El juez federal Sergio Torres advirtió la necesidad de establecer un protocolo para las investigaciones patrimoniales vinculadas al lavado de activos.

Torres comenzó a trabajar con el ex jefe de la Coordinación Nacional para el Combate del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y fundador de la Fundación de Investigación en Inteligencia Financiera (Finint), Juan Félix Marteau, para la creación de ese protocolo.

El sucesor de Marteau en aquel organismo que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Nicolás Negri, continuó la tarea y ya repartió a todos los jueces y fiscales que componen las mesas de debate un primer borrador, señala La Nación.

En él se establecen algunas cuestiones claves para las investigaciones de lavado de dinero. Por ejemplo, la cantidad de asociaciones con las que se debe tener relación para avanzar. También, en qué lugares o agencias hacer búsquedas de activos sospechosos, cómo aprovechar los canales de cooperación internacionales y cómo hacer análisis sistemáticos de bases de datos.

"El objetivo central es que todos sepan dónde y cómo solicitar información para así saber sortear algunas cuestiones de la burocracia que hacen engorroso el trabajo", dijo al matutino uno de los integrantes de esa mesa de debate.

"Se trata de un esfuerzo que va en paralelo con la aplicación del nuevo Código Procesal Penal y que aportará una herramienta para comenzar a cambiar la lógica del decomiso, que es lo que hoy impera en la Justicia", afirmó otro de los integrantes.

Uno de los puntos centrales del nuevo protocolo es buscar romper la cadena actual de investigación patrimonial, que suele ser, según explican los especialistas, un proceso similar al de la "ingeniería inversa": se encuentra dinero blanqueado y se intenta llegar al ilícito de origen. "Hay que empezar a impulsar investigaciones patrimoniales cuando se hacen los allanamientos, los decomisos. Así es más simple desarmar la estructura. Porque el golpe que sienten las organizaciones es el económico", agregó un juez que trabaja en el tema.

Se prevé que la Dirección de Captación de Comunicaciones, organismo dentro de la Corte Suprema que se encarga de las escuchas telefónicas, se convierta en receptor de información de todas las agencias del Estado.

"Hoy estamos investigando con estructuras del siglo XIX. En este tipo de investigaciones necesitamos que ya esté listo un perfil patrimonial financiero, y para eso se necesita una dirección con la capacidad de procesar todos los datos para que cuando un juez los necesite estén disponibles, como mucho, en una semana", dijo Marteau a La Nación.

La protección de esos datos es otro de los focos sensibles, que demandan mayor seguridad. Diferentes fuentes al tanto de la situación recordaron la filtración que realizó el ex titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) José Sbatella, que le costó al país quedar en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

"El protocolo, además, tiene por misión guiar a los jueces y fiscales de todo el país acerca de cómo llevar adelante una investigación directamente orientada a la fase económica de la actividad criminal, habida cuenta de que es la única manera en que se puede debilitar a una organización delictiva", agregó Marteau.

En el borrador, de más de 140 páginas, se enumeran las agencias que pueden colaborar en la búsqueda de activos de origen ilegal. Además de las tradicionales, como la AFIP, la UIF o la Oficina Anticorrupción (OA), se enumeran el registro de buques de la Nación, el Hipódromo de San Isidro o el registro de studs del Jockey Club. "El dinero siempre es mucho y hay que revisar en todos lados", explicaron las fuentes.

El protocolo sugiere cómo recurrir a los canales de cooperación internacionales para evitar los "exhortos diplomáticos" que, según el caso, pueden demandar varios meses de demora.

En la práctica, la UIF hace un trabajo similar, en muchos casos sin revelar sus fuentes, cuando indica a los jueces en qué organismos podrían encontrar esa información, según explicaron fuentes del organismo.

Entre las definiciones de investigación patrimonial del protocolo está la que considera que es necesaria una técnica de investigación que permita analizar sistemáticamente la información existente en bases de datos públicas o privadas.

Lo que se busca es modificar las formas de investigación actuales, en las que la UIF se encarga de esa labor cuando recibe un reporte de operación sospechosa (ROS) y comienza a buscar el origen del dinero. Un dato no menor, según se reveló en el último encuentro del GAFI: el ROS dejó de ser una herramienta primaria debido a la gran cantidad que se emite mensualmente. "Pasa a ser un dato para incluir en una base, pero no para iniciar una investigación", afirmó una calificada fuente judicial.

Otro de los motivos de la creación del protocolo es la situación actual en la materia. "En la Justicia comenzaron a aparecer causas por delitos complejos que antes no estaban. Hace cinco años comenzó a verse este crecimiento. Se trata de una respuesta a una situación concreta", dijo Negri a La Nación.