Cambiemos vuelve a pagar un costo político por su postura sobre los DD.HH.
El titular de la Aduana, Juan José Gómez Centurión, volvió a encender la interna en la alianza de gobierno al declarar que la última dictadura militar "no fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio" e insistir que los desaparecidos fueron 8 mil.
Con las heridas aún abiertas por la controversia que se abrió en torno a la movilidad del feriado del 24 de marzo, los organismos de DD.HH, dirigentes de la UCR, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y hasta funcionarios de la Casa Rosada salieron al cruce de las declaraciones.
Como en un acto reflejo y en pos de morigerar las críticas, el ex militar emitió un comunicado en el que pidió “una sincera disculpa a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida por lo expresado o las interpretaciones derivadas de ella”. “Estas opiniones son de carácter absolutamente personal y no implica en forma alguna la forma de pensar del Gobierno ni de su equipo como tal”, agregó, sin retractarse.
La línea política del comunicado está en sintonía con la postura del gobierno, que intentó diferenciar la posición personal del funcionario de la que tomó la Casa Rosada. Con el mentado documento, el titular de la Aduana busca dar por terminado un tema que alcanzó difusión hasta en los diarios internacionales.
En la cuerda floja"Gómez Centurión tendría que leer el Nunca Más y la sentencia a las Juntas”, afirmó Ricardo Gil Lavedra. En diálogo con Télam Radio, el ex diputado nacional de la UCR y ex camarista federal se refirió a los dichos del titular de la Aduana y dijo, dando a entender que Gómez Centurión debería dar un paso al costado: “No es compatible esa manera de pensar con un funcionario de la democracia”.
“Que a esta altura de la democracia un funcionario pueda discutir que aquí hubo plan criminal orquestado por la juntas militares sinceramente causa estupor y dolor", sostuvo Gil Lavedra, que integró el tribunal que condenó a los dictadores de las primeras tres juntas militares y actualmente coordinada el programa oficial Justicia 2020.
En la misma sintonía que Gil Lavedra, la ex ministra de la Alianza, Graciela Fernández Meijide, aseguró: "Sí hubo un plan, esto no se discute más”. “No sé cómo un funcionario sigue discutiendo a la Justicia de la Nación”, añadió en la previa a la reunión que mantendrán referentes del radicalismo con el presidente Mauricio Macri.
El ministro de Justicia y DD.HH de la Nación, Germán Garavano, y el secretario de DD.HH, Claudio Avruj, fueron los que sentaron las bases de la postura oficial del gobierno: se desligaron de las afirmaciones del funcionario y las consideraron una "opinión personal".
Garavano expresó que "ya la Justicia se ha pronunciado" respecto al terrorismo de Estado, con lo cual "no tiene sentido volver a generar debates sobre un tema en el cual la Justicia ya se pronunció en numerosos casos" y reafirmó que, para el gobierno nacional, "es una política de Estado".
Por su parte, la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, encabezada por Avruj, a través de un comunicado de prensa, expresó que "esas opiniones son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno".
También fue consultada la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quién dijo que la posición del gobierno frente a las víctimas de la última dictadura militar es de “respeto” y consideró que ése “fue un momento muy doloroso para la historia que no vamos a cuestionar ni mucho menos”.
22 mil mentirasGómez Centurión había realizado declaraciones el domingo por la noche en el programa televisivo Debo Decir, que se emite en América TV, en las que había señalado que no compartía la “visión de la historia” que da cuenta de un “plan genocida” implementado tras el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. "No es lo mismo 8 mil verdades que 22 mil mentiras", aseguró, reavivando una controversia que ya había puesto en aprietos al propio presidente y que, en algún punto, derivó en el apartamiento de Darío Lopérfido del ministerio de Cultura porteño.
Como era de esperar, los organismos de DD.HH cuestionaron con dureza las declaraciones de Gómez Centurión –militar retirado y vinculado al movimiento carapintada-, las consideraron “una provocación” y pidieron su renuncia. Hasta la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner tuiteó: "La reiteración de estas manifestaciones entre funcionarios de un mismo gobierno demuestra que no es Gómez Centurión. Es Macri".
Luego de que hoy el gobierno volviera tras sus pasos con el decreto que declaraba “movible” el 24 de marzo, ¿qué decisión tomará el presidente Mauricio Macri respecto a Gómez Centurión, quien ya había sido desplazado por una denuncia de corrupción que había hecho correr el ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich y que logró reinsertarse en el gobierno con el apoyo, entre otros, de Elisa Carrió? ¿Alcanzará con un pedido de disculpas?