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Empresa del agro entró en concurso: debe $25.000 M y tiene como acreedores a BASF y Atanor

La compañía Azul Jacarandá afronta una crisis financiera tras el rechazo de cientos de cheques y la suba de costos financieros en el sector

19/11/2026
Actualizado 15:15hs

Azul Jacarandá, una empresa agropecuaria especializada en la producción y multiplicación de semillas, entró en concurso preventivo con deudas por casi $25.000 millones, 348 cheques rechazados que permanecen impagos por más de $5.600 millones y una extensa lista de acreedores que incluye a BASF, Bayer, Atanor, FMC y las principales entidades financieras del país. La compañía, fundada en 2002 y con su principal planta industrial en Salto, provincia de Buenos Aires, atribuye su crisis a demoras en los cobros, incumplimientos de clientes y al fuerte encarecimiento del crédito durante 2025, cuando las tasas llegaron al 100% nominal anual.

La apertura del concurso fue dispuesta el 29 de octubre de 2026 por el Juzgado Nacional en lo Comercial N°30, a cargo del juez Sebastián I. Sánchez Cannavó.

De acuerdo con la documentación presentada ante la Justicia, Azul Jacarandá declaró un pasivo de $24.940,7 millones al 30 de septiembre de 2026, frente a activos valuados en $20.355,3 millones. La diferencia arroja un patrimonio neto negativo de $4.585,3 millones, mientras que las deudas comerciales y financieras concentran la mayor parte de las obligaciones.

La situación también se refleja en la cadena de pagos. Según los registros del Banco Central, Azul Jacarandá acumula 348 cheques rechazados que permanecen impagos, por un total de $5.609,2 millones.

El concurso de Azul Jacarandá es el segundo caso de una empresa del agro que toma estado público esta semana. Días atrás se conoció la situación de Agro de Souza, una compañía de Coronel Suárez dedicada a la comercialización de maquinaria agrícola, repuestos y otros negocios vinculados al campo, que también recurrió a la Justicia para reestructurar sus deudas. En su caso, la apertura del concurso había sido dispuesta en septiembre, pero el procedimiento volvió a cobrar relevancia esta semana a partir de su comunicación a la Comisión Nacional de Valores.

A diferencia de Agro de Souza, cuya actividad está vinculada principalmente con la comercialización de maquinaria y servicios para productores, Azul Jacarandá participa de otro segmento de la cadena agroindustrial: la multiplicación y el procesamiento de semillas para grandes compañías nacionales y multinacionales.

El encarecimiento del crédito aparece como uno de los factores que agravan las dificultades financieras de las empresas, especialmente en el agro, donde los ciclos productivos son largos y los plazos de cobranza no siempre coinciden con los vencimientos de las deudas. Las tasas elevadas y las restricciones al financiamiento pueden transformar problemas de liquidez en situaciones de insolvencia, como quedó evidenciado en este caso donde los costos financieros consumieron los márgenes operativos de la compañía.

Quién es la semillera que multiplicaba semillas para multinacionales y ahora cayó en concurso

Azul Jacarandá es una empresa familiar controlada por los hermanos Matías Saúl Cortada y Marisel Beatriz Cortada, cada uno con el 50% del capital accionario. Su actividad principal consiste en multiplicar semillas para compañías obtentoras nacionales e internacionales, que le entregan materiales genéticos para su reproducción a campo y posterior acondicionamiento.

La compañía produce principalmente semillas de maíz, soja, sorgo, trigo y girasol, además de desarrollar trabajos con cebada, arveja, canola y distintas especies forrajeras. Durante la campaña 2025/2026 sembró aproximadamente 3.500 hectáreas, principalmente en establecimientos propios y arrendados, buena parte de ellos bajo riego.

Su principal activo productivo es una planta industrial ubicada en Salto, provincia de Buenos Aires, sobre un predio de más de 12 hectáreas. Según la información institucional, el complejo dispone de 9.700 metros cuadrados cubiertos para almacenamiento, de los cuales 4.000 cuentan con sistemas de temperatura y humedad controladas. La capacidad nominal declarada alcanza las 950.000 bolsas de maíz.

Además de la multiplicación de semillas, la firma presta servicios de procesamiento, clasificación, tratamiento y almacenamiento, comercializa agroinsumos y desarrolla producción agrícola de granos. También cuenta con depósitos en Salto, Pehuajó y Los Quirquinchos, Santa Fe.

Entre sus clientes se destacan BASF, Bayer, Cargill, Corteva, KWS, Advanta, Limagrain y Stine, entre otras empresas de la industria semillera.

Los balances muestran que, antes de la crisis, Azul Jacarandá había logrado revertir sus resultados negativos. En el ejercicio cerrado en junio de 2023 registró una pérdida de $70,8 millones, mientras que en 2024 obtuvo una ganancia de $257,2 millones, con una facturación de $9.910,6 millones. En ese último ejercicio, los resultados financieros y por tenencia fueron negativos en $2.153,7 millones.

Para el ejercicio finalizado en junio de 2025, la empresa informó en su presentación concursal una facturación de $11.841,6 millones.

Por qué quebró: demoras en cobros, cheques impagos y tasas que llegaron al 100%

En el escrito presentado ante la Justicia, Azul Jacarandá reconoce que sus dificultades económicas no aparecieron de manera repentina.

"El deterioro patrimonial y financiero de AJSA no es súbito ni reciente, sino el desenlace de un proceso que se manifiesta, cuando menos, desde el cierre del ejercicio 2025 y que se agravó decisivamente durante el transcurso del año 2026", señala la compañía.

La empresa identifica tres factores principales que terminaron afectando su actividad: demoras en el cobro de trabajos de multiplicación de semillas, incumplimientos de clientes que le entregaron cheques de pago diferido y un fuerte aumento de los costos financieros.

Uno de los problemas comenzó durante la campaña 2024/2025, cuando una de las principales compañías obtentoras del mercado postergó pagos que debían concretarse entre marzo y abril de 2025. Según el expediente, el primer cobro parcial llegó recién en junio, mientras Azul Jacarandá debía continuar financiando los costos de producción y preparar la siguiente campaña.

La firma esperaba recibir $1.900 millones, pero después de compensaciones con facturas de insumos terminó percibiendo un saldo neto de $548 millones. Además, los anticipos correspondientes a la campaña siguiente, previstos para agosto, ingresaron en septiembre.

Para cubrir ese desfasaje, recurrió a descubiertos bancarios. Según la presentación, solo al Banco Galicia le pagó entre $30 millones y $50 millones mensuales en intereses durante cuatro meses.

"Cuando el cobro finalmente ingresó, la Sociedad había consumido en costos financieros una parte sustancial del margen de la campaña y había agotado su capacidad de endeudamiento de corto plazo", explica el escrito judicial.

En paralelo, comenzaron los problemas con los cheques recibidos de clientes por la comercialización de agroinsumos. Entre los incumplimientos denunciados aparecen:

  • Dr. Agro, por $250 millones
  • Bolívar Nutremas, por $160 millones
  • Boagro, por $75 millones
  • Chilling Group, por $56 millones
  • Budavi, por $28 millones
  • BLS S.A., por u$s80.000

Como los cheques habían sido descontados en entidades financieras, cada rechazo generaba un débito inmediato en sus cuentas bancarias.

"La sucesión de rechazos convirtió el desfasaje en un déficit estructural de caja", reconoce Azul Jacarandá en su presentación.

El tercer factor fue el encarecimiento del financiamiento. Según la compañía, las tasas de adelantos en cuenta corriente superaron el 80% nominal anual durante 2025 y llegaron al 100% en las semanas previas a las elecciones legislativas de octubre.

En el escrito judicial, Azul Jacarandá sostiene que la demora en el cobro de su producción, el incumplimiento de su cartera de cheques y el aumento de las tasas "transformó un problema de liquidez transitoria en un quebranto: el costo de sostener los desfasajes superó el margen de la actividad".

El 15 de septiembre de 2025 se produjo el primer rechazo de un cheque emitido por la propia compañía. Desde entonces, según su relato, comenzaron a reducirse las posibilidades de renovar líneas de crédito y obtener financiamiento.

La empresa identifica el 20 de enero de 2026 como la fecha en que se manifestó su estado de cesación de pagos, cuando no pudo cancelar ni refinanciar un cheque emitido a favor de Hernán Manrique S.A., compañía que posteriormente promovió un pedido de quiebra.

Deudas millonarias con BASF, Bayer, Atanor y los principales bancos del país

La nómina de acreedores presentada en el expediente permite dimensionar el alcance de la crisis. Las deudas comerciales ascienden a $12.359,4 millones y las financieras a $10.769,9 millones, mientras que la compañía también registra obligaciones fiscales, laborales y previsionales.

Entre los proveedores aparecen varias empresas de primera línea del negocio agroindustrial:

  • BASF Argentina figura con una acreencia declarada de $2.019,1 millones
  • Eduardo Beraza S.A. registra $1.440,8 millones
  • Atanor, $1.355,1 millones
  • Bayer, $1.193,3 millones
  • FMC Química, $813,8 millones
  • Agroterrum, con $751,6 millones
  • Stoller Argentina, con $633,9 millones
  • Speedagro, con $330,2 millones

Entre los acreedores también aparece Hernán Manrique S.A., con $156,1 millones, la firma que había solicitado previamente la quiebra de la compañía.

En el sistema financiero, el endeudamiento también es significativo: según la Central de Deudores del Banco Central, en septiembre de 2026 Azul Jacarandá registraba obligaciones con 15 bancos y sociedades de garantía recíproca por aproximadamente $10.056,2 millones.

El principal acreedor financiero informado es Banco Galicia, con $3.622,8 millones, seguido por Banco Macro, con $1.998,6 millones, y Banco Provincia, con $1.562,6 millones. También aparecen Supervielle, ICBC, Banco del Sol, Nación, BBVA, Santander y Comafi, entre otras entidades.

Parte de esas obligaciones presenta un deterioro en su clasificación crediticia. Banco Nación, BBVA, Santander, BICE y Aval Federal SGR informaron deudas en situación 4, mientras que Banco de Comercio registró un saldo en situación 5.

Además, la documentación judicial registra $1.186,8 millones en deudas fiscales y $624,5 millones en obligaciones laborales y sociales, dentro de las cuales se incluyen remuneraciones, aportes y contribuciones pendientes.

Con la apertura del concurso preventivo, Azul Jacarandá busca reorganizar sus compromisos financieros y comerciales para sostener la continuidad de sus operaciones. Los acreedores tendrán plazo hasta el 26 de febrero de 2027 para solicitar la verificación de sus créditos, mientras que la audiencia informativa fue fijada para el 9 de noviembre de 2027 y el período de exclusividad vencerá el 16 de noviembre de ese año.