Alberto Fernández tomó la decisión de avanzar en la "fase 2" del plan de salvataje a las pequeñas y medianas empresas luego de ver los detalles del lento progreso que mostraban los bancos para aprobar las carpetas de sus clientes en problemas.

La idea original, de otorgar créditos a una tasa del 24% anual para el pago de los salarios, chocó con la resistencia de la entidades financieras. El informe oficial dictaminó que, antes del fin de semana, sólo se habían desembolsado $76.000 millones, el 21% del total prometido ($350.000 millones).

Y que, de ese monto global, los bancos extranjeros sólo habían otorgado el 22 por ciento. "Si seguíamos así, las pymes iban a bajar las persianas antes de que les llegara la ayuda", razona con vehemencia un funcionario clave del equipo económico, que pasó el fin de semana puliendo las nuevas medidas.

Esas iniciativas -publicadas en el primer minuto del lunes en el Boletín Oficial- finalmente incluyó una ayuda crediticia a tasa de interés del cero por ciento a monotributistas y autónomos,

La idea de que el Estado preste a una tasa totalmente subsidiada a los monotributistas (comercios, pequeñas pymes e individuos) más afectados por la crisis había partido de Matías Kulfas en el inicio de la cuarentena.

En ese momento, Alberto F. eligió un camino más cuidadoso de las cuentas fiscales. Pero más cuidadosos parecieron ser los bancos de sus balances, al rechazar las carpetas de sus clientes pymes en riesgo.

Desde el equipo económico arribaron a la conclusión que, de no actuar con contundencia, cientos de empresas cerrarían sus puertas. Algunos empresarios cercanos al Gobierno -sobre todo cámaras pymes- fueron las que pusieron en alerta a los funcionarios. "Llega un momento que conviene cerrar en vez de acumular una deuda que se hará impagable", razonó uno de esos empresarios.

De acuerdo a los datos oficiales, el costo fiscal por los anuncios del último mes ya asciende a $850.000, equivalente a tres puntos del Producto Bruto.

Con el diagnóstico en la mano, el Presidente adelantó una decisión que ya se venía evaluando, tal vez para adoptarla más adelante: que el Estado se hiciera cargo de parte de los salarios de todas las empresas en problemas por la cuarentena.

Y también de prestarles a tasa ciento por ciento bonificada a monotributistas y autónomos. Esos créditos recién se empezarían a pagar dentro de seis meses (a partir de noviembre), en 12 cómodas cuotas, cuando (se espera) los efectos de la pandemia hayan pasado y la inflación diluya una parte relevante de esas cuotas.

"El objetivo es ampliar el paquete de ayuda y hacerlo más sencillo y dar certidumbre a las empresas que están padeciendo los efecto de esta pandemia", explicó el propio Kulfas durante la conferencia de prensa en la que se explicaron las medidas.

Para tener una idea de la cantidad de empresas que se encuentran en dificultades por la cuarentena, resulta revelador un informe que acaba de publicar el Ieral (Fundación Mediterránea).

• El 36% del total de empresas se encuentran directamente inactivas (218.000 sobre un total de 605.000 compañías).
• Esa cantidad podría elevarse a 332.000 si se incluyen a las que tienen serias dificultades para desarrollarse con normalidad.
• Y a 401.000 si también se abarca a las empresas que apenas están produciendo pero con una dotación mínima de personal.

El informe destaca lo que está sucediendo con el sector comercial. "En el caso del comercio, 62.100 se consideran actividad esencial, pues venden productos cuyo expendio está exceptuado. Por otra parte, hay alrededor de 84.100 empresas comerciales sin actividad".

Obviamente, esta realidad golpea sobre el mundo del trabajo.

Dice Ieral: cuatro de cada diez puestos están directamente vinculados con actividades que se encuentran paralizadas por la cuarentena.

Así, de los 6,4 millones de empleos formales, alrededor de 2,55 millones son empleados que dejaron de concurrir a sus lugares de trabajo.

Existe, por otra parte, un 16% de empleos formales (un millón) en actividades con posibilidades de realizar trabajo a distancia (no implica que efectivamente lo estén realizando).

Hay a su vez unos 750.000 trabajadores que se desempeñan en empresas que están operando al mínimo de su capacidad, afectadas por la cuarentena.

Y, finalmente, el informe asevera que 2,1 millones de trabajadores continúan en servicio debido a que forman parte de las dotaciones de los denominados "servicios esenciales".

"Estamos evitando que se corten los contratos de trabajo y se mantengan las actividades productivas" dijo, durante la misma conferencia del lunes a la tarde, el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, avalando la postura de su colega de Desarrollo Productivo.

En los próximos días se podrá cotejar si, esta vez, el socorro estatal a las empresas y los trabajadores llega. Y si llega a tiempo.