La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande anunció este martes que "no homologará" y por lo tanto dejará sin efecto el acuerdo suscripto con la cámara de empresas electrónicas radicadas en esa ciudad fueguina, que estipulaba el congelamiento salarial por dos años para los trabajadores del sector, según comunicaron dirigentes del sindicato en conferencia de prensa.

Se trata de un golpe para el Gobierno que lanzó el mentado pacto entre el sindicato, la empresa y el Estado como el modelo a replicar en otros sectores el año próximo.

El establecimiento de sueldos fijos durante 24 meses estaba incluido en el anexo de un acuerdo suscripto el 13 de noviembre pasado por funcionarios del gobierno nacional, el gobierno de Tierra del Fuego, la UOM y la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica (Afarte), cuyo objetivo fue garantizar la "sustentabilidad" y la "productividad" del régimen industrial fueguino.

Entre otras medidas, las partes acordaron ese día una reducción gradual de los impuestos internos para productos electrónicos no fabricados en la isla, que las autoridades nacionales proponían -inicialmente- eliminar de una sola vez.

En ese contexto, y para mejorar la productividad de las industrias y disminuir el precio final de los artículos fabricados en la provincia, el gremio metalúrgico y Afarte avanzaron en un documento que congelaba los salarios desde junio de 2018 a junio de 2020, a cambio de que no se produjeran despidos en ese mismo período.

Sin embargo, el acuerdo precisaba todavía para su entrada en vigencia de la homologación ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. Fue ese trámite el que se negaron a realizar este martes los metalúrgicos de Río Grande.

"Desde la firma del acuerdo hemos sufrido todo tipo de ataques por parte de la dirigencia empresarial y política, que nos acusó de haber aceptado algo que no era necesario. Ello generó un gran descontento entre los trabajadores y este cambio de postura que hoy damos a conocer", explicó el secretario adjunto de la UOM, Marcos Linares.

Según el dirigente sindical, "hasta el propio diputado electo de Cambiemos y máximo referente del gobierno nacional en la provincia, Héctor Stefani, nos acusó de firmar un acuerdo salarial que no era necesario. Bueno, así generaron el clima en las fábricas que hoy deriva en esta decisión", afirmó.

Por otra parte, Linares adjudicó la falta de homologación del congelamiento salarial a que "fuimos víctimas de una extorsión por parte del gobierno nacional, que nos hizo decidir en 48 horas si perdíamos o no 9.600 puestos de trabajo, cuando en realidad ahora sabemos que ya tomaron la decisión de erradicar la industria fueguina en el mediano plazo", acusó.

Además, el representante metalúrgico argumentó que las autoridades nacionales "cambiaron las reglas del acuerdo" cuando "habilitaron hace pocos días las licencias automáticas para la importación de productos electrónicos, algo que "no fue discutido en las negociaciones previas al acuerdo de noviembre", mencionó.

La UOM de Río Grande detalló que el cambio de estrategia del sindicato, del que "ya están al tanto los directivos nacionales del gremio", incluye la promoción de un proyecto de ley provincial que determine la "emergencia ocupacional" en el distrito y "prohíba los despidos durante un año, tanto en el ámbito privado como estatal".

Por su parte, el presidente de Afarte, Federico Hellemeyer, declaró también este martes que el sector empresarial se encuentra "muy preocupado por ese anuncio", y puso en duda que se pueda dejar sin efecto un acuerdo suscripto por los representantes del gremio legalmente constituidos.

"Para nosotros es algo sorpresivo. La homologación del documento es un mero trámite administrativo y corriente. No forma parte de ninguna negociación. Creemos que es algo muy extraño y habría que ver si al no homologarse, el acuerdo pierde vigencia", sostuvo Hellemeyer en dialogo con Télam.

La cámara empresarial entendió también que el argumento de que el gobierno nacional cambió las reglas al aprobar las licencias automáticas para electrónicos es "falso" ya que "esa medida venía siendo adelantada por las autoridades nacionales desde su asunción".

Por otro lado, el presidente de Afarte consideró que sin el congelamiento salarial al que se había comprometido el gremio, "es imposible cumplir con las metas de competitividad que reclama el gobierno nacional y bajar los precios de los productos finales".

"Todos los puntos del acuerdo de noviembre son imprescindibles. Desde lo que corresponde a la provincia hasta lo que compete a la Nación, como la erradicación del contrabando de celulares, la mejora de rutas o de la logística y el transporte. Todo es clave porque estamos en una hora muy crítica. O paramos la pelota y generamos productos más baratos, o eso nos saca a todos de la cancha", graficó el empresario.

AntecedenteEl acuerdo nunca fue del agrado del sindicato. El secretario general del UOM de Río Grande y diputado nacional Oscar Martínez llegó a afirmar que con la firma del pacto, el sindicato debió "asumir un golpe durísimo porque no quedaban alternativas" y apeló a un chiste popular para graficar el acuerdo firmado en el sector metalúrgico de Tierra del Fuego que congela los salarios hasta junio de 2020.

"No nos dejaron alternativas ante las amenazas de despidos. Es como el chiste del prisionero que le dicen que lo van a matar si no acepta el dunga-dunga y bueno, tuvimos que aceptar el dunga-dunga", dijo Martínez.

En declaraciones radiales, el dirigente sindical advirtió que los trabajadores fueron "víctimas de una extorsión por parte del Gobierno Nacional" y reconoció que el acuerdo firmado significa "un recorte de nuestro salario y una pérdida del poder adquisitivo".

"La gobernadora (Rosana Bertone) venía siendo obsecuente con las políticas del Gobierno Nacional, pero en esta circunstancia hizo una convocatoria para defender los puestos de trabajo", dijo.

Sobre el acuerdo, reconoció: "Hemos sido presionados para reducir un 30 por ciento nuestros salarios actuales".

"No hay trabajo. Encabezamos los niveles de desocupación del país", dijo Martínez en referencia a la situación social de Tierra del Fuego.

Advirtió que "el anuncio de modificar las protecciones arancelarias hacía que la totalidad de las fabricas cerraran sus puertas, por lo que no hay alternativas laborales".

El 13 de noviembre, el Gobierno nacional, el de la provincia de Tierra del Fuego, los fabricantes de terminales electrónicas y la Unión Obrera Metalúrgica firmaron un acuerdo de competitividad que, entre otros puntos, congela los salarios hasta junio de 2020, a cambio de poner freno a despidos y suspensiones en esa industria. El convenio, además de las cláusulas laborales, apunta también a mejorar los índices de productividad y bajar los precios de la tecnología para los consumidores, en un sector industrial muy afectado por decisiones oficiales.

El convenio fue firmado por funcionarios del Ejecutivo nacional, de la provincia, por la Asociación de Fabricantes Argentinos de Terminales Electrónicas (AFARTE) y representantes sindicales, en un acto en el Palacio de Hacienda.

El presidente de AFARTE, Federico Hellemeyer, había calificado de "histórico" el acuerdo alcanzado con la UOM y confirmó que las negociaciones paritarias quedaron "suspendidas hasta junio del 2020".

Hellemeyer señaló que "la actual paritaria sigue vigente hasta junio del 2018 y desde allí no habrá negociación salarial hasta el 2020, porque tampoco está prevista ninguna cláusula de ajuste".

Reconoció que dentro del convenio se suscribió un "acuerdo de paz social" que frena los despidos y las suspensiones también hasta junio del 2020.

El ministro de Producción, Francisco Cabrera, afirmó durante el acto que el objetivo es encontrar "caminos graduales para resolver problemas estructurales" y remarcó que "este acuerdo era impensado hace unos años".

Destacó que el pacto "busca reducir el precio de la tecnología, que afecta transversalmente la competitividad de toda la economía, preservando los puestos de trabajo del sector, y al mismo tiempo diversificar el perfil productivo de la provincia".

Pero este martes, el acuerdo modelo para la Casa Rosada quedó tambaleando y su futuro es incierto.