La provincia de Buenos Aires adhirió este jueves a la Ley nacional de Accidentes de Riesgos de Trabajo (ART) que tiene como objetivo bajar la litigiosidad laboral.

La norma -que se sancionó durante una sesión especial en la Cámara de Senadores bonaerense- era reclamada por los industriales, las aseguradoras, el propio presidente Mauricio Macri y la gobernadora María Eugenia Vidal por considerar que existe una "industria del juicio" en los casos de accidentes de trabajo que perjudica a los empresarios y desalienta las inversiones.

El 19 de mayo pasado la propuesta había sido aprobada en la Cámara de Diputados, pero luego quedó trabada en el Senado debido al rechazo de todos los bloques de la oposición, quienes plantearon que "va en contra de los derechos de los trabajadores" y apunta a la "flexibilización laboral".

Finalmente, la adhesión se convirtió en ley durante una sesión en la que se votó nominalmente y la norma obtuvo 29 votos positivos y 16 en contra.

En el recinto, el senador de Cambiemos Lucas Fiorini expresó que "esta nefasta industria del juicio tiene un costo altísimo para empresarios y para el Estado" y relató que mientras en 2010 los juicios por accidentes o enfermedades notificados a las ART fueron 53.000, ese número ascendió a 120.000 en 2016.

"La provincia de Buenos Aires es la que tiene el triste récord de inicio de causas de la industria del juicio", evaluó el legislador y consideró que "el nuevo sistema dará seguridad al trabajador y terminará con esta industria que tan cara le costó a la producción nacional".

En tanto, el presidente del bloque oficialista, Roberto Costa, defendió la iniciativa al manifestar que "la provincia necesita esta ley imperiosamente".

Seguidamente, el senador Darío Díaz Pérez (Partido Justicialista) rechazó la norma y expresó que "hay un hincapié excesivo sobre comisiones médicas, que no son órganos imparciales e independientes, y que vulnera derechos a la salud laboral de los trabajadores".

"Somos peronistas, nuestro compromiso es con los trabajadores. Ninguna ley que ponga en riesgo la estabilidad de un solo trabajador contará con nuestra indiferencia o aprobación", dijo.

En ese marco, detalló que "la imposición del trámite administrativo implica aumentar obstáculos burocráticos y económicos de acceso a la justicia en materia de derechos sociales, agrava desigualdades de trabajadores, no garantiza la asistencia jurídica idónea y gratuita a los trabajadores en situación de vulnerabilidad".

En esa línea, el senador Gervasio Bozzano, de Unidad Ciudadana-FpV, afirmó que la norma "le va a dar beneficios a un sector que no lo necesita y va a desproteger al eslabón más débil de la cadena, que son los trabajadores" y añadió que "esta ley es inconstitucional".

Luego, Sergio Berni (Unidad Ciudadana-FpV), evaluó que la ley "cercena la capacidad de un trabajador de acceder a la Justicia, de darle a cada uno lo que le corresponde cuando es el Estado el que debe garantizar derechos".

La iniciativa plantea la adhesión de la Provincia a la Ley Nacional N° 27.348 que indica que el procedimiento ante las Comisiones Médicas será un paso administrativo que el empleado deberá realizar antes de concurrir a la Obra Social Sindical o iniciar una acción judicial contra el empleador.