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Buscan reimpulsar en el Congreso los proyectos para limitar la toma de deuda en el exterior

La oposición busca reimpulsar en el Congreso los proyectos para limitar la toma de deuda en el exterior

Habrá al menos dos nuevas propuestas en Diputados. En el Senado, Rodríguez Saá pidió discutir su iniciativa presentada hace un año

Por Sebastian Albornos
10.05.2018 08.31hs Legales

El anuncio del comienzo de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener un crédito cercano a los u$s30.000 millones generó cuestionamientos por parte de la oposición en el Congreso. Distintos partidos se encargaron de señalar que es necesaria una norma que avale ese tipo de decisiones.

Pero el oficialismo y el titular del bloque Justicialista del Senado, Miguel Angel Pichetto, aclararon que el Poder Legislativo no debe intervenir; sí­ tendrá que hacerlo "si el FMI plantea exigencias que requieran una reforma normativa".

El rionegrino sostuvo que "le corresponde al Poder Ejecutivo" decidir un eventual entendimiento con organismos multilateral de crédito y como ejemplo echó mano al megacanje que no requirió autorización previa.

En medio de esa polémica, distintos diputados se manifestaron en contra de ese posible acuerdo durante el debate por tarifas y anunciaron que impulsarán proyectos para que toda toma de deuda en el exterior deba requerir autorización al Poder Legislativo.

El interbloque Movimiento Evita-Libres del Sur, que encabezan los diputados nacionales Leonardo Grosso y Victoria Donda, presentó un proyecto de resolución para que el Congreso deba autorizar los pedidos de crédito al FMI o cualquier otro organismo.

De acuerdo a la iniciativa, se busca "exhortar al Poder Ejecutivo Nacional a que, ante cualquier tipo de acuerdo o negociación que se estableciere con el Fondo Monetario Internacional o con cualquier otro organismo multilateral de crédito, previamente a ser suscripto debe ser avalado por el Congreso Nacional de la República Argentina".

El acuerdo con el FMI estuvo omnipresente en todo el debate sobre las tarifas, y en ese marco, la diputada Alejandra Ródenas (del bloque FPV) anticipó la presentación de un proyecto que obligue al Gobierno a ser autorizado por el Congreso a contraer deudas como la que se dispone a acordar con el Fondo Monetario.

Tras dar un duro mensaje contra la polí­tica tarifaria llevada adelante por Cambiemos, la exjueza santafesina anticipó que va "a proponer un proyecto de modificación de la Ley de Administración Financiera, estableciendo la necesidad de que exista una autorización previa del Congreso a través de una ley sancionada por ambas cámaras para que a la hora de contraer deudas con los organismos internacionales de crédito, todos ellos, deban ser limitados y que limiten claramente al Poder Ejecutivo".

Para Ródenas, "tenemos la obligación de ser claros en ese punto, porque la ley no puede ser ambigua. Los argentinos no queremos volver al ajuste del Fondo Monetario, no queremos que el Fondo Monetario establezca nuestras metas, los argentinos no queremos volver a un modelo de endeudamiento indiscriminado, no queremos volver a un modelo de transferencia de riquezas; no queremos volver a entregar nuestra soberaní­a polí­tica y económica; los argentinos queremos volver, sí­, queremos volver... Los que estamos sentados en la oposición, queremos volver a tomar las riendas de nuestro destino".

Aún hay una posibilidad de que el futuro préstamo del FMI, que está negociando el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne pase por el Congreso. Esto ocurrirá por ejemplo si el Fondo plantea exigencias para desembolsar dinero, si las mismas requieren alguna reforma legislativa.

En ese caso, obviamente el Congreso deberá intervenir. "En el tema previo nunca intervino", explicó el senador Pichetto, en función de lo que establece la Ley de Administración Financiera.

La discusión también revive en el Senado
El senador por San Luis de Unidad Justicialista Adolfo Rodrí­guez Saá solicitó que la cámara alta de pronto tratamiento de su proyecto de ley S-1333/17, que propone limitar la cantidad de deuda en dólares que el paí­s puede tomar con respecto al PBI.

Rodriguez Saá, formuló el pedido mediante dos cartas que envió a los presidentes de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, a cargo de Esteban Bullrich; y de Economí­a Nacional e inversión Silvia Elí­as de Pérez, pidiéndoles que "se incorporen al temario de la próxima reunión" de senadores.

La petición de Rodriguez Saá, fue avalada con la firma de los senadores Fernando Solanas y Anabel Fernández Sagasti, para que se trate la normativa que pide a la Administración Central "no formalizar nuevas operaciones de crédito que se clasifiquen como deuda en moneda externa".

De este modo, el legislador solicitó el tratamiento en comisión de la ley de Responsabilidad Crediticia del Estado, donde propone modificar los artí­culos 56 y 58 de la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional e incorpora el artí­culo 60 bis, que fuera presentada el 20 de abril de 2017 con giro a las dos comisiones citadas, donde nunca se dio tratamiento.

Según el artí­culo primero que modifica al artí­culo 56 de aprobarse la reforma especifica que "se prohí­be realizar operaciones de crédito público para financiar gastos corrientes".

En ese contexto se establece que el "crédito público" es entendido como "la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para inversiones productivas", como así­ tambien "para atender casos de evidente necesidad nacional" o "para refinanciar sus pasivos".

Además, según la modificación, el articulo 58 la deuda pública se clasificará en "deuda interna o externa, directa o indirecta, deuda en moneda doméstica o foránea".

Ya hubo un antecedente
A fines de abril de 2016, y poco tiempo después de que se sancionara la ley que habilitó el pago a los holdouts, el Senado aprobó por unanimidad con 60 votos a favor un proyecto de ley del peronismo que obligaba al Poder Ejecutivo a pedir autorización del Congreso, mediante el enví­o de una ley especial, para tomar deuda pública.

Esa iniciativa fue presentada por Pichetto y Rodrí­guez Saá, y obtuvo dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Economí­a Nacional, con la firma de los senadores de todos los bloques.

El proyecto se presentaba como un fuerte condicionamiento del Congreso al Poder Ejecutivo para el endeudamiento externo futuro pero durante su discusión en comisiones se suavizó con una serie de modificaciones, lo que hizo que el oficialismo también acompañara su aprobación.

Dicha iniciativa planteaba que el Gobierno deba enviar una ley especial al Congreso cuando quiera salir a tomar deuda, salvo en los casos en que se trate de una préstamo con organismos internacionales de crédito de los cuales la Argentina forme parte, como el FMI, Banco Mundial o el BID. 

También establecí­a que las empresas con participación mayoritaria del Estado deberán presentar un plan financiero anual ante el Congreso.

La idea inicial del peronismo era que esto sirviera para asegurarse de que el Poder Ejecutivo enviara una ley especial cada vez que quisiera tomar deuda, para controlar que el dinero se destinara a obras de infraestructura y no a gasto corriente.

La exclusión de las empresas estatales y la libertad para que el Gobierno se endeude con los organismos multilaterales de crédito de los cuales forme parte fueron los dos cambios que el oficialismo habí­a solicitado, lo que hizo en definitiva que el proyecto perdiera su esencia y finalmente se cajoneara.


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