Juntos por el Cambio propone congelar los sueldos del Poder Ejecutivo y la Justicia

El interbloque Juntos por el Cambio de la Cámara de Diputados presentó este lunes un proyecto de declaración en el que instan al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial y al Ministerio Público Nacional a imitar los pasos del Poder Legislativo y suspender por 180 días "cualquier incremento en las remuneraciones" de los funcionarios.

La iniciativa surge luego de que el viernes pasado el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y la titular del Senado, Cristina Kirchner firmaran una resolución para congelar las dietas por el plazo de 180 días de legisladores nacionales, autoridades, y en el caso de la Cámara baja también del "personal político".

Las resoluciones del Senado y la Cámara de Diputados señalaron que la medida se tomó en el marco de la emergencia económica aprobada recientemente por el Congreso y con el argumento de que "resulta imprescindible transitar el camino de la austeridad en la función pública".

Con este antecedente fresco, Juntos por el Cambio redobló la apuesta y ahora exige que los otros poderes del Estado "adopten idéntico criterio".

Específicamente, la oposición reclama que el congelamiento de "las remuneraciones por todo concepto" alcance al presidente Alberto Fernández, a la vicepresidenta Cristina Kirchner, a "ministros, secretarios, subsecretarios y cargos equivalentes del Poder Ejecutivo Nacional y magistrados del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Nacional".

"Asimismo, veríamos con agrado que idéntica determinación fuera adoptada para los cargos jerárquicos de todas las jurisdicciones y entidades del Poder Ejecutivo Nacional comprendidas en los incisos a), b), c) y d) del artículo 8° de la Ley 24.156 de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional", agrega el proyecto de declaración.

Por otra parte, la iniciativa comprende la solicitud expresa al Gobierno para que durante el transcurso de la emergencia por 180 días declarada por ley se prohíban nuevos ingresos al Poder Ejecutivo, "sea por designaciones o contrataciones bajo cualquier modalidad y fuente de financiamiento presupuestaria o extra presupuestaria".