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Un grupo de bancos y un fondo de inversión chileno toman el control de IMPSA
Como parte del proceso de reestructuración del pasivo del grupo de la familia Pescarmona. Forman parte de un fideicomiso que tendrá el 65% del capital
Por Andrés Sanguinetti
02.05.2018 15.26hs Negocios

Tras la salida de Enrique Pescarmona de la presidencia de IMPSA, después de 50 años en su cargo, un pool de bancos y un fondo de origen chileno se hicieron cargo del control del grupo metalúrgico mendocino.

El desembarco de las instituciones financieras se da como parte del proceso de reestructuración de la empresa creada en 1907 por el abuelo de Pescarmona que se inició con el objetivo de recuperar comercial y financieramente al holding tras haber cerrado con éxito la renegociación de su deuda.

La semana pasada se llevó a cabo una asamblea de accionistas en su sede de la ciudad mendocina de Godoy Cruz en la cual se perfeccionó la transferencia del 65% de las acciones a un fideicomiso que será controlado por los principales acreedores de IMPSA, entre los que se encuentran el Banco Nación Argentina, BICE, Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un grupo de bondholders.

Entre los último se destaca la gestora de fondos chilena Moneda que, junto a Greylock, lideró las tratativas para el cierre de la reestructuración del pasivo de IMPSA.

Incluso, ejecutivos de Moneda presidieron el comité de bonistas, conformado por seis entidades que sumaban cerca del 40% de la deuda que tení­a IMPSA. En el proceso, el asesor financiero de Moneda fue MBA Lazard. En tanto, el 35% restante estará a cargo de la familia Pescarmona.

En el caso de los bancos acreedores pasan a ser dueños de instrumentos de deuda de la empresa y de cuotapartes de un fideicomiso creado en el proceso de reestructuración de ese pasivo que son equivalentes a tener acciones de la compañí­a. 

El valor de esas cuotapartes dependen del precio que esté dispuesto a pagar un potencial comprador de la empresa en el futuro ya que ese es uno de los mayores objetivos que tendrá que lograr el fideicomiso de IMPSA como parte del acuerdo de acreedores, aunque por ahora no haya intenciones de vender sino de potenciar el valor del grupo sumando nuevos negocios.

En la asamblea en la que se determinó la nueva composición accionaria, también se aprobaron la designación de nuevos directores y sí­ndicos, el cambio de su estatuto y también el del nombre de la firma que dejará de llamarse Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A para mantener solamente sus siglas de IMPSA.

En reemplazo de Pescarmona se designó a Juan Carlos Fernández como CEO del grupo, quien fue presentado formalmente ante los accionistas como la persona que liderará la nueva etapa. Se trata un ejecutivo que ya ocupó cargos en IMPSA hasta el 2014, cuando se retiró de la compañí­a, tras haber ingresado en 1979.

Antes de abandonar sus actividades, fue presidente de IMPSA Asia, IMPSA Port Systems e IMPSA Malasia, entre 1990 y 2007. Desde ese año y hasta el 2014, actuó también como responsable de IMPSA Energy Luego pasó a ocupar el cargo de CEO del grupo hasta el 2016, cuando se retiró. Ahora regresa como una especie de Presidente temporal con un cargo formal de "Acting CEO" para liderar la etapa de reordenamiento societario y financiero del holding mendocino. 

El directorio también estará integrado por tres miembros, en representación de la nueva conformación de accionistas que son Fabián D´Aiello, Diego Grau y Francisco Rubén Valenti. Tanto estos tres casos como el de Fernández forman parte de las decisiones tomadas por los acreedores de IMPSA en el marco del Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE) aprobado por la Justicia mediante el cual se instrumentó la reestructuración de su deuda.

El objetivo del proceso es consolidar el posicionamiento en Argentina y los mercados internacionales de IMPSA, tras haber logrado una reducción de su pasivo de u$s1108 millones a u$s430 millones en el marco del APE.

La empresa también firmó varios préstamos nuevos con Inter-American Investment Corporation e Inter-American Development Bank, que fueron aprobados por la asamblea de accionistas de la semana pasada, al igual que la puesta a disposición de los acreedores de los instrumentos de la nueva deuda de la empresa; el nombramiento de la nueva Comisión Fiscalizadora; y la firma del acuerdo de Gobierno Corporativo, todo según lo dispuesto en el APE.

A través de un comunicado, los nuevos dueños de IMPSA explicaron que "durante estos difí­ciles tres años de reestructuración, la compañí­a continuó con sus planes de desarrollo tecnológico y el cumplimiento de la ejecución de los proyectos contratados a IMPSA en Argentina y el exterior. La consolidación de la deuda reestructurada permitirá dinamizar aún más su presencia en los mercados del mundo". 

El informe recuerda además que durante las últimas dos décadas, la empresa ha ejecutado 180 contratos, de los cuales 150 están localizados en 34 paí­ses mientras que en el plano local, las oportunidades de crecimiento se encuentran motivadas en gran medida a partir del desarrollo de obras de infraestructura, fundamentalmente en materia de energí­a eléctrica.

De esta forma, el futuro de IMPSA dejó de estar ligado al de la familia Pescarmona desde el pasado 27 de abril y deja también atrás un doloroso proceso de default que se inició en el 2014, tras  haber incumplido con el pago de u$s20 millones de intereses de una serie de Obligaciones Negociables (ON) que vencí­an en 2020.

Los tí­tulos correspondí­an a una emisión por u$s390 millones que habí­a lanzado WPE International Cooperatief U.F, brazo financiero de WPE, a su vez controlada por Venti, holding creado por los Pescarmona ese mismo año para unificar sus ingresos en pesos y reales y que tiene sede en Luxemburgo.

A partir de su default, el directorio de la compañí­a y el propio Pescarmona diseñaron una estrategia para permitir la supervivencia de las operaciones y alcanzar un acuerdo de pago con sus acreedores, en su mayorí­a bancos o inversores de los mercados de capitales. También intentaron acordar un rescate con el entonces gobierno kirchnerista que no llegó a buen puerto, como tampoco lo hicieron las negociaciones con la administración de Mauricio Macri.

A partir de ese panorama, surgió un plan de repago de su pasivo mediante el APE, que le permitió alcanzar un acuerdo privado con la mayorí­a de sus acreedores y, previa homologación judicial, extenderlo como obligatorio al resto.

De esta forma, redujo su pasivo y puso en marcha una compleja ecuación de emisión de nueva deuda y un bono que se lanzarí­a antes de fin de año aglutinando las distintas acreencias entre ON ypréstamos bancarios; y desdoblado entre uno par y otro discount, según el privilegio de acceso de los acreedores medido por monto.

Además, los acreedores se quedarán con nuevos instrumentos de deuda, divididos en dos tramos. Uno de u$s150 millones equivalentes de Bonos Par sin reducción de capital. El restante, por u$S300 millones equivalentes de Bonos Discount con un factor de canje de aproximadamente 0,326 centavos de Bono Descuento por cada peso de deuda elegible, más la transferencia al fideicomiso del 65% de las acciones de Impsa en beneficio de los acreedores. En todos los casos, el vencimiento de la deuda será en 2031.

Todo este proceso fue el que le dio el control de la compañí­a a los acreedores y disparó la salida de Pescarmona, además de haberse otorgado a un banco internacional el mandato de venta de la compañí­a en el marco de un proceso que podrí­a durar hasta cinco años.

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