Cuando parecía que la teoría de la conspiración internacional contra la Argentina ya había agotado todos sus argumentos posibles, apareció una nueva vuelta de tuerca al relato.

Ahora, el Gobierno denuncia una operación más por parte de de los "fondos buitre" para justificar un nuevo cierre de una fábrica en una industria afectada por la brusca caída de la actividad.

Se trata de la autopartista Delphi, que tiene una planta en Santa Lucía, provincia de San Juan, que elaboraba mazos de cable.

Su principal cliente es Peugeot, que el año pasado -en el marco de la recesión que golpeó al sector- se deshizo de 1.000 trabajadores en su fábrica de Palomar. Además, sufrió una contracción en ventas cercana al 30%.

Arrastrada por ese desplome y sumida desde hace más de un año en una crisis por caída en la demanda, Delphi comenzó a suspender personal y anunció un eventual cierre.

Parecía que se iba a poder evitar ese final drástico, a raíz de una operación de compra de la compañía por parte de un empresario local, que estaba siendo "sponsoreada" activamente por el propio Ejecutivo.

Pero las negociaciones no llegaron a buen puerto y Delphi anunció su cierre, con el cual quedarán unos 470 trabajadores en la calle.

La reacción del Gobierno no fue otra que una denuncia -por la vía de la AFIP- en la cual niega cualquier posible justificación de este cierre por una crisis de actividad.

Más aun, se la atribuye a una conspiración internacional que involucra a los "buitres".

El caso remite al de la imprenta Donneley, que en agosto del año pasado cerró sus puertas y fue acusada por Cristina Kirchner de haber inducido una quiebra fraudulenta con el único propósito de generar un clima de zozobra social en la Argentina.

En aquel momento, la Presidenta había dicho que la situación calificaba como para que se aplicara la nueva legislación sobre "terrorismo económico", si bien luego retrocedió y finalmente todo quedó en una denuncia del fisco y en una carta remitida a la SEC (Securities Exchange Comision) de Nueva York en la cual se criticaba duramente el accionar de los accionistas.

En la actualidad, Donneley está en una "zona gris" desde el punto de vista jurídico. Trata de continuar su operatoria bajo control de un grupo de empleados y el Gobierno parece haber desistido de una estatización directa.

Lo cierto es que la firma estadounidense había sido víctima de la caída en la actividad económica en el país, agravada por la situación específica de un sector que enfrenta un profundo cambio en su modelo de negocios, producto de la retracción en la comercialización de publicaciones gráficas.

Más allá del ruido político, había quedado en claro que Paul Singer, del fondo Elliot, solamente había sido propietario de una pequeña porción accionaria. No obstante, ello bastó para que Cristina percibiera una conspiración de alcance internacional."Todo cierra" en la tesis conspirativa

Ahora, el argumento se repite. El texto de la denuncia de la AFIP considera que hay una motivación de tipo política en el cierre de Delphi.

Además, que la misma queda en evidencia porque hace apenas unos días Daniel Pollack (el mediador designado por el juez Thomas Griesa) acusó a la Argentina de no querer retomar la negociación con los fondos buitre.

Un argumento extraño, por cierto, dado que los problemas de Delphi, lejos de haber explotado ahora vienen de larga data, como bien lo sabe la ministra de Industria, Débora Giorgi.

De hecho, fue la propia funcionaria la que desde hace tiempo venía comandando las acciones para tratar de que la empresa pudiera continuar su actividad bajo el mando de otros propietarios.

El otro gran argumento difundido por la AFIP para vincular a la empresa autopartista con los fondos buitre es que la firma holding de la multinacional Delphi tiene, a su vez, seis fondos de inversión.

Estos fondos poseen:

- Un 20% de las acciones de Delphi Automotive, la empresa que controla a la fábrica radicada en San Juan.

- Al mismo tiempo, tienen un 22% de las acciones de Donneley Internacional.

Desde el punto de vista económico, la argumentación de la AFIP es que hay irregularidades en el funcionamiento de Delphi porque durante los últimos tres años acrecentó su deuda financiera pese a haber hecho uso del régimen de promoción industrial, que le significó un beneficio de $17 millones.

"La empresa del fondo buitre compró en 2012 una firma promocionada con el sólo objetivo de destruirla y eliminarla del grupo de compañías de industria nacional autopartistas", afirma el texto de la AFIP.

Esto, con el objeto de "vender luego los productos a la Argentina desde su controlante brasileña, obligando al país a importar los productos que aquí se fabricaban y daban trabajo a los sanjuaninos", añade la entidad que comanda Ricardo Echegaray.La gestión para la venta chocó con la realidad

Hasta hace pocas semanas, la sensación que existía en el ámbito empresarial era que el Gobierno había adoptado un cambio en su estrategia y que, en lugar de confrontar y acusar a las empresas en problemas, intentaría darles continuidad bajo la órbita de "manos amigas".

Fue así que se llegó a hablar de Héctor Méndez, titular de la Unión Industrial, como eventual comprador de Delphi.

Luego, con la intención de evitar el cierre de la planta, la ministra Giorgi se apresuró a lograr un acuerdo en Brasil con los directivos de la multinacional.

La intención era la de traspasar la operación al empresario local, Enrique Ruffo, por un valor que oscilaba entre los 15 y 20 millones de dólares.

Ruffo es el dueño de Cibasa, una compañía que fabrica conectores. Además, es el coordinador de industria de la central empresaria CGE, tiene buen trato con el Gobierno y formó parte de la comitiva que acompañó a la Presidenta en su reciente viaje comercial a China. La intención era la de buscar socios (y capitales) dispuestos a comprar Delphi.

Entre los factores que conspiraron contra la negociación, figura que la autopartista habría puesto como condición que Ruffo no le cotice a General Motors ni Renault, una exigencia que el empresario argentino consideró "leonina".

Otro de los obstáculos para los eventuales interesados era que, aún teniendo ayuda del Gobierno, las terminales, como Peugeot (PSA), han reducido su demanda al máximo y en algunos casos buscan comprar esas mismas piezas en el exterior.

El año pasado la subsidiaria argentina de Delphi trasladó proyectos a Brasil para Chevrolet y Mercedes Benz y, en los últimos meses, envió las preseries del cableado para PSA desde su sucursal vecina, en lugar de elaborar estos insumos desde la planta sanjuanina, más cercana a la terminal.

Algo similar sucedió con la autopartista norteamericana Lear el año pasado cuando -para abastecer a Ford- optó por traer su producción del exterior y deshacerse de 400 empleados.

Estos movimientos conspiran contra los planes oficiales de reducir las compras externas de aquellos productos que pueden fabricarse localmente, promover el empleo y reducir los dólares que el Banco Central debe destinar a pagar importaciones.

Paradójicamente, las trabas del Gobierno vinculadas con el cerrojo importador  fue otro de los factores que fogonearon la crisis de Delphi.

"La empresa está vaciada de componentes que vienen de Europa y los embarques pueden tardar hasta tres meses en salir de Aduana", reconocieron empleados de la planta.

Los sospechosos de siempre

El "caso Delphi" no es nuevo, más allá de que ahora se lo ligue a teorías conspirativas.

Ya en noviembre del 2013, cuando la autopartista desembarcó en San Juan, Giorgi recordó que trabajó durante un año con el gobernador José Luis Gioja y la multinacional para "salvar a la empresa" de los problemas derivados de las menores ventas y de las restricciones al ingreso de insumos importados.

Según explicó la funcionaria, el pedido de la Presidenta era "preservar por todos los medios los casi 500 puestos de trabajo que estaban en riesgo" debido a los problemas financieros que enfrentó a partir de 2009 la antigua propietaria TCA, del empresario Enrique Pescarmona, quien se hizo cargo en 1987 cuando se la adquirió a Renault.

La apuesta era que Delphi se sumara a la producción de insumos para las automotrices con el fin de lograr la "integración" de piezas locales en los autos ensamblados en la Argentina.

Pero en menos de dos años la firma se vio obligada a reducir su plantilla, aplicar suspensiones, disminuir sus compras, deslocalizar proyectos y por último paralizar su producción, ante la caída en la demanda por parte de Peugeot y las dificultades para importar insumos clave.

Semanas atrás, Giorgi se encargó de inaugurar una nueva planta autopartista en Zárate, donde destacó que la producción nacional del sector "sigue firme" y remarcó que el Gobierno "siempre estará al lado de las empresas que trabajan por el país".

La postura del Ejecutivo contrasta con la de un sector de los empresarios autopartistas, que observan que el panorama es mucho menos alentador y que la salida de Delphi "no es un caso aislado".

"Hablar de este tema es poner sobre la superficie el problema que enfrenta la actividad", sostienen desde una de las cámaras del sector, que ve con preocupación los cierres de algunas firmas y el avance como último recurso de cooperativas de trabajadores para gestionar establecimientos.

En 2014, los proveedores de terminales automotrices recortaron unos 1.500 puestos, por lo que el empleo en esa rama de actividad se redujo un 4% y se retrotrajo a los niveles del 2010, según datos de la consultora Abeceb.

Por la caída en ventas internas y el "efecto Brasil", el rubro automotor en su conjunto llegó a tener a mediados del año pasado entre 10.000 y 12.000 trabajadores suspendidos, luego de que varias empresas eliminaran por lo menos un turno.

Delphi es otro síntoma más de los problemas que atraviesa la industria automotriz y de cómo las teorías conspirativas internacionales pueden ser usadas hasta para derribar a una autopartista en San Juan.