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iProfesional | Negocios

Jorge Macri le saca a Moyano el millonario negocio de la basura reciclable

El gobierno porteño le cede a las cooperativas un servicio de casi $677.000 millones a 10 años que incluye la venta del cartón, el papel y el plástico

20/11/2026
Actualizado 15:43hs

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó los pliegos de la licitación que definirá el futuro del servicio de recolección de la basura, de limpieza de las calles y del del reciclaje cuando la concesión actual cumpla su plazo, el 30 de septiembre de 2028.

Las autoridades porteñas decidieron implementar una serie de cambios en los pliegos del nuevo proceso que, seguramente, abrirán un nuevo frente de conflicto con el Sindicato de Camioneros que dirige Pablo Moyano.

Por lo menos así surge de analizar el anexo del Decreto 304/26 con el pliego de higiene urbana, firmado el 19 de noviembre pasado por el jefe de Gabinete porteño, Gabriel Sánchez Zinny, y publicado este viernes 20 de noviembre en el Boletín Oficial.

La norma autorizó la licitación nacional e internacional 2051-1793-LPU26, con un presupuesto de $12,37 billones, equivalentes a unos u$s7.807 millones.

Al aprobar los nuevos pliegos del proceso licitatorio, el Poder Ejecutivo porteño a cargo de Jorge Macri les quitó a las empresas recolectoras una posibilidad que estaba incluida en el borrador para operar los centros de reciclado y vender los materiales que se recuperan con el servicio de recolección.

La primera versión, que la Ciudad llevó a audiencia pública mediante el Decreto 304/26, dividía el trabajo en dos.

Las cooperativas podían recoger los materiales que los vecinos separaban en sus casas, pero, una vez que los descargaban en los centros de reciclado, las empresas contratadas para recoger la basura y limpiar las calles se encargarían de clasificarlos, acondicionarlos y venderlos.

Esta posibilidad le quitaba a las cooperativas la participación en la comercialización y permitía que ese ingreso pasara a manos de las firmas que se hicieran cargo del sistema luego del 2028.

Sin embargo, durante las audiencias públicas para analizar los pliegos llevadas a cabo entre el 5 y el 8 de octubre, hubo muchas objeciones a esa decisión y hasta un pedido de informes de la Legislatura porteña.

A partir de esos reclamos, el pliego aprobado reunió el retiro puerta a puerta y el manejo de los centros en un mismo bloque reservado a las cooperativas.

Los ocho renglones de ese servicio tienen un presupuesto de casi $6770.000 millones, equivalentes a u$s427 millones para una concesión que durará 10 años, tiempo en el cual las adjudicatarias podrán sumar a lo que cobren por prestar el servicio los ingresos que obtengan al vender el cartón, el papel y el plástico recuperados.

El cambio se conoce en plena pelea de Macri con Pablo Moyano quien, con su gremio, representa a los choferes, recolectores y barrenderos de las empresas que hoy prestan el servicio en las calles porteñas.

La pelea actual se debe al reclamo de Camioneros por u$s200 millones en indemnizaciones a la Ciudad por el vencimiento de las concesiones, un planteo cuyo costo se estimó en torno a u$s200 millones.

El reclamo de Camioneros y los cambios en el pliego de reciclaje

Durante las jornadas de las audiencias públicas se hizo mención al contenido de los artículos 160 y 170 del anteproyecto técnico de licitación que ponían bajo responsabilidad de los operadores de limpieza todo lo que ocurre desde que un camión descarga los residuos secos en un centro de reciclado.

Es decir, desde el peso de la carga, la separación de los materiales y el acondicionamiento y acopio hasta su despacho.

Al asignarles también la comercialización, el borrador les permitía a esas empresas cuyos trabajadores están afiliados a Camioneros obtener ingresos por la venta de materiales que podían haber recogido las cooperativas.

Durante esas reuniones, Micaela Oliván, licenciada en Ciencias Ambientales e integrante de la Comisión de Residuos del Centro Interdisciplinario de Estudios en Políticas Ambientales de la Facultad de Agronomía de la UBA, objetó que las cooperativas perdieran el control del material al descargarlo.

La discusión llegó a la Legislatura, que el 5 de noviembre pasado le pidió al Ejecutivo que justificara la asignación de los centros a los prestadores de limpieza y explicara qué medidas contemplaba para sostener el trabajo de los recuperadores que ya están en actividad.

Tras esos reclamos, el gobierno porteño modificó el texto aprobado y ese reparto en tres puntos como en el Artículo 3, que reúne la recolección puerta a puerta, la operación de los centros y la promoción ambiental.

También, el artículo 22 que reserva esos renglones a cooperativas registradas cuyos recuperadores también estén inscriptos, y el artículo 14, que les da a las adjudicatarias el derecho a comercializar los residuos secos recogidos en el servicio público.

En los nuevos pliegos, la Ciudad conserva la propiedad de los residuos, exige que se acredite el destino de los materiales y establece que la cantidad recuperada, su composición y el precio al que se venda determinarán cuánto ingreso adicional obtiene cada cooperativa.

La exclusividad ahora otorgada se apoya en la Ley 1.854, conocida como Basura Cero, y en el marco que incorporó a los recuperadores urbanos a la recolección diferenciada con la Ley 992.

Pero para competir por el servicio, cada cooperativa deberá acreditar al menos un contrato comparable en la Argentina, con cinco años ininterrumpidos dentro de los últimos siete, y cumplir con la visita técnica obligatoria.

El pliego las exime de la garantía de mantenimiento de oferta en los renglones de reciclaje, mientras que las adjudicatarias deberán constituir una garantía de cumplimiento equivalente al 10% del monto que se les adjudique, con actualización anual.

Presupuesto y nuevas zonas de recolección de basura en CABA

En el caso del monto otorgado a este renglón, que llega a los $676.908 millones, representa cerca del 15,5% del contrato total, ya que la recolección, el barrido y la limpieza concentran casi el 84% del presupuesto, con siete renglones que suman alrededor de u$s6.843 millones.

El pliego también separa la provisión y el mantenimiento de contenedores, el sistema que monitoreará las prestaciones y el desarrollo de un proyecto de tratamiento y valorización de residuos.

El nuevo pliego de concesión busca modernizar un sistema de recolección de residuos que comenzó a funcionar en octubre de 2014 y que divide la Ciudad en siete zonas, seis atendidas por empresas y uniones transitorias y una por el Ente de Higiene Urbana.

Ahora, se pasa a ocho zonas, se mantiene al Ente en las tareas de su competencia en la Comuna 8 y se ponen en juego siete áreas de recolección, barrido y limpieza, en tanto que el reciclaje tendrá ocho, uno por cada zona, incluida la Comuna 8.

La Zona 1 reunirá a las comunas 1 y 2, que hoy tienen prestadoras distintas, con AESA que atiende la Comuna 1 y Cliba que se ocupa de la Comuna 2, donde está Recoleta.

La Zona 2 agrupará a las comunas 3, 5 y 6 que, en orden, están a cargo de Urbasur y las otras dos son atendidas por la UTE Ashira–Martín & Martín.

La Zona 3 abarcará únicamente la Comuna 4, que hoy Urbasur atiende junto con la Comuna 3, mientras que la Zona 4 reunirá a las comunas 7 y 9, actualmente a cargo de Ashira–Martín & Martín y Níttida, respectivamente.

Por su parte, la Zona 5 seguirá integrada por la Comuna 8, donde el Ente de Higiene Urbana presta el servicio directo y el reciclaje tendrá su propio contrato.

En cuanto a la Zona 6, reunirá a las comunas 10 y 11 que hoy son operadas por Níttida y Solbayres, respectivamente.

Las otras dos comunas que atiende Solbayres, la 12 y la 15, conformarán la Zona 7 y, por último, la Zona 8 agrupará a las comunas 13 y 14, donde están Belgrano y Palermo, que hoy Cliba atiende junto con Recoleta.

Las seis prestadoras actuales podrán volver a competir por los contratos de recolección, barrido y limpieza si cumplen las condiciones del pliego, en tanto que la Ciudad evaluará y adjudicará cada renglón por separado y reservará los contratos de reciclaje a las cooperativas.

Los requisitos para competir

El pliego de bases y condiciones que se acaba de aprobar no sólo le permite a las operadoras actuales volver a presentarse, sino que también les da la chance de que participen de manera individual o mediante uniones transitorias de hasta tres integrantes.

Para la recolección, el barrido y la limpieza se exige experiencia comparable en la Argentina, con al menos un contrato de cinco años ininterrumpidos dentro de los últimos siete.

Además, cada renglón se cotizará y adjudicará por separado y en el caso del monitoreo, el pliego impide que compitan los oferentes de otros servicios y las empresas vinculadas a ellos en los términos de la licitación.

Además, el nuevo esquema le permite al gobierno porteño cambiar las empresas que atienden cada barrio en la actualidad.

Esta decisión abrió otro reclamo de Camioneros por los trabajadores que ya levantan la basura y barren las calles, tal como informó iProfesional, sobre lo que establece el contrato vigente para que, al finalizar la concesión, la prestataria calcule las indemnizaciones y que la Ciudad, después de auditar los montos, le transfiera los fondos para hacer los pagos.

El gremio de Pablo Moyano reclama que se mantenga ese mecanismo incluso cuando el trabajador siga en el mismo servicio con la empresa entrante.

La práctica se conoce en el sector como «Ley Moyano» y consiste en liquidar la indemnización al terminar el vínculo con una concesionaria y reincorporar al trabajador al servicio.

Ya tiene antecedentes en la Ciudad si se recuerda que en 2012, la Legislatura autorizó un bono de $220 millones de aquel año para afrontar indemnizaciones vinculadas al recambio de prestadoras.

Durante la audiencia pública de octubre, el gobierno porteño planteó que el solo cambio de concesionaria no debía generar ese desembolso bajo el próximo esquema, mientras que Moyano llevó el planteo a las asambleas de la rama de recolección y barrido, anunció un plan de lucha y advirtió que las medidas podían extenderse a otras actividades del gremio.

Las empresas también discutieron el costo de la transición al punto que Gustavo Delgado, representante de la Cámara Argentina de Empresas de Saneamiento Ambiental (CADESA), señaló en la audiencia que el borrador carecía de una obligación expresa de incorporar al personal operativo de las prestadoras actuales.

También advirtió que, si la Ciudad dejaba de cubrir eventuales indemnizaciones al cierre de los próximos contratos, las firmas tendrían que contemplar ese riesgo al calcular sus ofertas.

Por ahora, el gobierno porteño ratificó que pagará las indemnizaciones previstas en los contratos actuales cuando venzan el 30 de septiembre de 2028 y dejó fuera del nuevo pliego el mecanismo por el cual la Ciudad financia ese pago.

Plazos y condiciones de la nueva licitación de basura

La resolución publicada este 20 de noviembre formalizó la autorización de la licitación y la aprobación de los pliegos, pero no dejó establecido ni el día ni hora para la apertura de ofertas, fecha sigue pendiente de confirmación en Buenos Aires Compras.

Del cronograma que publique el portal oficial dependerá el plazo para formular consultas, que vence siete días hábiles antes de la apertura, en tanto que las visitas técnicas obligatorias se anunciarán mediante una circular.

Los oferentes deberán cargar en una misma presentación la documentación legal, administrativa y técnica, por un lado, y el precio, por el otro.

La Ciudad abrirá primero el sobre que acredita las condiciones para competir y, una vez resuelta la preselección, abrirá las propuestas económicas de quienes superen esa instancia.

Las ofertas deberán mantenerse durante 60 días hábiles desde la apertura, con la renovación automática prevista en el pliego si el oferente no comunica en plazo su decisión de retirarlas.

Los contratos actuales vencen el 30 de septiembre de 2028 y la resolución prevé imputar el gasto a partir del ejercicio de ese mismo año.

Se aclara tambien que el plazo de 10 años de los servicios de recolección, limpieza, reciclaje, contenedores y monitoreo correrá desde la fecha que establezca el acta de inicio de cada prestación.

Para el proyecto de tratamiento y valorización, los ocho meses comenzarán a contarse desde el perfeccionamiento de la orden de compra.