La necesidad de mantener la economía a flote en el contexto de la cuarentena general por el coronavirus, llevó al Gobierno a tomar nuevas medidas económicas.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el titular de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni, anunciaron este lunes que el Estado brindará una suma fija por única vez a monotributistas y trabajadores informales afectados por el aislamiento obligatorio. Se trata de un bono de $10.000.

El llamado "ingreso familiar de emergencia" será un pago único, pero "podría repetirse, si la situación lo amerita", según explicó Guzmán.

Según estimaron los funcionarios, el beneficio alcanzará a 3,6 millones de familias, entre los que se encuentran: trabajadores independientes en situación de informalidad, personal doméstico informal, y monotributistas de las clases A y B. Comprende a personas de entre 18 y 65 años.

Como condición para cobrar este bono, el ministro Moroni especificó que se debe ser residente legal (con dos años de antigüedad) y no se debe poseer otro ingreso. Es decir que "no puede ser jubilado o pensionado, ni debe poseer rentas financieras".

Según explicó el titular de Trabajo, los beneficiarios del "ingreso familiar de emergencia" deberán inscribirse en la página web de Anses y se tratará de que el trámite sea sencillo y rápido. "Esperamos que en los primeros días de abril ya esté habilitada la aplicación para que puedan inscribirse", anticipó.

Además de los anuncios de este lunes, trascendió que está en estudio la suspensión del cobro de los servicios de luz y gas. Esta suspensión se extendería por tres meses.

Pero una de los puntos que varios economistas señalaron al Gobierno es que buena cantidad de familias tendrán problemas para pagar los servicios básicos. Así es que parte del anuncio incluye que durante tres meses no se cobren la luz el gas y el agua en toda la Argentina.

También habrá una ayuda para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y los pequeños comercios,y se analiza la prohibición de desalojos.

Alberto Fernández había definido las medidas en las últimas horas con su gabinete económico y social. "A partir de mañana (por este lunes) vamos a cómo resolvemos el problema de taxistas y montributistas, que no los estamos dejando desamparados", dijo el Presidente en declaraciones a la televisión en las que precisó que también se atenderá a los perceptores de la AUH y el pequeño comerciante.

"Todos esos casos van a tener respuesta y vamos a gastar lo que sea necesario para que la gente esté tranquila", aseguró el jefe de Estado.

La cartera laboral de Claudio Moroni recibió pedidos en los últimos días de parte del colectivo de monotributistas organizados. La agrupación surgida a partir del rechazo al aumento del 51% en ese impuesto en enero pasado reunió más de 96.000 firmas en cuatro días para exigir medidas urgentes, comenzando por la suspensión de las obligaciones fiscales durente el período de emergencia y un seguro de desempleo inmediato que garantice la vivienda y el alimento. Asimimo, solicitaron una cobertura de las obras sociales, un tema que incomoda a la CGT.

Universo de trabajadores informales

A los 5 millones de monotributistas, se suman unas 7 millones de personas que enfrentan un panorama aun más desafiante: se trata de los trabajadores informales, comúnmente conocidos como quienes trabajan "en negro", así como los desocupados.

Es decir, un universo total de 12 millones de personas que están quedándose sin ingresos o ven cómo los mismos están bajando en momentos de cuarentena.

El último dato oficial del INDEC revela que hay 4.802.000 puestos de trabajo de asalariados sin aportes a la Seguridad Social y otros 1.900.000 desocupados urbanos. En su mayoría, son jefes del hogar o son responsables del ingreso familiar más importante.

El grueso de los puestos de trabajo de asalariados "en negro" comprende al personal doméstico (1.214.000 personas), comercio (701.000), tareas relacionadas con el agro (577.000), la construcción (518.000) y la industria (516.000).

Por desempeñarse en la precariedad y en la informalidad, difícilmente cobren sus jornales o sueldos durante la "cuarentena", como marca la Resolución del Ministerio de Trabajo para los trabajadores que siguen trabajando o lo hacen desde sus casas.

En promedio, este universo de personas percibe menos de la mitad de lo que cobran los que están registrados. Un aliciente es que los que tienen hijos menores, perciben la AUH (Asignación Universal por Hijo) y el próximo viernes 27 cobran un adicional de $ 3.103 por hijo, según informó la ANSeS.

Si la recesión hacía casi imposible encontrar empleo, la cuarentena directamente impide que los desocupados puedan desplazarse para buscar trabajo, sin contar que hay una semiparálisis de la actividad, con negocios directamente cerrados.

Suspensión de tarifas, en estudio

El Gobierno evaluaba este fin de semana un decreto para suspender el pago de servicios, una situación que afecta sobre todo a quienes viven de changas y tienen que pagar el alquiler, junto con el agua y la luz. La idea es proteger a propietarios, inquilinos, cooperativas y pequeños comercios. Otra de las ideas que se baraja es la suspensión de desalojos y evitar la ejecución de las hipotecas sobre créditos para la vivienda UVA.

Este paquete de medidas se inspiraría en el proyecto presentado por la senadora nacional por el Frente de Todos, María de los Angeles Sacún, que solicita la continuidad de los servicios públicos esenciales y la protección de la vivienda familiar durante la pandemia de coronavirus.

La iniciativa de la senadora contempla: 

1) Prohibir a las empresas prestadoras de los servicios de luz, gas y agua suspender o cortar los servicios por falta de pago a propietarios e inquilinos residenciales de vivienda única urbana o rural,

2) La Secretaria de Energía no podrá aumentar los precios máximos de referencia para la comercialización de garrafas de GLP con destino a consumo domiciliario y deberá controlar la satisfacción de la demanda existente.

3) Suspender durante el plazo de emergencia los desalojos de viviendas destinadas a única vivienda residencial urabana y/o rural.

4) Los contratos de locaciones urbanas y/o rurales destinados a vivienda única no podrán mientras dure la emergencia ser aumentados en cuanto a la cuota a pagar por parte de los locatarios.

5) Instar a las entidades bancarias a no ejecutar hipotecas sobre créditos UBA y otras modalidades, sobre o con la finalidad de adquirir viviendas únicas mientras dure la emergencia.

6) Protección tarifaria a pymes y cooperativas, instituciones de salud y entidades de bien público.

La prohibición de los despidos, en cambio, no estaría en la agenda oficial. Las autoridades sostienen que está vigente la doble indemnización, implementada en diciembre pasado con la sanción de la Ley de Emergencia. El Gobierno anunció días atrás una ampliación de los subsidios a los salarios (Repro) para preservar las plantillas de las empresas en dificultades.

La situación es delicada: el sector petrolero avanzó en suspensiones masivas y hay temor en varios sectores por eventuales recortes de personal.