Junto a los diputados del bloque que acompañaron el proyecto se aprobó la Cámara de Diputados de la Nación que regula las comunicaciones entre los gestores de cobro extrajudicial y los presuntos deudores.
Con 173 votos afirmativos 16 votos negativos y una abstención el proyecto se elevó al Senado de la Nación.
Cabandié destacó el "trato digno y no prácticas abusivas que sufren los consumidores y los que no han sido consumidores" y amplió la importancia en la protección a quienes son víctimas del abuso y no han usuarios ni consumidores.
Esta ley pretende entablar negociaciones en términos razonables y no a a partir de la intimidación o el acoso realizando infinidad de llamados, de poner en situación de ridículo a las personas o ensuciando su nombre.
Las propuestas mencionadas en dicha ley, incluyen una comunicación personal y si el presunto deudor quiere llegar a un acuerdo se pueda avanzar en esa dirección.
Que no llamen a tu trabajo, a tus familiares o a tu casa en cualquier horario o incluso un domingo son algunos de los límites que se busca establecer para que las agencias de cobro realicen sus actividades de forma digna.
Marco legal
Cabe recordar que en febrero de este año se abrió un nuevo camino con la aprobación la Ley N° 26.993, que determina un cambio en el actual escenario.
El proyecto había sido enviado por el Gobierno al Congreso para proteger al consumidor de los abusos "de los sectores concentrados, oligopólicos y monopólicos" y establece varios puntos que van desde elevar las multas a las empresas hasta crear un nuevo fuero especializado en la Justicia Nacional, entre otras medidas.
Uno de los aspectos clave de esta normativa es que el procedimiento se resuelve en un máximo de 60 días.
Desde las asociaciones de defensa al consumidor ya lo consideran un gran avance.
"Es un paso muy importante", señala a iProfesional Fernando Blanco Muiño, titular de la asociación Unión de Consumidores de Argentina (UCA). Y agrega que, por primera vez, "se va a crear un fuero integrado por gente formada en temas de consumo".
El objetivo de la propuesta es que los reclamos puedan canalizarse en forma efectiva a través de un mecanismo de conciliación o mediante una vía judicial inmediata.
La normativa, que impulsó la ágil resolución de aquellas cuestiones que afecten a los consumidores, va de la mano de la reciente conformación de un Observatorio de Precios que estará integrado por tres entidades: la Unión de Usuarios y Consumidores, Deuco y Adduc.