El gobierno bonaerense resolvió finalmente aliviar la carga impositiva de los embarques entrantes y salientes de los puertos provinciales y eximirá del tributo a las operaciones despachadas a través de terminales privadas.

De esta manera, la producción que empresas como Cargill, Bunge Born o Techint, que son algunas con puertos propios, le compren a industrias o productores agropecuarios para su posterior exportación no sufrirán gravación impositiva alguna.

Sin embargo, esta medida no conformó a todos: por el contrario, operadores del resto de las terminales, que se rigen por un consorcio de gestión público y privado, se sienten discriminados por este cambio de último momento que introdujo el gobierno de Daniel Scioli.

De acuerdo al proyecto, que ya recibió media sanción en la Cámara de Diputados y hoy se trata en Senadores, se establece que las terminales portuarias deberán abonar en forma mensual $6 por cada tonelada o fracción superior a los 500 kilos de mercaderí­a con destino a exportación y $18 en el caso de importación.

En este contexto, los puertos de Bahí­a Blanca, Quequén, San Pedro, La Plata y Dock Sud paralizaron totalmente sus actividades como señal de rechazo al proyecto impulsado por el gobernador bonaerense.

Sin embargo, empresarios del sector aseguraron que las medidas de fuerza "podrí­an agravarse" si este miércoles los legisladores le dan luz verde a la iniciativa oficial.

Frente a este reclamo, desde Arba señalaron que "es poner blanco sobre negro cuidando la competitividad de los puertos, cuidando que no haya desinversión pero considerando que también son plataformas comerciales y se debe gravar la carga y la descarga".

Sobre este tema, el ministro de la Producción, Martí­n Ferré, que mantuvo reuniones con las administraciones portuarias que reclamaron la eliminación de este gravamen, señaló que "todos sus requerimientos serán tenidos en cuenta pero serán los senadores quienes tendrán esa responsabilidad".Alertan que le pondrán candados

Tal como informó este medio recientemente, uno de los más complicados es el de San Nicolás. Se trata de una terminal estratégica que anualmente mueve más de 2,2 millones de toneladas.

José Luis Pinto, presidente de Casport, la principal operadora de carga de fertilizantes y mineral de hierro de ese puerto, explicó que "esto impacta muy fuerte porque afecta a los tráficos fundamentales, la importación de fertilizantes. Una tasa portuaria de esta naturaleza, nos deja fuera de mercado de manera indefectible".

Pinto alertó que "en los últimos diez años peleamos muy duro para que San Nicolás sea uno de los principales puntos para la carga general del paí­s. Pero este proyecto implica, lisa y llanamente, el cierre del puerto, la fuga de todas las empresas importadoras y exportadoras a otras zonas y la pérdida instantánea de los 2.000 puestos de trabajo vinculados con el sector".(c) iProfesional.com