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Nueva frustración para el Gobierno: la oposición se "planta" contra la nueva ley de riesgos del trabajo

Nueva frustración para el Gobierno: la oposición se "planta" contra la nueva ley de riesgos del trabajo
La oposición se niega a aprobar la iniciativa macrista porque obliga a los trabajadores a pasar por una instancia administrativa antes de ir a la Justicia
Por Sebastian Albornos
24.11.2016 17.15hs Legales

No sólo las "pálidas" en la economía y la ausencia de "brotes verdes" le vienen trayendo al Gobierno fuertes dolores de cabeza.

En el plano laboral, también debe tener su mirada atenta en varios frentes, ante los posibles focos de conflicto.

Por un lado, ha mantenido reuniones con los sindicatos y cámaras empresarias para "arrancarles" a los ejecutivos de negocios un compromiso "anti-despido" por seis meses. Por cierto, de escasa relevancia en la práctica.

Por otro, pretende una readecuación de los convenios colectivos e intenta poner un freno en el preocupante aumento de la litigiosidad por accidentes de trabajo.

Las cifras impactan a los funcionarios y dirigentes de empresas: este año habrá un récord de 120.000 demandas por infortunios laborales, lo que acumulará en el sistema un pasivo cercano a los u$s5.000 millones.

Esto hace que las aseguradoras, destacan fuentes del sector, estén al borde del colapso.

Los siniestros, según datos oficiales, se distribuyen de la siguiente manera:

-Casi un 60% se concentra en Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia.

-Le siguen Córdoba (7,7%), Santa Fe (7,5%) y Mendoza (casi 6%)

-En total, estos cinco distritos acumulan más del 80% del total de accidentes laborales en el país.

A la hora de tener que "atajar" esa avalancha de litigios se observa que:

-Apenas cuatro aseguradoras de riesgos concentran el 60% del mercado.

-Sólo unas 16 reúnen el 97% del share.

-Un puñado de 20 maneja el 100%.

Como si esto fuese poco, aparece otro dato contundente: el 70% de las contingencias que están amparadas por la Ley de Riesgos del Trabajo terminan reclamándose vía demandas laborales.

¿Por qué? para así evitar así la intervención previa de las comisiones médicas jurisdiccionales.

Por ese motivo, el macrismo puso manos a la obra e impulsa en el Senado un proyecto tendiente a llevar a cabo una reforma de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT).

Según fuentes del macrismo consultadas por este medio, la iniciativa ha sido consensuada con los empresarios y con la CGT. Pero esto no significa que el camino que deba esté libre de escollos.

Lejos en el número
Para poder sumar algunas voluntades en las sesiones extraordinarias del próximo 14 de diciembre (en una cámara en la que cuenta con solo 16 miembros sobre 72), el Gobierno desechó su idea original de trasladar los litigios a la Justicia de previsión social.

Así lo hizo al estar convencido de que el fuero laboral suele favorecer a los empleadores.

Por lo pronto, hay algo que tiene claro: el proyecto que busca transformar en ley tiene muy pocas chances de avanzar. Más aun si incorpora como obligatorio el hecho de que cualquier empleado tenga que -sí o sí- pasar por las comisiones médicas jurisdiccionales.

Sucede que este paso, de "carácter obligatorio y excluyente" -una de primera instancia y otra central, de apelación- no le permitiría a ningún asalariado presentarse desde un principio en la Justicia, lo que puede llevar a un planteo de inconstitucionalidad de la ley.

Por otro lado, no especifica el tiempo exacto en el que deben expedirse las comisiones, que están conformadas por médicos que prestan servicios para las ART.

Estas, precisamente, son las que se ocuparían de determinar los grados de incapacidad, como así también las prestaciones e indemnizaciones por accidentes o enfermedades laborales.

Más aun, todo lo que ellas dictaminen tendría carácter de "cosa juzgada".

Este punto es, precisamente, el que encendió la luz de alerta de los partidos de la oposición, al entender que restringen las posibilidades de los empleados de acceder a la Justicia, con la consecuente merma indemnizatoria.

Desde el entorno macrista no ocultan su preocupación por el hecho de que los senadores del bloque peronista (40 miembros) se muestran reticentes a aprobar una normativa que trata sobre una ley que ya fue declarada inconstitucional.

El hecho de impedir a un empleado el acceso a la Justicia y, por consiguiente, que éste pueda reclamar una reparación integral, es la razón principal del conflicto. 

La visión oficial
Con el fin de recoletar aliados, el ministro Jorge Triaca y el superintendente de Riesgos del Trabajo, Gustavo Morón, han intentado explicarles a los integrantes de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado los lineamientos del proyecto.

En particular, hacen hincapié en que se aumentará la cobertura para los empleados accidentados.

El responsable de la cartera laboral sustenta sus fundamentos apelando a un hecho curioso. Señaló que en los últimos tiempos:

-Ha bajado significativamente la siniestralidad. En concreto, habló de que "se han evitado unos 8.500 fallecimientos" por accidentes

-Pero, como contrapartida, aumentó la litigiosidad más de un 300%.

En otras palabras, afirma que resulta ilógico que haya un crecimiento exponencial de los litigios cuando la cantidad de accidentes viene en descenso.

Morón enfatiza que este fuerte incremento en el número de juicios trae aparejado gravísimos problemas financieros en el sistema.

Más aun, pronostica para este año "unos 120.000 reclamos, que equivalen a una tasa de crecimiento anual del 15%".

En lenguaje bolsillo, supone un costo laboral estimado en torno a los u$s5.000 millones para los más de 350.000 juicios acumulados.

Tanto la evolución como las cifras absolutas disparan todo tipo de alarmas en el arco empresarial.

En particular, por el impacto que genera esta mayor litigiosidad en los precios que deben pagar las firmas por la contratación de seguros de accidentes.

Si bien, en promedio, el costo de la cobertura representa un 3,5% de la masa salarial, en algunas actividades esa referencia puede llegar a triplicarse.

La intención del Gobierno es que a partir de las mejoras que impulsa con su proyecto, los empleados opten por mantenerse dentro del sistema en vez de ir a juicio.

Esto, a largo plazo, impulsaría -de acuerdo con la visión oficial- una baja sustancial de las alícuotas que las aseguradoras le cobran a las empresas.

Las comisiones médicas, eje del conflicto
En la reunión mantenida entre los abogados laboralistas y representantes sindicales quedó ratificado el inconveniente de avanzar con una ley que determine la obligatoriedad de las comisiones médicas.

De acuerdo con los especialistas, en la práctica terminarán por sustituirse a jueces por médicos, a quienes deben concurrir los trabajadores sin un asesoramiento letrado y con escasos resultados a la vista.

Recordaron que los artículos de la ley sancionada en 1996, que ya incluían esa obligatoriedad, fueron declarados inconstitucionales en 2004. Es por ello que remarcan que la litigiosidad, lejos de reducirse, tenderá a incrementarse.

"Las comisiones médicas actúan como falsos órganos judiciales, sin tener la aptitud, ni la idoneidad ni la calidad necesaria", señala el experto en riesgos del trabajo, Horacio Schick.

En su visión, "los médicos son dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, carecen de capacidad profesional para discernir sobre la relación de causalidad que pudiera existir entre el daño y la actividad que realiza el asalariado".

Estos órganos son integrados por profesionales de la salud y por dependientes del Ejecutivo que surgieron con la ley original de 1996 como una vía administrativa previa a la acción civil.

El objeto principal de estas comisiones es el de procesar los reclamos de todos aquellos empleados disconformes con el dictamen de la ART sobre el accidente laboral o la enfermedad profesional, ya sea por el porcentaje de incapacidad o por el tratamiento otorgado.

El problema era que si el damnificado no estaba conforme con la decisión de la comisión médica jurisdiccional, debía apelar ante la comisión médica central.

Estas decisiones, a su vez, eran revisadas por la Justicia Federal y luego por la Cámara Federal de la Seguridad Social.

A partir del 2004, la Corte Suprema y los tribunales inferiores comenzaron a declarar inconstitucional este procedimiento.

Esto, producto de las demandas crecientes de los damnificados, que lo consideraban un trámite burocrático tendiente a dilatar el pago de la indemnización.

Se dio, además, una multiplicidad de casos en los que a los dependientes se les determinó una incapacidad menor a la real y se veían impedidos de acceder directamente a la Justicia.

En 2012, el kirchnerismo intentó reducir la litigiosidad sancionando una ley en la que obligaba al empleado a optar por las comisiones médicas o, de manera excluyente, a recurrir a la vía civil.

No obstante, a dicha normativa también le fueron objetados varios puntos que terminaron siendo declarados inconstitucionales, lo que no hizo otra cosa que incrementar la cantidad de juicios.

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