Después del receso invernal, los legisladores de la provincia de Buenos Aires tratarán un proyecto de reforma de la ley de alquileres. Si bien se trata de una iniciativa de la oposición, contaría con el visto bueno de la gobernadora María Eugenia Vidal.

En concreto, se propondrá que los gastos que implica la firma de un contrato, honorarios, adelantos en garantía u otros adicionales, no recaigan totalmente en los bolsillos de los inquilinos, indica Clarín.

La norma establece que los gastos originados en el contrato confeccionado por un martillero matriculado (libre deuda, inhibiciones, garantías y otros) deberán ser afrontados por el propietario.

El formato es similar a la reforma aplicada en la Ciudad desde 2017, e implica el mismo y principal riesgo: que el locador traslade los costos al precio del alquiler.

“Con este proyecto buscamos reducir en más del 50% el costo de hacer un nuevo contrato, buscando revertir una situación injusta donde al inquilino se le cobra la totalidad de los mismos, a pesar de que debe ser compartido. En el mismo sentido buscamos flexibilizar las condiciones para acceder a una vivienda, y evitar que el inquilino se endeude cada dos años para enfrentar una renovación o un nuevo contrato”, afirma la Asociación Platense de Inquilinos.

Según datos de los últimos censos, en la provincia de Buenos Aires se destaca que el 25% de los habitantes alquilan en Bahía Blanca, el 18% en la ciudad de La Plata y el 11% en el Gran Buenos Aires.

En los contratos típicos, se cobra el mes de alquiler adelantado, la certificación de las firmas que pueden costar aproximadamente 700 pesos cada una, el sellado que representa el 1,2%, del total del monto del contrato por dos años, el costo de los informes para conocer el historial crediticio del titular y el garante; el depósito (no puede superar el equivalente a dos meses de alquiler), y los honorarios de la inmobiliaria del 4%, detalla Clarín.

El proyecto de reforma fue presentado por los diputados kirchneristas José Ottavis y Rocío Giaccone. Cambiemos adheriría en términos generales o el bloque se encargaría de redactar un proyecto alternativo, según publica Clarín.

“En términos económicos, estos gastos representan un gran esfuerzo por parte de los inquilinos, que cada dos años como máximo, y en muchas ocasiones, se ven obligados a contraer deudas para poder pagarlo”, explica Giaccone.