Flybondi pide apartar al juez del concurso y busca recuperar sus operaciones
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A un poco más de un mes de haber solicitado la apertura del concurso preventivo de acreedores que hizo el pasado 2 de octubre, Flybondi pide apartar al juez que interviene en ese proceso con el objetivo de destrabar la reestructuración con la que proyecta recuperar sus operaciones.
La disputa se concentra en los pedidos hechos por Guillermo Mario Pesaresi, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N° 24, Secretaría N° 47, donde se tramita la causa "FB Líneas Aéreas S.A. s/ concurso preventivo", expediente COM 20311/2026, correspondiente a la sociedad que opera bajo la marca Flybondi.
De acuerdo a lo que pudo saber iProfesional, el magistrado habría impuesto una serie de requerimientos a los abogados de la aerolínea antes de resolver la apertura del procedimiento que podrían demorar los plazos para responder y generar el riesgo de que un incumplimiento deje a la compañía sin acceso al procedimiento elegido para reorganizar sus deudas.
El pedido busca que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial examine el apartamiento y que el expediente continúe ante el magistrado que legalmente corresponda o que el tribunal le ordene al mismo juez resolver la apertura del proceso concursal.
De hecho, el reclamo incluiría una solicitud urgente para evitar que se tenga por desistida la presentación mientras se discuten el alcance y el plazo de nuevas exigencias de información.
Esto se debe a que el juez sigue demorando la apertura del concurso, a pesar de que se trata de una pieza central del proyecto de recuperación comercial de Flybondi.
Es que una vez habilitado el procedimiento, el plan empresario contempla volver a volar, generar ventas e ingresos y aplicar esos recursos al sostenimiento de la actividad, dentro de una reorganización del millonario pasivo que debe cancelar y que se calcula en alrededor de u$s120 millones.
Antes de esa etapa, la compañía debe resolver el conflicto judicial teniendo en cuenta además que la existencia de pedidos de quiebra pendientes ante la colosal deuda de Flybondi, vuelve especialmente relevante la continuidad de la presentación preventiva, porque su frustración puede restringir la posibilidad de iniciar otro concurso durante el año siguiente.
Las condiciones de acceso que planteó el juez
La controversia se articula alrededor de dos decisiones tomadas por el juez de la causa, una el del 30 de octubre y la otra el 6 de de noviembre.
En la primera, el juez estableció requerimientos documentales, contables, societarios, financieros, laborales y operativos, con un plazo de cinco días, mientras que en con la segunda amplió las exigencias sobre trabajadores y ex trabajadores y remitió a un término de 24 horas, bajo apercibimiento de desistimiento.
El cuestionamiento se concentra en la relación entre la magnitud de las tareas, el tiempo disponible para completarlas y las consecuencias de una respuesta considerada insuficiente.
El reclamo de los abogados de la empresa que son liderados por el Estudio Jurídico Grispo, también comprende la diferencia entre los requisitos legales para abrir el concurso y las investigaciones que pueden desarrollarse durante el procedimiento.
Entre los pedidos aparecen la reconstrucción histórica de las tenencias accionarias, los contratos de transferencia de participaciones y la composición de sociedades vinculadas con un alcance que incluye a Flybondi Limited, Flybondi SAU y COC Global Enterprise.
Esa revisión se extiende a los aportes de capital realizados durante el 2025, con identificación de personas físicas o jurídicas, fechas, importes, modalidades de integración, cuentas receptoras y registros contables, además de abarcar los préstamos recibidos, sus condiciones, garantías, vencimientos y saldos.
A ese conjunto de pedidos se agrega una explicación del destino de los fondos y de las razones por las que el financiamiento no evitó el deterioro patrimonial.
Otro requerimiento consiste en reconstruir el flujo mensual de ingresos y egresos de los últimos 24 meses.
Ante semejante cantidad de pedidos y reclamos, la discusión pasa a poder entender cuánto de ese análisis debe estar concluido antes de habilitar el proceso concursal.
De hecho, la Ley de Concursos y Quiebras prevé que el informe general de la sindicatura examine las causas del desequilibrio económico, la composición del patrimonio y la regularidad de los aportes de los socios en una instancia que es posterior a la apertura del concurso y que también comprende determinadas responsabilidades patrimoniales.
Otro punto controvertido es la exigencia de explicar un plan sustentable para remontar la crisis ya que el artículo 11 de la norma establece los requisitos de la presentación concursal, pero no enumera la demostración anticipada de la viabilidad económica futura como una condición autónoma de apertura.
Por eso, en el mundo legal se aclara que habilitar el concurso preventivo de cualquier empresa le permite desarrollar la reorganización y negociar con los acreedores sin tener el fantasma de la quiebra sobre sus operaciones y ofreciendo un escenario de continuidad de sus tareas.
Si bien no equivale a garantizar el resultado comercial del plan ni elimina los controles sobre la información patrimonial, la apertura concursal le otorga un paraguas legal para poder sostener sus actividades mientras negocia el pago de su millonaria deuda.
La dimensión laboral
En el caso de la ampliación de las exigencias laborales, tuvo como antecedente presentaciones de trabajadores y extrabajadores en un incidente vinculado con el expediente principal pero el pedido de información hecho por el juez dejó de estar limitado a los denunciantes identificados y se extendió a otras personas que pudieran encontrarse en circunstancias similares.
Esa extensión obliga a delimitar los casos alcanzados y revisar nóminas, legajos, antecedentes contractuales, liquidaciones, desvinculaciones e indemnizaciones.
La controversia incluye la coordinación de esas tareas entre las áreas administrativas, contables y laborales y el momento desde el cual corresponde computar el plazo de una obligación ampliada.
Uno de los casos discutidos corresponde a una certificación laboral cerrada al 31 de agosto pasado y a una desvinculación ubicada en el primer día de septiembre.
La diferencia temporal requiere distinguir las obligaciones existentes al cierre de aquella información de las originadas después, además de la actualización que corresponda al momento de solicitar el concurso.
El control de esos datos es diferente de la determinación definitiva de los créditos ya que su existencia, monto y privilegio deben examinarse por los mecanismos correspondientes, sin que una presentación individual implique por sí sola su reconocimiento judicial.
En este aspecto, la legislación contempla la verificación de créditos y el pronto pago de determinadas acreencias laborales, sujeto a los requisitos aplicables.
El conflicto previo a la apertura pasa por cómo articular esa protección con la posibilidad de acceder al procedimiento colectivo.
A qué se debe la urgencia de la medida solicitada por Flybondi
El apercibimiento de desistimiento que se estaría planteando en la causa explica la urgencia de la medida solicitada ya que la Ley de Concursos y Quiebras restringe la admisión de una nueva solicitud dentro del año posterior al rechazo, desistimiento o falta de ratificación de otra petición cuando existen pedidos de quiebra pendientes.
Por eso, la discusión no se limita a obtener más tiempo para completar documentación sino que la pérdida de la presentación actual puede comprometer el acceso a otra instancia preventiva durante ese período.
También cuestiona la equiparación entre distintas consecuencias procesales, teniendo en cuenta que el artículo 13 de la ley regula el rechazo de la petición por incumplimiento de los requisitos legales y permite apelarlo, mientras que el artículo 30 contempla el desistimiento por incumplimientos específicos posteriores a la apertura.
La protección urgente busca suspender exclusivamente el término de las exigencias incorporadas o ampliadas el 6 de noviembre y diferir su apercibimiento hasta que se resuelva su alcance.
El pedido contempla individualizar las personas, los períodos y los documentos involucrados y conceder cinco días hábiles judiciales desde esa notificación para responder, pero no supone detener el resto del expediente ni reabrir automáticamente los plazos originales.
Los fundamentos del apartamiento
La recusación contra el magistrado a cargo de la causa incorpora además una comparación con otros concursos tramitados durante este 2026 ante el mismo juzgado como los de DSI Constructora, Brogas y Kontrol Defensa Electrónica.
El contraste se concentra en las oportunidades concedidas para subsanar observaciones y completar documentación y, en particular, se invoca una resolución del 16 de julio en el concurso de DSI Constructora como antecedente de apertura con elementos respaldatorios pendientes de incorporación.
Esa comparación integra el argumento del apartamiento y deberá examinarse junto con las particularidades de cada expediente.
En ese sentido, la Cámara deberá evaluar si la secuencia de decisiones encuadra en la causal de recusación invocada.
El punto sometido a revisión es si las exigencias sobre la sustentabilidad futura, la amplitud de la reconstrucción societaria y financiera y las nuevas cargas laborales permiten identificar una valoración anticipada sobre la apertura todavía pendiente.
También se invocan los casos B&J López y Prieto, resueltos por las salas F y E de la Cámara Comercial, como antecedentes sobre la interpretación de los requisitos de acceso al concurso, con decisiones que se refieren a la apertura, no a recusaciones, por lo que cumplen una función diferente del examen específico sobre la imparcialidad.
La presentación incorpora la cuestión federal vinculada con las garantías de defensa en juicio y juez imparcial, con reserva de acudir a la instancia extraordinaria si se reúnen sus requisitos.
Cuál es la estrategia comercial de Flybondi
El pedido de acelerar el avance del proceso concursal es consecuente con el plan de recuperación que los dueños de Flybondi quieren poner en marcha una vez que se encuentren amparados por la protección judicial y puedan iniciar el proceso de reestructuración de la deuda de la compañía.
La estrategia comercial contempla reanudar los vuelos y generar recursos con nuevas ventas a partir de que esa recaudación quede disponible para sostener las operaciones.
El objetivo es evitar que las ejecuciones por deudas anteriores absorban los fondos necesarios para afrontar combustible, mantenimiento, remuneraciones y servicios aeroportuarios.
Es decir, la reorganización del pasivo y la disponibilidad de caja forman parte del mismo esquema de regreso.
Esto se debe a que la apertura del concurso establece efectos sobre determinados procesos patrimoniales por deudas anteriores y permite que la empresa conserve la administración bajo vigilancia de la sindicatura.
El restablecimiento de los canales de venta también también exige coordinar ingresos, aeronaves, tripulaciones, mantenimiento, combustible y prestaciones aeroportuarias.
El tratamiento colectivo de esas obligaciones puede facilitar que los recursos de la actividad se apliquen a la continuidad de la operación.
De todos modos, por ahora el proyecto de regreso no incluye, en la información disponible, una fecha concreta de reinicio ni un detalle de aeronaves, rutas y frecuencias, definiciones que integran la instrumentación comercial y operativa de la recuperación.
El conflicto societario
La discusión judicial tiene además como antecedente una crisis financiera atravesada por diferencias entre los grupos vinculados con la aerolínea, tal como ya había informado iProfesional sobre la intimación de COC a Cartesian por embargos y crisis financiera de Flybondi.
Ese conflicto incorporó al escenario la discusión sobre el control societario, el financiamiento y la capacidad de adoptar decisiones para enfrentar los compromisos de la empresa.
Ahora, parte de esas cuestiones aparece entre los requerimientos formulados antes de resolver la apertura del concurso, como la identificación de aportes y préstamos que tiene relevancia para distinguir recursos incorporados al patrimonio de obligaciones que integran el pasivo.
La revisión de las participaciones, por su parte, permite reconstruir la estructura de la sociedad que solicita la reorganización.
La controversia actual pasa por establecer cuánto de esa reconstrucción resulta indispensable en la etapa inicial y qué investigaciones pueden continuar después, bajo los mecanismos de control del procedimiento.
Flybondi comenzó a operar en la Argentina en 2018 y fue una de las compañías que introdujeron el modelo de bajo costo en los vuelos regulares de cabotaje con una propuesta que se estructuró sobre tarifas básicas y servicios adicionales contratados por separado, con una primera etapa asociada al aeropuerto de El Palomar.
La marca ingresó en un mercado dominado por operadores tradicionales y buscó ampliar la demanda con precios de entrada más bajos utilizando una fuerte disponibilidad de aeronaves, numerosa programación y acorde administración de costos como los componentes centrales de ese modelo.
La sociedad que tramita el concurso es FB Líneas Aéreas S.A, aunque las referencias a otras firmas dentro de los requerimientos judiciales forman parte de la revisión de su estructura accionaria y sus vínculos societarios, sin que eso implique que todas ellas sean solicitantes del mismo procedimiento.
