El gobierno brasileño decidió legalizar la privatización de la selva del Amazonas.

La nueva medida fue promulgada en la noche de este jueves, luego de llegar al Parlamento desde el Ejecutivo y ser aprobada con algunas modificaciones. Según señala, tierras ocupadas por empresas e individuos particulares ahora pasarán legalmente a sus manos para actividades agropecuarias, como el cultivo de soja.

Se trata de una extensión de 67,4 millones de hectáreas (lo que equivale a las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe y Entre Rí­os juntas). Cada propietario podrá disponer de hasta 1.500 hectáreas en apenas tres años.

Miembros del bloque del agro en el Senado –quienes apoyaron desde el comienzo el proyecto- explicaron que "esto les da seguridad jurí­dica y permite que la explotación se realice sin tener que pagar multas o ser desplazados de esas tierras".

De acuerdo a lo planteado por Lula da Silva, la idea es poder controlar el desmonte, ya que el código forestal brasileño establece que sólo puede derribarse el 20% de la selva para fines productivos. Sin embargo, organizaciones ambientalistas denunciaron que los productores ahora irí­an por cambios en esta legislación.

Sólo 100.000 km2 del Amazonas están preservados por ser reservas indí­genas. En tanto, otro 200.000 están destinados a la explotación sustentable. El resto, cerca de 1,9 millones de km2, pertenece al Estado.

Lula da Silva ya habí­a dado muestras de su apoyo a los agricultores de su paí­s. En declaraciones a la prensa se habí­a mostrado "orgulloso" de que los estancieros de Rio Grande Do Sul "hoy tengan 2.000 hectáreas (en la selva amazónica), posean casa y auto".

"Están bien con la vida porque produjeron, trabajaron", agregó, según publicó hoy el diario Clarí­n en su edición de hoy.