuencia práctica es que una asociación privada estadounidense pasaría a definir qué equipos se pueden vender en Argentina. La TIA puede modificar las reglas del estándar cuando quiera, sin intervención de autoridad argentina alguna. La Argentina no tiene representación ni voto en ese organismo.
Con esta medida, el Gobierno nacional elige un rumbo de alineamiento con los estándares occidentales de ciberseguridad, aun al costo de redefinir las relaciones con los principales proveedores de telecomunicaciones del mercado local. La diferencia entre una norma que rige para el Estado y una que rige para toda la industria es la distancia entre un ajuste regulatorio y una reestructuración del mercado.
