El nivel de empleo en el Estado nacional comenzó a decrecer durante la gestión del presidente Mauricio Macri: 6,5% acumulado en tres años, a contramano del aumento del 4% interanual que se registraba durante el último lustro de la administración de Cristina Kirchner. Claro que la baja no se dio en todos los ámbitos:  durante 2016 y 2018, en provincias y municipios el empleo estatal no paró de crecer.

Según el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), la cantidad de trabajadores en el sector público nacional se redujo 1% en 2016; 5% en 2017 y 0,5% en 2018.

Un informe de esa entidad indicó que la Nación ya explica apenas un tercio del empleo público total, "como resultado de un largo proceso de descentralización de las funciones estatales, que pasaron de la administración federal a las provincias.

La promesa de Macri al iniciar su gestión era reducir el número de trabajadores públicos para bajar el déficit fiscal y, a la vez, "desburocratizar" el Estado. "Hay que eliminar la grasa militante", había dicho el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, para graficar uno de los objetivos de Cambiemos.

"Definitivamente, el volumen del empleo público en el sector público nacional se redujo", afirmó el director de Gestión Pública del CIPPEC, Gonzalo Dieguez. Sin embargo, aclaró que no todo fue consecuencia de la eliminación lisa y llana de puestos. 

"Influyó, entre otras cuestiones, que 25.000 agentes de la Policía Federal pasaran a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires", explicó el experto. Esta decisión resulta clave al entender la reducción del 5% anotada en 2017. 

Como contrapartida a este fecto "achique", Dieguez recordó que entre 2010 y 2015, durante la gestión de la ex presidenta Cristina Kirchner, el empleo público se expandió a un ritmo del 4% interanual, "en un contexto en el que la economía no generaba trabajo".

"En 2016, se rompió la tendencia y comenzó a decrecer, básicamente por dos factores: una política muy fuerte que apuntó al orden y a la racionalización del empleo, que derivó en un achicamiento de la masa de agentes públicos, y el traspaso de la Policía. Al mismo tiempo, se aminoró la tendencia creciente de generación de puestos de trabajo público en provincias y municipios", resaltó.

No obstante, el directivo sostuvo que, en los últimos 15 años, el Estado "se diversificó. Hoy existe una estructura organizacional mucho más compleja que antes. Y no podemos entender la dinámica del empleo público disociada del federalismo fiscal".

El rol de las universidades

Otro informe de CIPPEC advirtió que "el déficit de un marco normativo homogéneo multiplicó formas de contratación que confluyeron en situaciones de inequidad y precarización laboral". 

Entre 2010-2015 y en 2016 -tanto en el Gobierno anterior como en el inicio del actual- alrededor de un tercio de los trabajadores estatales prestaban servicios a través de modalidades de contratación de obra y servicios, como así también mediante los convenios de cooperación a través de universidades.

Sobre este último punto, un decreto de febrero de 2016 suspendió los convenios entre las diferentes carteras y casas de estudios superiores. Este tipo de modalidad había generado polémica en los últimos meses de la gestión anterior: el Ministerio de Educación había autorizado partidas por casi $750 millones para financiar "programas académicos" destinados a las universidades, por fuera del presupuesto nacional.

El 80% de dichas partidas fueron para establecimientos educativos del Gran Buenos Aires que se crearon en los 12 años del kirchnerismo, según denunciaron sectores de la oposición. Incluso, desde el Poder Judicial, el fiscal federal Guillermo Marijuán inició una investigación para conocer el destino del dinero.

Uno de los casos más recordados se registró en el Centro Cultural Néstor Kirchner. Allí, casi 600 de sus 700 empleados habían entrado por los acuerdos entre el Ministerio de Planificación y las universidades de Tres de Febrero, La Matanza y General San Martín.

Decreto "freezer"

En julio del año pasado y por decreto, Macri congeló la incorporación de personal en el Estado nacional hasta el 31 de diciembre de 2019, es decir, ya terminado su actual mandato.

Sin embargo, quedaron afuera de esa decisión algunas áreas sensibles de la administración central, como la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Servicio Penitenciario, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), las Universidades Nacionales y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

Además de "freezar" las incorporaciones, el decreto estableció que los convenios vigentes de servicios de asistencia técnica con universidades nacionales, provinciales o privadas (AT) quedaban sin efecto desde el 1° de enero de 2019. En tanto que desde ese momento y hasta fin de año no se podrán celebrar nuevos.

También, se dispuso que el pago de bonificaciones, premios o incentivos deberá ser aprobados por la Comisión Técnica Asesora de Política Salarial del Sector Público; se redujeron gastos por viáticos; los pasajes aéreos en clase ejecutiva solo podrán usarlos los ministros o funcionarios de cargos más altos, con previa autorización del Jefe de Gabinete y se suspendieron las adquisiciones de autos oficiales.

Con estas medidas, el Gobierno prometió ahorrar $20.408 millones hasta el fin de su mandato.

De todas formas, lo que sobrevive en todas las gestiones es la existencia de empleados "en gris" que no pertenecen a la planta permanente pero que revistan en las oficinas estatales durante años bajo modalidades de contratos renovables.

Nuria Susmel, economista senior de la Fundación FIEL, explicó a iProfesional que "hay un punto en el empleo público de esta gestión, de la anterior y vaya a saber desde cuándo viene, que son los ‘AT’: Contratos de Asistencia Técnica".

Los mismos se firman con "personas que tienen una relación laboral que debería ser de dependencia. Porque asisten todos los días, cumplen horario, tienen vacaciones pero no cobran aguinaldo y siempre están en el mismo sector. Sin embargo, tienen un contrato a través de una universidad", detalló Susmel.

Además, comentó que "todas estas personas son monotributistas y no aparecen en ninguna estadística de empleo público". 

¿Cuántos son?

Según los últimos datos oficiales elaborados por la Secretaría de Modernización, la administración nacional y los entes públicos contaban en junio de 2018 con 393.243 puestos de trabajo, repartidos en 10 ministerios, la Jefatura de Gabinete de Ministros y Presidencia de la Nación. Entre las carteras con mayor cantidad se destacaban las de Defensa, con 111.124, y de Seguridad, con 100.234. Es decir, el 54 % de la dotación total.

La elevada concentración de puestos se explica, en buena medida, porque allí revista el personal no civil —militar y de las Fuerzas de Seguridad—, que representa el 49% de los empleos. 

Otras jurisdicciones con una importante plantilla —entre 20.000 y 55.000 puestos— son Salud y Desarrollo Social; Producción y Trabajo; Hacienda; Educación, Cultura y Ciencia y Tecnología. Así, seis ministerios emplean algo más del 85 % del personal, según datos oficiales.

Por su parte, las estimaciones de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) indican que a fines de 2018 en el sector público nacional había casi 707.000 personas, de las cuales 421.303 trabajaban en la Administración Nacional, y el resto en universidades nacionales, sistema financiero y empresas públicas.

En 2007, cuando Cristina Kirchner comenzó su primer mandato, había 501.817 empleados en el sector público; cuatro años después, cuando inició su segunda presidencia, la cifra había trepado a 590.914, siempre según los cálculos de FIEL.

Durante los tres períodos de Gobierno del kirchnerismo, entre 2003 y 2015, el Estado amplió sus funciones: a lo largo de ese lapso, se crearon ses nuevos ministerios, 25 organismos descentralizados, 20 universidades y 15 empresas.

Precisamente, en las firmas controladas por el Estado nacional se dio el mayor crecimiento de la plantilla de empleados: 349% en doce años, principalmente en Correo Argentino, AySA, Aerolíneas Argentinas, YPF y Nuevos Ferrocarriles Argentinos.

En 2015, el porcentaje en relación al total de trabajadores era del 18,1%; ese número ubicaba a la Argentina muy por encima del promedio de América Latina, que era del 12,7%.

Provincias y municipios

Datos del Ministerio de Hacienda indican que la reducción de empleos en la administración nacional no se vio reflejada, hasta el momento, en las administraciones provinciales y municipales. En el primer caso, entre diciembre del 2015 y el mismo mes de 2018, el personal estatal se incrementó en un 2,5% para llegar a poco más de 2,3 millones de agentes.

Según ese organismo, los tres distritos con mayor cantidad son: Buenos Aires (581.825), Ciudad de Buenos Aires (183.936 sin contar el traspaso de la Policía Federal) y Santa Fe (159.151).

En los municipios, el incremento fue mayor: trepó 3,7% en los últimos tres años, porcentaje que engloba a 21.250 empleados más.

Para el  CIPPEC, "el crecimiento en las provincias y municipios tiene su correlato en las cuentas públicas, donde los salarios explican en promedio la mitad del gasto público".