El pedido de un funcionario K por la libertad de Jaime y Martín Báez abrió otra interna en el Gobierno
El Gobierno se despegó este lunes de las presentaciones que hizo el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, para interceder por Martín Báez y Ricardo Jaime, y afirmó que esas acciones fueron realizadas "a espaldas" del Ministerio de Justicia.
"Actuó a espaldas del Ministerio", señalaron fuentes del Gobierno a la agencia Noticias Argentinas, luego de que este lunes se conociera que, además de pedir por Jaime, el secretario realizó una presentación a favor del hijo de Lázaro Báez.
En Casa Rosada aclararon que no estaban al tanto de la decisión de Pietragalla, que tampoco avisó -según las fuentes consultadas- al Ministerio de Justicia que encabeza Marcela Losardo, y a quien responde la Secretaría.
Los pedidos que efectuó Pietragalla generaron críticas de la oposición y también el rechazo de los familiares de la Tragedia de Once, ya que Jaime, que se encuentra en medio de una huelga de hambre desde la semana pasada, fue condenado por el accidente ferroviario ocurrido en febrero de 2012.
En medio de esa polémica y de los reclamos de decenas de presos por salir de las cárceles a raíz del temor de contagiarse coronavirus, Losardo encabezó este lunes a una videoconferencia para "analizar y evaluar" la situación del Servicio Penitenciario Federal en la pandemia.
"En el encuentro se evaluó el impacto de las medidas que impone la cuarentena en las unidades penitenciarias federales", indicó el Ministerio en un comunicado.
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En ese marco, precisó que "los participantes intercambiaron opiniones y analizaron de manera conjunta cómo seguir trabajando de forma articulada para atenuar las dificultades que afectan a los internos y al personal del Servicio Penitenciario Federal".
Participaron del encuentro Ángela Ledesma, presidenta de la Cámara Federal Penal de Casación; Stella Maris Martínez, defensora general de la Nación; Ariel Cejas Meliare y Andrea Triolo, de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
También formaron parte de la conferencia virtual Juan Manuel Irrazabal y Alan Iud del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura; y Paula Lipvachky, directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Losardo estuvo acompañada por la Ministra el secretario de Justicia, Juan Martín Mena, y el subsecretario de Política Criminal, Pablo Barbuto.
El pedido por Báez
La Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Horacio Pietragalla pidió a la Justica la libertad de Martín Báez, hijo del empresario Lázaro Báez, quien está detenido por presunto entorpecimiento de la investigación de la denominada "Ruta del dinero K".
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El pedido fue hecho ante la Cámara de Casación Federal y se suma al que ya había hecho la oficina a favor del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, condenado por la Tragedia de Once.
Martín Báez está detenido en Ezeiza y días atrás reclamó su libertad, al argumentar que la prisión preventiva era arbitraria y además se sentía en riesgo frente al contagio de coronavirus dentro del penal.
El Tribunal Oral Federal 4 le negó el pedido, al considerar que no superó los plazos legales con preventiva -está desde febrero de 2019 y el período máximo es de dos años-, y además existe la presunción de que si recupera la libertad puede entorpecer la investigación.
El juicio por lavado de dinero aún está en curso, pero suspendido ahora por la pandemia del coronavirus.
Martín Báez fue detenido porque la Justicia detectó que movilizó millones de pesos a cuentas en el extranjero, con el supuesto objetivo de evadir la investigación.
El escrito presentado por la Secretaría de Derechos Humanos deberá ser evaluado por la Cámara Federal de Casación Penal.
"Si el supuesto riesgo procesal fuera la posibilidad de que el imputado realice movimientos financieros, existen otras medidas cautelares alternativas y eficientes para lograr dicho fin, sin someter a la persona a una privación de su libertad sin condena", justificó la Secretaría.
Y agregó: "Nos referimos a medidas cautelares tradicionales de inhibición general de bienes o embargos; o incluso podría hasta pensarse en una prisión domiciliaria sin acceso a internet, a través de inhibidores de antenas, lo cual impediría cualquier movimiento financiero vía web. Lógicamente, cualquiera de estas alternativas a la prisión preventiva deben descartarse antes de dictar la medida que debe evitarse según las normas locales y también internacionales".