Mediante el decreto 336/17, firmado por el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, entra en vigencia la nueva ley de alquileres en la Ciudad, que obliga a los propietarios a costear las comisiones a las inmobiliarias.

Además, en uno de sus nueve artículos, la ley 5859 establece que el monto máximo de la comisión será de 4,15% del valor total del contrato. También fija que los gastos de gestoría de informes a organismos oficiales también recaen en los dueños.

"En uso de las facultades conferidas por el artículo 102 de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, promúlgase la Ley Nº 5.859, sancionada por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en su sesión del día 24 de agosto de 2017", remarca el decreto.

Otra de las novedades es que los portales de clasificados de inmuebles deberán incluir la siguiente leyenda en los avisos: "Se encuentra prohibido cobrar a los inquilinos que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría de informes".

Esta advertencia también deberá ser mostrada en las inmobiliarias en lugares visibles de los locales, donde puedan leerlos los inquilinos y propietarios.

Tratamiento de la ley El 24 de agosto, la Legislatura porteña aprobó con 51 votos positivos y dos abstenciones el proyecto para modificar la Ley 2.340 y establecer entre otros puntos que los propietarios de los departamentos que se coloquen en alquiler paguen la comisión inmobiliaria, en lugar de los inquilinos, como viene ocurriendo.

La propuesta, que fue impulsada por la asociación Inquilinos Agrupados y contó con el aval del Gobierno porteño, y contempla bajar los costos de acceso para los inquilinos, brindar asesoría legal permanente y gratuita, y a su vez darle a los dueños las herramientas para garantizar el cuidado de sus departamentos.

Hasta el momento, quien deseaba alquilar un departamento en la ciudad de Buenos Aires necesitaba juntar –entre las comisiones, depósitos y otros costos– entre 5 ó 6 meses del monto acordado, el cual debe ser pagado al momento de firmar el contrato.

Esto significaba una erogación inicial entre $40.000 y $50.000 si se toma como base un departamento promedio de tres ambientes.

Además, entre el costo mensual del alquiler más expensas y la tasa de alumbrado, barrido y limpieza, la luz y el gas un inquilino con un salario promedio de $16.000 gasta como mínimo la mitad de sus ingresos en afrontar esos gastos. 

La iniciativa oficial supone que es el dueño del inmueble, y no el inquilino, el que contrata a una inmobiliaria, por lo que los honorarios del profesional deben acordarse con el locador y no con ambas partes.

En uno de sus artículos dispone que "en las locaciones de inmuebles con destino habitacional, queda expresamente prohibido requerir y/o percibir, mediante cualquier forma de pago, comisiones inmobiliarias y/u honorarios por la intermediación o corretaje a locatarios".

"Este es un primer paso para facilitar el alquiler en la Ciudad –explicó el presidente del IVC, Juan Maquieyra–. Como el inquilino ya no tendrá que pagar la comisión inmobiliaria ni los pedidos de informes, estimamos que el costo de entrada para alquilar una vivienda va a bajar un 30%".

Pero quienes alzaron la voz para cuestionar la propuesta fueron los representantes de las inmobiliarias. Advierten que la iniciativa es " arbitraria" y provocará "el incremento del alquiler, por cuanto los propietarios, que deberán abonar íntegramente el costo de la intermediación, ya han manifestado que lo trasladarán al precio".

El Colegio Profesional Inmobiliario planteó que la iniciativa “violaría le ley y la Constitución”, ya que el “nuevo Código Civil y Comercial dispone expresamente en el artículo 1351 respecto de las operaciones inmobiliarias que si solo interviene un corredor, todas las partes le deben comisión... y presume que los servicios no son gratuitos”.

"Cada vez que el Estado intervino el mercado las consecuencias fueron nefastas", enfatizó el Colegio en una solicitada publicada en los diarios Clarín y Nación.