Conflicto por la basura: Camioneros reclama a Ciudad u$s200 millones para indemnizaciones
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/author/6a9ac4e7d5d5c.jpg)
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2026/02/612140.jpg)
La recolección de basura en la Ciudad de Buenos Aires enfrenta un conflicto: Camioneros reclama que los nuevos contratos incluyan u$s200 millones en indemnizaciones para los trabajadores del sector, y el Gobierno porteño no parece dispuesto a ceder.
El sindicato resolvió movilizarse a la Legislatura para presionar por la inclusión de ese pago en los pliegos que regirán el servicio entre 2028 y 2038. Pablo Moyano, secretario adjunto de Camioneros, y Marcelo Aparicio, secretario gremial, encabezaron una asamblea masiva en el predio de Lafayette 1751, Barracas, donde fijaron la estrategia.
El detonante del conflicto fue claro. Trascendió que la gestión de Jorge Macri no incorporará las indemnizaciones en los próximos contratos de higiene urbana. Esa decisión choca con una práctica que el gremio defiende desde hace décadas y que Pablo Moyano calificó como conquista de "luchar en la calle".
Ante miles de trabajadores, Moyano trazó un objetivo ambicioso: superar los 20.000 manifestantes en la primera audiencia pública. Y advirtió que el gremio no dará marcha atrás, pese a tener "la justicia, los medios y los empresarios en contra".
El sindicato anunció también asambleas en todas las empresas de recolección que operan en la Ciudad. La intención es "comprometer" a legisladores y al Ejecutivo porteño. Según Moyano, más de 7.000 empleados esperan cobrar esas indemnizaciones, muchos de ellos trabajaron durante toda la pandemia.
El riesgo de un paro que frene la recolección
Por ahora, Camioneros no anunció un paro ni medidas de fuerza concretas. Lo que existe es un estado de alerta, asambleas en todas las empresas del rubro y la convocatoria a la movilización legislativa.
Pero el tono de la conducción y el historial del gremio mantienen vivo el escenario de conflicto. En 2024, Pablo Moyano ya había advertido que la Ciudad se llenaría de basura si no se indemnizaba al personal. Esta vez habló de una "lucha durísima" y de reunir a más de 20.000 trabajadores en las calles.
La capacidad de presión del sindicato sobre un servicio esencial es, además, la herramienta con la que históricamente logró sostener la llamada "Ley Moyano". Si los pliegos finales no incorporan las indemnizaciones y la base exige garantías de cobro, no se descarta que el conflicto escale a medidas que afecten directamente la recolección.
Por qué el conflicto estalla ahora
El timing no es casual. El Gobierno porteño convocó mediante el Decreto 304/26, publicado en el Boletín Oficial el 1 de septiembre, a una audiencia pública para discutir los proyectos de pliegos.
Esta audiencia se realizó este lunes al mediodía. Durante la misma, se confirmó que el Gobierno porteño no iba a contemplar pagar indemnizaciones a los recolectores y barrenderos cuando venza el contrato, que es lo que pide el sindicato de Camioneros.
En los pliegos tampoco se prevé que las firmas vuelvan a recontratar al personal cuando venza el contrato, otro punto de discrepancia.
El anteproyecto reorganiza el servicio en ocho zonas, en lugar de las siete actuales. Hoy seis están en manos de empresas privadas. La Zona 5, que abarca Villa Lugano, Villa Soldati y Villa Riachuelo, está bajo administración directa del Ente de Higiene Urbana.
El pliego vigente contempla un ítem específico de "Indemnizaciones Finales" dentro del Régimen de Personal Operativo. Establece que, al terminar el contrato, la empresa adjudicataria calcula las indemnizaciones del personal y, una vez auditadas, la Ciudad le abona esos montos para que ella indemnice a los trabajadores.
Qué es la "Ley Moyano" y por qué genera tanto rechazo
Es una práctica sin basamento legal que Hugo Moyano consolidó desde fines de los años 90.
El mecanismo funciona así: cada vez que una empresa gana una concesión o cambia de accionistas, despide al personal, lo indemniza y lo recontrata. De ese modo, el trabajador cobra la indemnización y, además, sostiene su empleo.
Su debut fue en 1998, con el fin del contrato de Manliba. Pero ganó fuerza durante la gestión de Mauricio Macri en la Ciudad.
En 2012, la Legislatura aprobó un bono de $220 millones para indemnizar a recolectores ante un cambio de concesionaria. Luego se aplicó en licitaciones de residuos de Avellaneda y Moreno, en una distribuidora de Cervecería Quilmes y en las filiales locales de DHL y FedEx.
La semana pasada, el gremio acordó el traspaso de 50 empleados de DHL a Loginter con indemnizaciones incluidas. La práctica sigue vigente y es el corazón del conflicto actual con el Gobierno porteño.
