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A contrarreloj, será el "viejo Congreso" quien defina la suerte de nueve proyectos clave

A contrarreloj, será el "viejo Congreso" quien defina la suerte de nueve proyectos clave
Hasta que se renueven ambas cámaras en diciembre, quedan pendientes de aprobación una serie de iniciativas de fuerte incidencia en materia empresaria
29.06.2009 10.07hs Legales

Con el resultado de las elecciones sobre la mesa, el Gobierno nacional deberá apurar la aprobación de proyectos clave antes del próximo 10 de diciembre. Esto es así­, dado que a esa fecha el Congreso de la Nación comenzará a mostrar un mapa de fuerzas polí­ticas que no le será tan favorable al matrimonio Kirchner.

Por lo tanto, desde el Ejecutivo inician hoy mismo una carrera contrarreloj a fin de conseguir el visto bueno en el Parlamento para una serie de iniciativas que son vitales para la continuidad del modelo y el mantenimiento del rumbo polí­tico y económico elegido. Los proyectos a tratarse antes de diciembre abarcan desde reformas impositivas hasta el sostenimiento de los pilares fundamentales del kirchnerismo.

De manera precisa, Rosendo Fraga, Director del Centro de Estudios Unión para la Nueva Mayorí­a, fue categórico al mencionar las iniciativa que desvelan al oficialismo. "El Gobierno se concentrará en el presupuesto 2010, la prórroga de los superpoderes y de la emergencia económica. Esta es la verdadera clave del poder fáctico del kirchnerismo", aseguró Fraga.

Puntualmente, la prórroga de la Ley de Emergencia Económica otorga facultades especiales al Poder Ejecutivo para renegociar contratos con los concesionarios de servicios públicos. La norma también le brinda amplios poderes para subir o bajar impuestos e incrementar planes sociales.



Blindar la caja
A fin de fortalecer el estado de las cuentas públicas, el Gobierno buscará obtener antes de diciembre el apoyo del Congreso en varias iniciativas vitales para esquivar el temido fantasma del déficit fiscal.

En primer término, ya es un secreto a voces, que la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) enviará al Parlamento el proyecto de reforma del Monotributo.

La iniciativa prevé elevar el tope de facturación anual de $72.000 a $200.000 para profesionales y de $144.000 a $300.000 para el resto de las actividades. Complementariamente, establece importantes subas en la cuota mensual a pagar.

Actualmente, los pequeños contribuyentes pagan -en concepto de impuesto, seguridad social y obra social- una cuota mensual que va desde los $115 a $587. Bajo el nuevo esquema, la más baja será de $213 y la más alta se ubicará en 2.880 pesos.

Flavia Melzi, Vicepresidenta II, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas porteño (Cpcecaba), destacó que la iniciativa "mantiene las escalas hoy vigentes, e integra al sistema nuevos tramos que elevan el tope de facturación paulatinamente hasta los $200.000 para locaciones y prestación de servicios y $300.000 para el resto de las actividades, sin afectar la situación actual de quienes están en el régimen".

En una etapa más avanzada se encuentra el denominado "impuestazo tecnológico". El proyecto, que espera la aprobación final de Diputados y por parte del Senado, alcanza con Impuestos Internos a una serie de bienes eléctricos y electrónicos de uso común. A su vez, duplica la alí­cuota en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que tributan los mismos.

Por el impacto en el precio final de los productos, la iniciativa encendió un fuerte choque de intereses entre fabricantes y ensambladores radicados en Tierra del Fuego, importadores y emprendedores del resto del paí­s. Esto es así­, ya que los productos provenientes de la isla austral no se verán alcanzados por el alza de impuestos.

Puntualmente los importadores enfatizan que, de aprobarse el impuestazo, los precios de las computadoras portátiles aumentarán un 30% y las de escritorio un 12 por ciento. (Lea más: Fuerte rechazo al proyecto para aumentar el IVA en los productos tecnológicos).

En igual sentido, a fin de blindar los ingresos fiscales, el Gobierno hará todo lo que esté a su alcance para prorrogar, antes de diciembre, dos tributos que son considerados abiertamente distorsivos: el Impuesto a la Ganancia Mí­nima Presunta y el impuesto al cheque.

Marcelo Domí­nguez, miembro de la Comisión de Estudios Tributarios de la Federación Argentina de Consejos Profesionales en Ciencias Económicas (Facpce), fue categórico al señalar que "el Congreso de la Nación deberí­a abstenerse de ampliar el plazo de vigencia del Impuesto a la Ganancia Mí­nima Presunta, dado que el mismo recae sobre empresas que obtienen pérdidas o ganancias inferiores al 3% del activo invertido".

"Por lo tanto, con este tributo se castiga injustamente a las compañí­as con inversiones en activos productivos y con escasa rentabilidad en su actividad. En particular, a las Pyme de capital intensivo -industriales o agropecuarias-, las cuales requieren de un plazo de maduración para generar utilidades", expresó el tributarista. (Lea más: Ganancia Mí­nima Presunta: piden que la AFIP no reclame el pago de anticipos).

De igual manera, otro tributo que produce efectos nocivos en la economí­a -y que el Gobierno buscará extender antes de fin de año- es el llamado impuesto al cheque. Desde Arizmendi explicaron que el mismo "rige desde abril de 2001 y alcanza a las operaciones de créditos y débitos bancarios de las empresas y de las personas fí­sicas".

Renta extraordinaria
Otra iniciativa que inquieta al ámbito empresarial es impulsada por el abogado laboralista de la Confederación General del Trabajo (CGT), Héctor Recalde. El legislador propone la creación de un "impuesto a la renta extraordinaria".

"Hay empresas que ganaron no mucho, sino muchí­simo en plena crisis", aseguró Recalde. Por lo tanto, el alcance del gravamen que propone la CGT es para aquellas compañí­as que obtuvieron "ganancias superiores al 20% anual".

Al respecto, Juan Manuel Minghini, socio de Minghini-Alegrí­a, aseguró que "al haber entrado en recesión la actividad productiva, con una merma importante en los márgenes de ganancias de las empresas, no tendrí­a que existir posibilidad alguna de su creación".

"Mientras que en otros paí­ses se están flexibilizando los impuestos y las cargas tributarias, aquí­ se continúa con el afán de ir en contra de las empresas y sobre todo de las Pyme, que son el principal motor de la economí­a", concluyó el profesional.

Incentivos
Pero no todos los proyectos serí­an malas noticias para el sector empresarial. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordenó desempolvar a la ministra de la Producción, Débora Giorgi, una iniciativa impulsada originalmente por el ex ministro de Economí­a Roberto Lavagna. El proyecto apunta a incentivar la producción de las Pyme reduciendo los pagos en Ganancias para las empresas que reinviertan utilidades.

La iniciativa se suma al régimen - ya reglamentado - consistente en la devolución de IVA y amortización acelerada en Ganancias para empresas que inviertan en bienes de capital.

Mario Volman y Fabián Graña, consultores tributarios, explicaron que, de aprobarse, para gozar del beneficio "la reinversión deberá efectivizarse en el término de un año desde la fecha de cierre del ejercicio al que corresponden las utilidades que se reinvierten y, en el caso de construcción, fabricación o elaboración de los bienes de capital objeto de la reinversión, la misma deberá finalizarse en el término de 2 años (de tratarse de bienes muebles) o de 4 años (en el caso de inmuebles)".

Accidentes laborales y empresas en quiebra
Otro de los objetivos que están en la agenda del Gobierno es lograr una nueva Ley de Riesgos de Trabajo (LRT). La propia presidenta Cristina Kirchner así­ lo admitió públicamente en más de una oportunidad al reclamar una pronta modificación al actual régimen. (ver nota: "Cristina prometió a la UIA que impulsará una nueva Ley de Riesgos del Trabajo").

El punto en el que todos los sectores involucrados coincidieron es en el de elevar el monto de las indemnizaciones por los accidentes laborales, aunque tampoco llegaron a un acuerdo en el porcentaje de ese incremento.

í‰ste parece ser el único aspecto sobre el cual hay consenso, ya que existen otras importantes cuestiones que traban el avance de las negociaciones.

El mantenimiento de la doble ví­a (cobrar la indemnización tarifada y también reclamar en la Justicia), la cobertura del accidente "in itinere" y la posibilidad de ampliar el listado de enfermedades laborales son tres de las cuestiones que alejan posiciones entre empresarios y sindicalistas.

Desde Marval, O’Farrell & Mairal, uno de sus socios, Javier Patrón, sostuvo que existe mucha presión de las Cámaras empresarias para que se defina, lo que le otorga más chances de que salga.

Otro de los temas que se puso en el tapete durante la campaña electoral, y que el ex presidente Néstor Kirchner dijo que presentará ni bien asuma como diputado, es la modificación de la Ley de Concursos y Quiebras (LCQ).

Con esta iniciativa se busca darle a los trabajadores todos los instrumentos para la preservación de las compañí­as, con el fin de asegurar como principal medida el mantenimiento de las fuentes de trabajo de aquellas que entren en bancarrota.

Los empleados deberí­an cumplir con una serie de requisitos fundamentales para el Gobierno, como organizarse en una cooperativa legalmente constituida. Asimismo, podrí­an utilizar las deudas que la empresa tiene con ellos como forma de pago.

El proyecto original fue elaborado por el Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas (MNFR), una asociación que agrupa a cooperativas de trabajadores, y se buscará reformar la Ley de Concursos y Quiebras 24.522, sancionada el 20 de julio 1995 y promulgada parcialmente el 7 de agosto siguiente por el entonces presidente Carlos Menem.

Lo cierto es que el kirchnerismo quiere ampliar el ingreso de trabajadores al capital de las empresas en quiebra facilitándoles la compra de los bienes de la compañí­a para asumir la administración.

Los abogados consultados por iProfesional.com coincidieron en destacar que esta iniciativa parecerí­a ir encaminada a hacer más laxas las disposiciones vigentes, con el consiguiente objetivo de intentar tener mayor intervención en las empresas.

Para Martí­n Garcés, socio de Baker & Mc Kenzie, si se aprueba, "se va a encarecer el crédito y esto derivará automáticamente en la cadena de producción, con el consiguiente aumento de los costos de los productos. Todo se tornará más caro", expresó el especialista.

Para el abogado Jorge Perez Alati, con estos cambios se desplaza el foco de la LCQ, que es la protección de los acreedores, quienes deberán seguir financiando a la empresa quebrada, ahora manejada por la cooperativa de trabajadores.

En la actualidad, "el foco pasa a ser una cuestión 'social'. El patrimonio de la empresa deja de ser la garantí­a de los acreedores, lo que encarece el crédito y disminuye la inversión de riesgo, y, consecuentemente, la generación de empleo. Sólo sirve para mantener compañí­as que resultaron inviables", agregó Perez Alati.

Este es el mapa de proyectos, de alta incidencia empresarial, que el Gobierno deberá apurar para que los mismos sean aprobados antes del recambio parlamentario, momento a partir del cual les será más dificil convertir en ley cualquier iniciativa. 

Daniela San Giovanni - Hernán Gilardo
© iProfesional.com

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