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Lula, más cerca de la cárcel: la Justicia rechazó pedido de habeas corpus

Lula, más cerca de la cárcel: la Justicia rechazó pedido de habeas corpus

El Superior Tribunal de Justicia de Brasil rechazó una medida pedida por la defensa del ex mandatario para evitar que deba cumplir prisión efectiva 

07.03.2018 03.00hs Actualidad

El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil rechazó este martes un habeas corpus para evitar que el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva sea encarcelado cuando finalice la apelación de su condena en segunda instancia a 12 años por corrupción.

La decisión fue adoptada por unanimidad de los cinco magistrados de esa corte en Brasilia.

El rechazo del habeas corpus preventivo reduce las posibilidades del exmandatario de 72 años, favorito para las elecciones presidenciales de octubre, de seguir en libertad y postularse para un nuevo mandato.

"Denegamos el pedido (...). Está cerrado este juicio", dijo el presidente del STJ, Reynaldo Soares, quien ya habí­a inclinado la balanza al proferir el tercer voto contra Lula, figura clave de la izquierda latinoamericana.

La sesión transcurrió en calma frente a una modesta tribuna de unas 100 personas, la mayorí­a periodistas, que colmaron la sala con forma de anfiteatro y decorada con un crucifijo y una bandera de Brasil.

"La última palabra es siempre del Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema)", agregó Soares, en referencia a un fallo del máximo tribunal que autorizó a detener acusados con condena ratificada, sin esperar que sus causas recorran las cuatro instancias judiciales de Brasil para ejecutar la pena.

Joao Sepúlveda Pertence, exintegrante del STF recientemente incorporado al equipo de abogados de Lula, alegó que esa decisión apenas planteó "la posibilidad" del arresto, pero no era compulsiva.

El fallo sumó otra derrota a la larga serie de reveses judiciales que acumula el exmandatario (2003-2010), quien denuncia una persecución judicial para evitar su vuelta al poder.

"Este proceso es como si aún estuviéramos en los tiempos de la Inquisición, donde no se necesitaban pruebas, apenas convicciones", dijo por la mañana a la radio local Metrópole.

Lula enfrenta siete procedimientos penales y se declara inocente en todos.

En una entrevista realizada la semana pasada con la agencia AFP, admitió que piensa "todos los dí­as" en la posibilidad de ir a la cárcel, pero dijo que estaba decidido a batallar hasta el fin para probar su inocencia.

Presión sobre la corte suprema
El revés del martes no bloqueó otras herramientas legales que podrí­an cuestionar el fondo de la sentencia y sus abogados apuestan ahora a todo o nada a otro habeas corpus preventivo ya presentado ante el STF.

El recurso fue rechazado preliminarmente, pero está pendiente de análisis en el plenario.

"El juicio de hoy en el STJ mostró la importancia de que la corte suprema juzgue el habeas corpus que pedimos el 2 de febrero", señaló en una nota Cristiano Zanin Martins, del equipo de defensa de Lula.

En paralelo a las cortes penales, la justicia electoral también podrí­a impedirle postularse en octubre por tener una condena ratificada en segunda instancia, cuando se abra en julio la ventana oficial para inscribir candidaturas.

Espaldarazo a la Lava Jato
Lula fue condenado en 2017 a nueve años y medio de prisión por aceptar un departamento de lujo de una constructora involucrada en los sobornos a polí­ticos del caso Petrobras.

Sus abogados apelaron, pero la sentencia fue ratificada este año por el Tribunal Regional Federal Nº4 (TRF4), de segunda instancia, que además amplió la pena a 12 años y un mes de encierro.

El fallo de esta tarde del STJ, organismo que tiene la palabra final en litigios que no sean constitucionales, dio por tierra con el argumento de la defensa de Lula de que la condena no debe ejecutarse antes de recorrer todas las instancias porque eso violarí­a la presunción de inocencia.

El tribunal escogió seguir la lí­nea trazada por la corte suprema en 2016, que habilitó los arrestos por condenas confirmadas en segunda instancia, para limitar los constantes aplazamientos en la ejecución de penas.

Esa medida fue un arma esencial de la Operación Lava Jato (lavadero de autos) para desmantelar grandes redes de corrupción público-privadas.

Esa investigación alcanzó a empresarios y polí­ticos, entre ellos el propio presidente conservador Michel Temer, y desató un terremoto polí­tico que ya lleva cuatro años.

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