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Los dueños de Oil Combustibles acusan al gobierno de Macri y a la AFIP de buscar la quiebra de la petrolera

Dueños de Oil acusan al Gobierno de buscar la quiebra de la petrolera

Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre sostienen que detrás del fallo que interviene la compañía, están el ente fiscal y de las autoridades nacionales

Por Andrés Sanguinetti
21.03.2018 16.02hs Negocios

Los "herederos" de Cristóbal López en la administración del ex Grupo Indalo y de su empresa, Oil Combustibles S.A (OCSA) acusan a la AFIP y al Gobierno de estar detrás del fallo que los desplazó del gerenciamiento de la petrolera fundada por el empresario kircherista.

Ignacio Rosner y Santiago Dellatorre, socios del fondo OP Investment, aseguran que el ente fiscal y las autoridades nacionales buscan empujar la empresa a la quiebra.

En un escrito enviado al juez Javier Cosentino, a cargo del concurso preventivo de acreedores de la empresa perteneciente al ex Grupo Indalo, ahora Grupo Ceibo, aseguran que el nombramiento de interventores en OCSA tiene el "supuesto propósito de cumplir con el deseo de la AFIP y del Gobierno de empujar la empresa a la quiebra".

De todos modos, plantean ciertas expectativas al esperar que se trate de "una falsa aspiración la quiebra y desguace de la empresa y que quienes están asumiendo el rol de interventores de la petrolera puedan desempeñar sus tareas sin trabas y en pos de una solución definitiva a la crisis financiera que ahoga a Oil Combustibles".

Rosner y Dellatorre vení­an funcionando como presidente y vicepresidente de Oil Combustibles hasta el fallo del juez Cosentino que nombró interventores a los tres coadministradores que el mismo magistrado habí­a designado en la compañí­a la semana pasada. A partir de ahora, ambos empresarios quedaron desplazados de las operaciones de la petrolera, tarea que ya asumieron Carlos O. F. Bianchi, Franciso J. Cárrega y Liuba Lencova Besheva.

No está claro todaví­a cuál será el objetivo de los tres interventores ni qué futuro correrá la petrolera y su red de 400 estaciones de servicio ni de todo su personal. Es probable que el camino que inicien los funcionarios judiciales sea el de ordenar las finanzas, ahora sí­ con ayuda del Estado nacional y de la propia AFIP para poder retomar las actividades en el negocio petrolero y luego poner a la venta los activos de la compañí­a.

En este marco, los socios de OP Investment también pusieron la mira en las funciones de los actuales interventores a quienes acusaron de haber asumido desde un comienzo "una posición de auditorí­a de gestión sin orientar sus esfuerzos y dedicación a las urgencias financieras y comerciales del negocio de la compañí­a, base de la sustentabilidad de largo plazo".

Estas crí­ticas se orientan a descartar las denuncias presentadas por los coadministradores sobre supuestos pagos extraños, sobreprecios e incremento de los gastos de Oil que habrí­an hecho Rosner y Dellatorre.

En el escrito enviado al juez, anticipan que apelarán el fallo que interviene la empresa que se encuentra en proceso concursal con una deuda fiscal reclamada por $17.000 millones, además de un pasivo post concursal por otros $1400 millones.

""En la última asamblea de accionistas se puso de manifiesto que la dinámica de trabajo con la coadministración era inviable para solucionar los problemas de OCSA porque el el Directorio integrado por Dellatorre y Rosner pugnaba por concentrar los esfuerzos en la continuidad operativa de la empresa, el levantamiento de las inhibiciones que bregan sobre la misma y demás restricciones que impiden su sustentabilidad", le informan al juez Cosentino a quien le recuedan haberle pedido una audiencia "para presentar ante el Juzgado el cúmulo de dificultades de funcionamiento detectados por este Directorio".

Aseguran que en 25 dí­as de gestión se recibieron 62 pedidos de informes pormenorizados, califican como "poco razonable" que la demora en responder alguno de dichos pedidos de informes pueda ser causal de remoción de las autoridades del directorio, "cuando las mismas estaban en proceso de elaboración o solo respondí­an a filosofí­as operativas distintas".

Le aseguran al juez que siempre estuvieron enfocados y concentrados "en cerrar un contrato de suministro de combustibles que garantizara el abastecimiento de la red de estaciones de servicio de Oil, y fundamentalmente proteger el prestigio de la marca, ambos dos nuestros principales activos junto al personal".

Advierten que no lo pudieron lograr "por las sucesivas oposiciones de parte de la AFIP que, por ejemplo, rechazó un acuerdo de suministro con la sociedad Victorio Podestá que permití­a mantener la red abastecida. Luego, se logró consensuar un esquema de compra de gasoil con YPF, que misteriosamente se "trabó" a pesar de haberse luego modificado para ofrecer un pago de contado".

Lo mismo sostienen ocurrió con el acuerdo alcanzado con Trafigura que, junto a la oferta que ya se habí­a recibido de Pampa Energí­a, "iba a permitir financiar la primera compra de gasoil, para la que Oil no contaba con recursos suficientes, mantener abastecida la red, disponer de gasoil fuera de norma para cancelar deuda fiscal, cerrar un acuerdo de abastecimiento de largo plazo sustentable y no incrementar la deuda por el Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC)".

Añaden que la AFIP también rechazó todas las propuestas de rescate que presentaron, "arrastrando a la compañí­a a una potencial quiebra en contra de sus propios intereses, que serí­a finalmente poder cobrar sus créditos". Rosner y Dellatorre critican también los fundamentos del juez para desplazarlos de Oil sobre la base de informes que plantean la contratación de asesores que no fueron tomados por esta gestión, como Martin Redrado y el abogado Carlos Beraldi entre otros.

"También se presenta como inconveniente haber contratado ejecutivos especializados en financiamiento, venta y disposición de activos con una amplia red de contactos nacional e internacional, personal que no estaba en la plantilla de Oil Combustibles" señalan.

Se objeta además que los directores tengan funciones laborales "cuando ha quedado en evidencia de que se trata de un grupo de profesionales que trabaja en OCSA de lunes a lunes".

Adicionalmente, los empresarios anticipan que en los próximos dí­as presentarán una propuesta de un grupo inversor al que no identifican pero todo apunta a que será Lukoil, "que será crucial para resolver la agobiante crisis de suministro de combustibles y para poner en marcha nuevamente la refinerí­a de la localidad santafesina de San Lorenzo".

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