Por decreto, el Gobierno modificará leyes de Migración, ART y recortará los feriados "puente"

El presidente Mauricio Macri prepara una batería de decretos de necesidad y urgencia (DNU) para retomar la iniciativa política: en los próximos días se oficializarán los cambios para endurecer los controles migratorios, reformar el esquema de feriados para eliminar los denominados "puente", y también para modificar la Ley de ART.

Como adelantó Infobae el martes, la reforma de la ley de Migraciones para restringir el ingreso de extranjeros con antecedentes penales y, al mismo tiempo, acelerar su salida en el caso de que cometan delitos y sean condenados en el país, quedará plasmada con la firma de Macri y los ministros Germán Garavano (Justicia), Patricia Bullrich (Seguridad) y Rogelio Frigerio (Interior), de quien depende la Dirección Nacional de Migraciones.

Entre otras medidas, el Gobierno buscará establecer convenios de información con Estados Unidos, Colombia y los países limítrofes, con foco en Paraguay y Perú. También, con las empresas aéreas de transporte de pasajeros a través de los sistemas API (Información Anticipada sobre Pasajeros) y RNP (Registro de Nombres de Pasajeros), así como intensificar los trabajos en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), en el Registro Nacional de las Personas (RENAPER), y en las fronteras.

En cuanto a los feriados, el propio Macri había adelantado la necesidad de reducirlos. En el 2015, en plena campaña electoral, consideró que se trató de una política que "no fue buena para el país ni para el turismo". A finales del año pasado, el Ejecutivo envió un proyecto al Congreso para mantener un esquema de 16 feriados al año.

Por último, en relación a los cambios en la ley de ART, la idea del Ejectutivo es adoptar los lineamientos del proyecto que tiene media sanción en el Senado y que demora el acceso a la Justicia laboral de los trabajadores al obligarlos a recurrir antes las comisiones médicas, organismos administrativos que tienden a otorgar indemnizaciones más bajas que las dictadas por los jueces.

De ese modo, el oficialismo busca "reducir la litigiosidad del sistema de riesgos de trabajo" mediante la "previsibilidad, costos laborales razonables y una reducción de la incertidumbre en la creación de nuevos puestos de trabajo".