Aerolí­neas: para Tasación, la información que brindó Marsans es "imprecisa"

"Marsans habló de 85 aviones, pero la realidad es que hay 34 operativos y 55 no operativos", afirmó Martí­n ante la Comisión Bicameral de Reforma del Estado del Congreso Nacional para explicar la metodologí­a de trabajo del Tribunal, encargado de definir el patrimonio de Aerolí­neas y Austral. En ese marco, dijo que ya pidió colaboración a la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y a la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad (DNA) para definir los activos "reales" de AA. El Tribunal detectó, según datos de la DNA, que Aerolí­neas posee una flota de 89 aviones, y que de los cuatro faltantes (Marsans mencionó 85), "dos operan para la chilena Aerolí­neas del Sur; un tercero (Airbus 320) tiene matrí­cula estadounidense y fue incautado por transportar droga en México; y el cuarto avión estarí­a en un proceso de venta". Martí­n dio ejemplos de falta de colaboración de Marsans a la hora de proveer información, y contó que, por eso, el Tribunal le pidió a la compañí­a "todas las claves de acceso" a los sistemas informáticos. Además, el organismo encargado de tasar el patrimonio de Aerolí­neas adelantó que hará inspecciones a los galpones de la compañí­a aérea donde se almacenan aviones en desuso. "Los activos están sobrevaluados y hay aviones que tienen un precio por encima del valor del mercado", declaró Martí­n en otro tramo de su exposición, y aseguró que, por eso, el Tribunal está preparando un informe "año por año" sobre los activos. Advirtió que "una empresa con patrimonio negativo no puede ser valuada por método de flujo de fondos", por lo que el Tribunal analiza diferentes criterios a implementar para poder determinar el patrimonio total de la empresa. Por esta razón, convocó a la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA para que asesore al Tribunal para definir el método a emplear. De todos modos, afirmó que el trabajo del Tribunal estará basado en el "valor mercado, y no en el valor libro". En otro orden, dijo que ya fueron tasados todos los bienes inmuebles de AA, y detalló que hay "23 en Argentina; 10 en el exterior; 53 alquileres en el paí­s, y más de 20 fronteras afuera". "No podemos adelantar resultados de valores hasta que dictaminemos, porque nos rigen normas de confidencialidad", se excusó Martí­n ante los senadores y diputados miembros de la comisión. Tras la sanción ayer en el Senado de la ley que reestatiza Aerolí­neas Argentina y Austral, el diputado nacional e integrante de la Bicameral, Ariel Basteiro, explicó que los legisladores ahora deberán esperar el plazo previsto de 60 dí­as hábiles -contados desde el 17 julio- para que el Tribunal de Tasación determine el valor de las empresas; mientras que el Grupo español Marsans recurrirí­a ante un consultor internacional. En diálogo con Télam, el diputado socialista del bloque Encuentro Popular y Social dejó en claro que "el precio final para la compra de las acciones lo fija el Congreso", en alusión a lo estipulado por la ley que se sancionó. "Creo que podemos llegar a pagar un precio justo para comprar la empresa. Para mostrar que somos generosos, tal vez ofrezcamos el doble de lo que en su momento pagó Marsans, incluso podrí­a ser hasta 5 euros", dijo Basteiro con sentido irónico, ya que cuando Marsans compró las acciones a la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI) en octubre de 2001, lo hizo simbólicamente por 1 euro, tomando la deuda. En la nueva ley que deberá sancionar el Congreso, "se tiene que poner en claro el valor de la deuda, limpia de polvo y paja", agregó. Consultado sobre la posibilidad de una expropiación de la empresa, Basteiro sostuvo que "quizás termine siendo una expropiación si las partes no se ponen de acuerdo"; pero aclaró que eso se harí­a "una vez que se agoten todos los mecanismos administrativos existentes". En ese marco, desconfió que el Grupo Marsans decida acudir ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), como advirtieron sus representantes, porque para hacerlo "uno tiene que ser prolijo". En la próxima ley se determinará no sólo el precio, sino también la condición de la empresa y cómo será su operación comercial, y para ello "no habrá necesidad de un nuevo proyecto del Poder Ejecutivo -afirmó Basteiro-, ya que la propia ley plantea el esquema a seguir".