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Se adelanta el fin de año: 50 gremios van al paro este viernes por Ganancias y desafí­an al Gobierno

Se adelanta el fin de año: 50 gremios van al paro este viernes por Ganancias y desafí­an al Gobierno
En contra de la postura gubernamental, los sindicatos patagónicos realizaran una huelga con cortes de ruta para pedir la eliminación de Ganancias
Por Juan Manuel Barca
12.11.2014 10.15hs Economía

Justo cuando el Gobierno intentaba impedir una nueva protesta de los bancarios y negociaba una salida al conflicto con los petroleros del sur, medio centenar de gremios patagónicos se sumaron a la ola de calor sindical que este año llegó antes del verano y amenazan con abrir una profunda grieta en el muro de contención dispuesto por las autoridades para evitar que se generalicen los reclamos de fin de año, que incluyen un alivio en el Impuesto a las Ganancias, bonos y reapertura de paritarias.

En medio del clima de malestar que se vive en la zona austral, dónde el costo de vida duplica al de Buenos Aires, los gremios nucleados en las CGT de Chubut, Santa Cruz y Río Negro resolvieron lanzar una medida de fuerza contundente para este viernes en la región, con el objetivo de reclamar la eliminación del Impuesto a las Ganancias, al que lo califican de "extorsivo" y lo rechazan por "lesionar gravamente el poder adquisitivo" del salario.

"El viernes habrá paro general en la Patagonia con cortes de ruta en Puerto Madryn y Comodoro Rivadavia, hasta tanto el Gobierno se decida a hablar con la CGT por Ganancias", adelantó a iProfesional el secretario administrativo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Puerto Madryn, Eduardo Rojas.

La huelga es impulsada por varios sindicatos que hoy integran a nivel nacional la CGT oficialista liderada por Antonio Caló, y cuenta con el guiño del metalúrgico, tal como lo dejó entrever cuando visitó semanas atrás la región. "Acá tienen que estar unidos", les dijo.

El desafío a los planes oficiales refleja una profundización de la conflictividad en el sur del país, dónde los petroleros negocian una compensación por el impacto del gravamen sobre los sueldos, luego de que los camioneros de la industria petrolera acordaran quedar excentos de pagar las primeras 90 horas extra del mes.

Pero además coincide con la protesta que realizarán el mismo día por su cuenta los trabajadores de YPF y empleados de las estaciones de servicio (OPESSA) nucleados en la Federación de Sindicatos Unidos e Hidrocarburíferos (SUPEH), según lo anunciaron en un comunicado esta semana.

En un acto reflejo de la negociación de los petroleros, la organización encabezada por Antonio Cassia reclama la aplicación del convenio colectivo a todo el personal comprendido por ambas firmas, una compensación por el impuesto a las Ganancias, un plus por el desfasaje de los salarios por la inflación y sumas a cuenta para enero y febrero 2015.

Así, la negativa firme del Gobierno a modificar el gravamen y otorgar cualquier concesión que implique un reconocimiento de la pérdida del poder adquisitivo del salario terminó por convertirse en un colador por el que los diferentes sectores empezaron a introducir sus reclamos, tal como lo atestiguan las siete provincias que ya empezaron a pagar bonos de fin de año a empleados del estado, docentes, personal de salud, judiciales e incluso policías.

En respuesta al desbande producido entre los gobernadores que empezaron a ceder ante los reclamos que se extendieron a la mitad del país, el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, intentó poner un freno este martes y les advirtió que Nación no asistirá financieramente a los distritos que otorguen bonos de fin de año.

"Cada gobernador de la provincia tiene la autonomía fiscal y financiera para la toma de decisiones, pero obviamente deberá contar con los recursos propios", sostuvo.

El mensaje pareció estar dirigido al gobernador bonaerense Daniel Scioli, que este martes enfrentó la primera jornada de un paro de 48 horas en escuelas públicas y privadas de la provincia llevado adelante por los maestros del Frente Gremial, para pedir un aumento salarial antes de fin de año, en una medida que calificaron de "contundente" y que acompañaron con una marcha a la Casa de la Provincia, en la Ciudad de Buenos Aires.

Pero el Gobierno también sigue con detenimiento las negociaciones del sector privado, dónde las autoridades reiteraron este martes que "no convalidamos la reapertura de paritarias, ni ningún tipo de negociación que contemple modificación en el Impuesto de Ganancias".

Ante la escalada de conflictos, el Ejecutivo puso en marcha una estrategia que busca "tercerizar" la solución, de modo que las empresas se hagan cargo del costo económico de negociar sumas compensatorias para los trabajadores.

Los petroleros piden un bono de $50.000 y los bancarios un plus de 10.000 pesos.

"Si trabajadores y empresarios se ponen de acuerdo en mecanismos que son característicos de estas negociaciones, no es incumbencia regulatoria del Ministerio de Trabajo", dijo Capitanich, en una confirmación de la vía de escape adoptada por la Casa Rosada.

Sin embargo, tanto en el caso de Aerolíneas Argentinas, como en el sector petrolero y bancario, lo cierto es que el Gobierno interviene activamente por su rol de empresario en la línea de bandera, la petrolera YPF y los bancos públicos (BCRA, Nación y Provincia), respectivamente.

De esta manera, el Estado avalaría bonos para algunos sectores, mientras los niega en otros. A esa conclusión llegó el titular de la CGT opositora Hugo Moyano, quien convocó para esta semana a una reunión de la cúpula de la central para analizar los pedidos de bonos.

"YPF, es decir, una empresa del Estado va a pagarle una bonificación a sus trabajadores mientras el discurso del Gobierno es que no hay razones objetivas para darle un bono al resto de los trabajadores", se mostró irritado el camionero.

Puja gremial

Lejos de despejar el panorama laboral para fin de año, la férrea defensa de un rubro que se ha tornado progresivamente importante en la recaudación fiscal desató una puja entre los gremios para que sus sueldos no queden rezagados y llevó ahora a algunos de los principales sindicatos "amigos" del Ejecutivo a cuestionar la política salarial e impositiva del oficialismo.

Luego de declararse en estado de alerta y movilización, la CGT de Santa Cruz, Río Negro y Chubut realizaron plenarios en las últimas dos semanas y este martes por la tarde obtuvieron el mandato que faltaba para tener el respaldo de las tres provincias, al cabo de una reunión en Trelew, dónde definieron los últimos detalles del paro.

"Caló está al tanto de todo. Apoyamos el modelo económico, pero no de esta forma. La Presidenta es del sur pero se olvidó de nosotros", señaló a este medio un sindicalista que asistió a las reuniones para coordinar la protesta.

Además de los metalúrgicos, participarán de la medida los choferes de colectivos (UTA), portuarios (SUPA), empleados de comercio, trabajadores de la alimentación, Luz y Fuerza, y los maestros. En cambio, los petroleros y los camioneros, encolumnados detrás de la CGT de Hugo Moyano, no se sumarán a la protesta.

No es casual que el sur se haya convertido en un foco de conflicto. En la actualidad, la mayoría de los trabajadores patagónicos son alcanzados por Ganancias, ya que según los datos del INDEC el sueldo inicial promedio supera el mínimo no imponible de $15.000 fijado el año pasado.

Por caso, los docentes, aunque parten de un básico más bajo que el de otras actividades, caen igual bajo la sombra del gravamen cuando cumplen dos turnos y poseen más de 5 años de antigüedad -lo que ocurre en la mayoría de los casos-, mientras que el costo de vida estimado por los sindicatos alcanza los $24.000.

Pero la batalla contra el tributo tiene además un impacto político sindical: por el deterioro de sus ingresos, unos 5.000 trabajadores de la industria metalúrgica en Comodoro Rivadavia se han pasado a los convenios de los petroleros que en los últimos años obtuvieron importantes bonos de fin de año, el reconocimiento de zona desfavorable y la excepción de Ganancias para ciertos ítems desde el 2006.

Ganancias y sumas fijas

En una señal del reacomodamiento que está viviendo el mundo gremial, el titular de la CGT oficialista presentó en octubre pasado el proyecto legislativo elaborado por los metalúrgicos para elevar mínimo no imponible a $35.000, por encima del piso propuesto en las 60 propuestas presentados hasta ahora en el Congreso.

La iniciativa contó con el asesoramiento del director de la consultora privada Abeceb, Dante Sica, y fue impulsada justamente por las seccionales patagónicas, que sufren con mayor rigor el impacto del tributo, como ocurre en las fábricas de Aluar y LufKin, dónde los descuentos llegan hasta los $3.500 por mes, según pudo saber iProfesional.

Entre los principales puntos, la UOM propone la actualización automática del impuesto regulado por el índice de precios al consumidor nacional y reformar las escalas para que el gravamen sea progresivo, con un inicio de escala de $38.516.

"Le dan subsidios por $200.000 millones a las empresas por año y no quieren que dejemos de pagar Ganancias que son unos $17.000 millones anuales para el Estado", dijeron desde el gremio de Caló.

El enfásis puesto en un cambio integral en Ganancias apunta a evitar lo que les sucedió a los petroleros que, tras acordar en los últimos años sumas no remunerativas y exceptuar ítems del gravamen, sufrieron una reducción drástica en sus jubilaciones porque al cobrar montos en negro no recibieron los aportes correspondientes.

"Como no aportaban al Estado, aunque ganan más que los metalúrgicos, los petroleros se jubilan sólo con $5.000. Ahora quieren arreglar eso, pero (Carlos) Tomada les dice que eso fue lo que acordaron en 2006", explicaron desde la CGT de Chubut.

Pese a que la Justicia laboral ratificó en numerosos fallos la inconstitucionalidad de las sumas abonadas "como no remunerativas" dentro de los convenios colectivos de trabajo, el Ministerio de Trabajo avaló durante el 2014 aquellos acuerdos que incluyeron suplementos, premios o gratificaciones salariales por única vez.

Sin embargo, los especialistas en derecho laboral consideran que los montos no remunerativos son una "bomba de tiempo" que sólo evitan los reclamos en el corto plazo, pero luego estallan con más fuerza, como ocurre ahora en el sur del país.

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