El 15 de mayo último se publicó en el Boletí­n Oficial la ley 26.093, cuyo tí­tulo central reza "Régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentable de biocombustibles".

Con esta norma se cristaliza un viejo proyecto que nació en nuestro paí­s a partir de la enorme capacidad generadora del sector agroindustrial, en particular en los meses posteriores a la crisis del 2001, algo equiparable al régimen de alconafta que rige en Brasil, a partir de la producción azucarera superavitaria.

De esta manera, y al compás de la tónica de activa participación del sector público en la economí­a, tenemos una nueva herramienta para canalizar inversiones con beneficios fiscales e incentivos.

Al igual que con la Ley de Promoción de Inversiones en Bienes de Capital y Obras de Infraestructura, la malla antigranizo y la Ley del Software, el Estado aporta lo suyo en la materia, indicando que a través del cupo fiscal a otorgarse cada año se promoverá el desarrollo de la actividad a través de la autoridad de aplicación y de los sistemas de administración de la materia.

No obstante, en este régimen el avance es mayor, porque será el mismo Estado quien fijará los precios del biocombustible y que los refinadores deberán adquirir para la "mezcla" con combustibles fósiles a partir del 2010, mezcla que será obligatoria en un porcentaje ya definido en la norma.

La crisis energética (en particular la de generación y exploración de nuevas fuentes de energí­a) es motivo más que suficiente para comprender esta iniciativa.

Todo aquello que el Gobierno pueda hacer en la materia será, en la coyuntura, siempre mí­nimo, debido a que la actividad económica sigue aumentando a tasas de las economí­as asiáticas y las fuentes de aprovisionamiento son escasas o tecnológicamente desactualizadas. O sea, que sin infraestructura sustentable es poco cuanto puede hacerse para satisfacer la mayor demanda.

La ley dice que a partir del 2010 será obligatorio que todo combustible fósil sea mezclado con por lo menos 5% de biodiésel o bioetanol. A partir de aquí­ se postula integrar los sectores petrolero y la agro-industria.

Le damos la bienvenida y esperamos que la iniciativa logre los objetivos que el "espí­ritu del legislador" ha planteado en ella, mucho más, teniendo en cuenta que la norma prevé un horizonte de tiempo poco usual para nuestro paí­s.

Los beneficios promocionales

La ley permite a los inversionistas en proyectos de radicación de biocombustibles (por ahora únicamente en sus especies bioetanol y biodiésel) aplicar los beneficios de la Ley de Promoción de Inversiones en cuanto al IVA que afecte la adquisición de bienes de capital u obras de infraestructura, la no integración de dichos bienes a la base imponible del Impuesto a la Ganancia Mí­nima Presunta y la exclusión de las tasas de infraestructura hí­drica, Impuesto sobre los Combustibles Lí­quidos y Gas Natural (ley 23.966), Impuesto sobre la Transferencia o Importación de Gasoil (ley 26.028).

• Los beneficios se extenderán durante el plazo de vigencia de los proyectos de radicación (quince años más una prórroga de cuatro que el Poder Ejecutivo podrá declarar a partir de la puesta en marcha del régimen de "mezcla").
• Pyme y economí­as regionales son dos aspectos centrales a considerar para la asignación de los cupos y del criterio que ponderará la autoridad de aplicación.
• El Gobierno nacional dará los cupos y subsidios a otorgar, sobre los impuestos afectados que son masa coparticipable.

BISCARDI & ASOCIADOS

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