Una de las preguntas que más se escucha en los últimos tiempos en Brasil -y también en el mundo para aquellos que tienen intereses en ese país-, es si el expresidente Lula da Silva puede ir preso.

La respuesta es categórica y contundente: sí, puede terminar en la cárcel.

Pero para entender cómo se llega a esta situación conviene hacer un poco de historia.

Lula tiene siete causas penales en su contra, más dos denuncias judiciales que todavía no se han convertido en procesos.

Y eso no es todo: recientemente, el relator del Lava Jato en la Corte Suprema, Edson Fachin, remitó a primera instancia un nuevo proceso que incluye al expresidente, a la expresidenta Dilma Rousseff y a otros tantos políticos involucrados en casos de corrupción.

Lo cierto es que en el primer proceso por el que fue investigado el expresidente, el del triplex en la ciudad de Guarujá, la condena fue dura. El juez Sergio Moro lo sentenció a nueve años y medio de prisión y a siete años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y electorales. Esta pena fue ratificada en segunda instancia por el tribunal general regional número 4 de Porto Alegre, por unanimidad.

Estos magistrados no sólo ratificaron la sentencia, sino que aumentaron la pena de cárcel a 12 años y un mes.

Lo que al principio -según el Partido de los Trabajadores y Lula-, se trataba de un juez que buscaba notoriedad a partir de una sentencia contra un exmandatario en un proceso totalmente subjetivo y tendencioso, cambió radicalmente. Es que ya no se trata solamente de un juez, sino de cuatro en total, que afirman que el acusado es culpable.

A todo esto, no hay que olvidar que hay otros procesos que siguen su curso.

En su momento, la defensa de Lula ingresó ante el tribunal regional federal de Porto Alegre con el llamado “embargo de declaración”.

Este procedimiento lo único que busca es aclarar algunos puntos de la sentencia que podrían ser confusos. Pero no tiene como objetivo ni pretensión cambiar la sentencia.

En paralelo con eso, la defensa también planteó un habeas corpus preventivo ante el Superior Tribunal de Justicia, que sería la tercera instancia, y en el Supremo Tribunal Federal, que sería el equivalente a la Corte Suprema en la Argentina (la última instancia de la Justicia).

En el Superior Tribunal de Justicia, el juez relator denegó el habeas corpus y envió el proceso al Plenario. Este cuerpo judicial analizó durante unos días el caso, lanzó una conclusión: la sentencia de los 5 miembros del tribunal, por unanimidad, fue rechazar el habeas corpus preventivo.

En la Corte Suprema de Justicia, el juez relator lo que hizo fue negar el habeas corpus nuevamente. Así, quedó a la espera de que alguno de los jueces, ministros de la Corte o la propia presidente de la Corte -la ministra Carmen Lúcia-, colocara dentro de la pauta de este organismo esta cuestión.

Lo cierto es que cuando el Superior Tribunal de Justicia le niega el habeas corpus, la única alternativa que Lula tenía de no ir a la cárcel efectivamente es que la Corte Suprema tratara su tema antes que el tribunal de Porto Alegre emita el informe final sobre los embargos de declaración de la defensa.

La ministra Carmen Lúcia, presidenta de la Corte Suprema, en los últimos días divulgó la agenda para el mes de abril. Y no está en esa agenda el tratamiento del habeas corpus preventivo del expresidente Lula.

¿Qué quiere decir esto? Que si a partir de la última semana de marzo el tribunal regional 4 emite la sentencia final con la respuesta a los embargos de declaración, a partir de ese momento -y en cualquier momento-, puede solicitarle al juez de primera instancia, Sergio Moro, que emita el pedido de prisión contra el expresidente Lula.

A partir de ese momento, la defensa de Lula ya no tendrá más cómo utilizar el habeas corpus preventivo, porque la palabra “preventivo” es para prever el pedido de prisión. Tras el pedido de prisión efectiva, la defensa de lula podría presentar otro pedido de habeas corpus, peor con Lula ya preso.

Algo que hace algún tiempo atrás era impensado, hoy es prácticamente un hecho. El expresidente de Brasil puede quedar preso en cualquier momento a partir de la publicación de la sentencia de los embargos de declaración por parte del tribunal de Porto Alegre.

Pero esto no representa un problema únicamente para Lula desde el punto de vista penal o judicial. También es un serio inconveniente para sus ambiciones electorales y su partido, como se analizará en un próximo artículo.