El exministro de Energía Juan José Aranguren declaró en Comodoro Py en la causa que se investiga si participó de "negociaciones incompatibles con la función pública" por haber tomado desde el gobierno decisiones que habrían beneficiado a la petrolera Shell cuando todavía era accionista de esa compañía. Con esta, sumaría ocho acusaciones en su contra por el mismo tema.

Télam dijo que si bien la indagatoria estaba prevista para el miércoles, el viernes pasado el juez Luis Rodríguez dispuso que fuera reprogramada para el martes 19 a pedido de la defensa del propio exfuncionario, que invocó "problemas de agenda".

Antes de prestar declaración, el exfuncionario negó haber beneficiado a la petrolera en la que había trabajado durante 37 años. Cuando Mauricio Macri lo convocó a su Gabinete para hacerse cargo del extinto Ministerio de Energía y Minería, Aranguren se retiró de Shell y, como gratificación, la petrolera le entregó acciones.

En aquel momento, la líder de la Coalición Cívica (CC-ARI), Elisa Carrió, criticó a Aranguren al decir que el ministro "no podía lanzar una licitación para comprar gas y adjudicárselo a una empresa donde tiene acciones".

Luego, en mayo de 2016 los diputados kirchneristas Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, iniciaron una denuncia en la que acusaron a Aranguren de beneficiarse con el aumento de la tarifa del gas a raíz de su "doble rol como funcionario público y accionista de Shell S.A.".

Los legisladores denunciaron que en su declaración jurada patrimonial integrada, Aranguren, ex CEO de la filial argentina de la petrolera de origen anglo-holandesa, declaró poseer "más de trece millones de pesos en acciones ‘clase A’ de la empresa Royal Dutch Shell", que vendería meses después.

Doñate y Tailhade relataron que el 28 y 29 de marzo de 2016, resoluciones ministeriales publicadas en el Boletín Oficial autorizaron el aumento de tarifas en el PIST (Punto de Ingreso al Sistema de Transporte) a la empresa Shell, a la que por entonces estaba vinculado Aranguren.

También habían denunciado que por esa decisión se autorizó la "compra de gas a Chile en forma directa, y pagando tarifas mucho más caras de las que se venían pagando a Bolivia", lo que habría puesto "en situación de privilegio a la empresa Shell, que es dueña de BG, la mayor proveedora de gas al vecino país trasandino".