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Economía

La reforma previsional, marcada por la intención de ahorro fiscal

La reforma previsional, marcada por la intención de ahorro fiscal

El cambio en la fórmula de ajuste es el eje de la reforma. El Gobierno evitaría erogar no menos de $100.000 millones, pero podría provocar miles de juicios

10.12.2017 14.24hs Economía

El cambio de la fórmula de movilidad previsional que abarca a más de 17 millones de personas entre jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y AUH tiene un claro sesgo fiscal. Los números en juego oscilan entre los $80.000 millones y $120.000 millones, según cómo se comporte la economí­a en 2018.

En el proyecto de Presupuesto 2018 enviado al Congreso en septiembre pasado, el Gobierno previó que, manteniéndose la actual fórmula de movilidad, el gasto en Seguridad Social en 2018 crecerí­a entre un 22%, por el equivalente a $260.000 millones.

En el Mensaje que acompaña al proyecto de Presupuesto, los dos í­ndices que ajustan dos veces por año esos beneficios según la actual ley de movilidad "” salarios (INDEC/ RIPTE de ambos el mejor) y recaudación "” tienen una proyección de incremento de entre el 16% y 19%, muy superior a la de la inflación (entre 8 y 12%). En consecuencia, el cambio de fórmula implica ahorro fiscal y menores incrementos para los beneficiarios de la Seguridad Social, destaca Clarí­n.

Como señalan los abogados previsionalistas Horacio R. González y Luciano González Etkin, "en los próximos años el Gobierno prevé un cierto crecimiento económico que impactarí­a favorablemente en la recaudación y una mejora en los salarios. Entonces, los aumentos en jubilaciones y demás beneficiarios de planes sociales serí­an superiores a la inflación. Se calcula un aumento del gasto en Seguridad Social en el 22%, en gran parte por la incidencia de la actual movilidad. Todo ello mientras la variable de la inflación irí­a a la baja. En consecuencia de aprobarse esta reforma, el Gobierno derivarí­a menos recursos a las actualizaciones de los haberes previsionales y demás asignaciones que siguen la evolución de la fórmula de movilidad jubilatoria todaví­a vigente".

La magnitud de este "ahorro" fiscal dependerá de la evolución efectiva de salarios, recaudación e inflación. La consultora Delphos afirma que "la fórmula de movilidad jubilatoria vigente es procí­clica; dada la elasticidad de los recursos tributarios al producto (aproximadamente 1,5 ), en conjunto con el habitual mejoramiento del salario real en fases económicas expansivas, en años de crecimiento económico da lugar a aumentos que superan a la inflación.

En años recesivos, por el contrario, genera variaciones inferiores a las de la inflación. No obstante, la diferencia entre aplicar la fórmula vigente vs. la propuesta del Gobierno es superior en años expansivos. Esto significa que es mayor el ahorro por aplicar ajuste por inflación en años expansivos que el gasto adicional en años recesivos".

Justamente porque los recursos tributarios y los salarios crecerí­an por encima de la inflación "”las dos variables de la actual fórmula"” es que el Gobierno presentó el proyecto sustituyendo esas dos variables por el IPC. El objetivo fue claramente a la baja de los incrementos de jubilaciones y prestaciones, con un ahorro fiscal en torno de los $100.000 millones.

Luego en el Senado, se la modificó por 70% inflación + 30% por RIPTE, evolución de los salarios formales que elabora el Ministerio de Trabajo. Además, se modificó el reajuste semestral (enero-junio y julio-diciembre) por un ajuste trimestral pero rezagado en un trimestre.

Ya la diferencia entre una y otra fórmula arranca en marzo de 2018. Con la actual fórmula, la movilidad del semestre calendario "”julio/diciembre"” superará el 14,5%. En cambio, con la nueva fórmula que impulsa el Gobierno, y que ya tiene media sanción del Senado, el aumento serí­a del 5,7% porque el proyecto dice que el próximo primer aumento se aplicará en marzo de 2018 según la variación de los indices de julio-septiembre de 2017 de la nueva fórmula.

Esta modificación implica que en lugar de recibir el aumento ahora estimado en más del 14,5%, en marzo de 2018 los alcanzados por la movilidad tendrán un incremento del 5,7%, que es lo que arroja el 70% inflación/30% Ripte de julio-septiembre de 2017.

Así­, por ejemplo para una jubilación de $10.000, en lugar de un aumento de $1.450, el incremento será de $570. Son $880 menos.

Para la AUH (Asignación Universal por Hijo), actualmente de $1.412 por beneficiario, con la actual fórmula en marzo subirí­a a $1.616,75 y con la movilidad modificada, a $1.492, 50. Una diferencia de $124,25 por chico.

Aun así­, se considera que ya transcurridos 5 meses y varios dí­as del segundo semestre, los beneficiarios tienen el derecho adquirido al incremento en marzo de 2018 por la actual fórmula, y la nueva fórmula que discute el Congreso no puede aplicarse en forma retroactiva, y en perjuicio de los beneficiarios, indica Clarí­n.

"La aplicación retroactiva de la fórmula de movilidad vulnera el derecho de propiedad, tutelado en los artí­culos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional y el artí­culo 26 del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Estaremos asistiendo a una posible lluvia de amparos en un fuero ya colapsado como es el de la Seguridad Social?", plantea el abogado Ricardo Monner Sans, presidente de la Asociación Civil Anticorrupción.

En junio de 2018 esas diferencias disminuyen porque los beneficiarios recibirán la nueva movilidad trimestral por octubre-diciembre de 2017, pero se vuelve a acrecentar en septiembre porque en lugar del ajuste semestral de enero-junio de 2018 según recaudación/salarios, recibirán solo la del primer trimestre por 70% IPC y 30% salarios.

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