En la estructura oficial que se está armando para manejar los entes y organismos vinculados con la industria de las telecomunicaciones, parece haber lugar para ex funcionarios vinculados en su momento al armado de la antigua ley de medios con la que el kirchnerismo quiso terminar con el liderazgo del Grupo Clarín.

La totalidad de estos despachos dependerán de la Jefatura de Gabinete que comanda Santiago Cafiero, quien será el que imparta las políticas y los objetivos para este sector a partir del pensamiento del presidente Alberto Fernández.

Un sector considerado fundamental dentro del armado del Frente de Todos, si se tiene en cuenta que representa casi el 3% del PBI de la Argentina.

Si bien en el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) los nombramientos en el directorio estarían casi confirmados y Claudio Ambrosini será el titular del ente, hay nombres en danza que preocupan a las empresas del sector por su lineamiento con las políticas del pasado.

Es decir, de cuando Cristina Kirchner continuó con la avanzada de Néstor Kirchner no solamente para dividir al holding de medios más grande de la Argentina sino también para intentar controlar a las empresas telcos y, a la vez, usar la caja de las sociedades del Estado a cargo de las estrategias tics.

Mientras en el caso de ARSAT sigue la puja de nombres para ocupar los principales sillones en el directorio de la sociedad, algunos apellidos de ex funcionarios que estarían a punto de volver a la función pública hacen sospechar del regreso a esas viejas épocas de políticas de confrontación y al sostenimiento de la "grieta" que el propio Jefe de Estado dice combatir.

Más que nada entre los que figuran en las segundas líneas de los organismos vinculados al sector de las telecomunicaciones. Como los de la Secretaría de Innovación y la Subsecretaría de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (SETIC).

En estos dos casos, en el sector privado hay confianza en las designaciones de Micaela Sánchez Malcom y de Martín Olmos, quienes llevarán a cabo las las normativas relativas a la innovación administrativa y tecnológica del Estado nacional.

Ambos funcionarios fueron confirmados mediante el decreto 86/2019 de la Jefatura de Gabinete que publicado el pasado sábado 28 de diciembre.

Como parte de esta estructura, de la Secretaría de Innovación Pública dependerá la ahora Subsecretaría TIC, a cargo de Olmos, cuya designación también se publicó oficialmente este sábado.

También controlará varias subsecretarías como las de Gestión Administrativa; de Innovación Pública; de Gobierno Abierto y País Digital, entre otras.

Además, suma a la Oficina Nacional de Contrataciones y tendrá a su cargo el control "tutelar" del Enacom, organismo que reguló las comunicaciones durante la anterior gestión.

En los casos de Micaela Sánchez Malcom y de Martín Olmos, no hay dudas entre los empresarios sobre la calidad académica de ambos funcionarios, a quienes califican como "impecables" a la hora de analizar sus perfiles profesionales, más que nada por la experiencia de ambos en un sector de tan alta complejidad como es de las telecomunicaciones, que en países desarrollados constituye un dinamizador del crecimiento social institucional y económico.

Sin embargo, las advertencias parten cuando se escuchan otros nombres que suenan para manejar las políticas "detrás de escena". El caso más importante es el de Martín Becerra, actualmente investigador principal en el CONICET y docente en diversas universidades nacionales, especializado en medios de comunicación e industrias culturales.

Un académico altamente crítico a la participación de los grandes medios y empresas telcos en el marco de la convergencia de las telecomunicaciones, al punto que fue co-redactor de la Ley de Medios del kirchnerismo junto con Luis Lázaro, otro nombre que estaría de regreso como director en el Enacom en representación del oficialismo.

En el caso de Becerra también se desempeña como jefe de cátedra de Olmos y de Sanchez Malcom y estaría anticipando que será designado como asesor del titular de la Subsecretaría TIC.

Es decir, que operará como el verdadero hacedor de las políticas en el sector mientras que las funciones de sus compañeros de cátedra pasarían a usarse como un escudo de "imparcialidad" por parte del Gobierno para mostrar equidistancia de las anteriores persecuciones del kirchnerismo contra los medios críticos y las empresas extranjeras.

Con 52 años de edad y conocido por su autocracia, asesora además a Colsecor, una cooperativa de primer grado integrada por cooperativas y Pymes de todo el país, que prestan servicios de televisión por suscripción y telecomunicaciones.

Dicen quienes conocen de esta industria que el nombramiento de Becerra como asesor se contradice con su cargo de investigador del Conicet y de sus cátedras en la UBA y en la Universidad de Quilmes ya que por el grado de dedicación que debe tener en ambas tareas no debería tener tiempo para actuar como "asesor" en el Gobierno.

Hace poco, como previendo su influencia, comenzó a desplegar artículos, entre otros temas, sobre la "federalización de Arsat" o la revisión de la política de espectro.

Es más, su condición de asesor de Colsecor entraría en colisión con su posible regreso a las políticas públicas debido a que esta cooperativa en conjunto con Catel, solicitan espectro fuera de los parámetros existentes.

A esta dudosa historia de vinculaciones se le suma la convocatoria que Becerra le habría hecho a Anabel Cisneros, otro apellido vinculado a la vieja tropa cercana a La Cámpora y que trabajo en los pliegos de 4G que dejaron fuera de la licitación al Grupo Clarín y terminaron defraudando las expectativas de la dupla Vila Manzano.

Al habe sido parte de la ex AFTIC, Cisneros logró mantener contactos en la industria que le permitieron "vivir" asesorando sobre temas de espectro, entre otras cuestiones.

De hecho, ahora se la menciona como posible asesora de los nuevos responsables del área, precisamente en materia de espectro.