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Alerta por avance sobre gigante Vicentin: campo y oposición advierten por el regreso de la Junta Nacional de Granos

Alerta por avance sobre gigante Vicentin: campo y oposición advierten por el regreso de la Junta Nacional de Granos
Exfuncionarios y referentes del agro lanzaron duras críticas contra la decisión del Gobierno, que busca estatizar a la empresa, fuertemente endeudada
Por Federico McDougall
08.06.2020 18.27hs Política

El presidente Alberto Fernández anunció hoy la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención del grupo cerealero Vicentin y anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

El jefe de Estado, en una conferencia de prensa brindada en la Quinta de Olivos, dijo que con esta decisión la Argentina está "dando un paso hacia la soberanía alimentaria".

El Presidente precisó que todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro y que al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un economista que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y es especialista en finanzas y en economía agropecuaria.

"Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción", explicó Fernández, quien estuvo acompañado por el ministro de Desarrollo productivo, Matías Kulfas, y la senadora Anabel Fernández Sagasti.

Lluvia de críticas

En este contexto, comenzaron a alzarse las voces que criticaron la decisión. El exministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, dijo que "por lo que dijo el presidente Alberto Fernández, sobre que se necesita una empresa testigo en Argentina quieren hacer una Junta Nacional de Granos".

"Tengo la obligación de mirar cómo va a actuar el Estado en un mercado que no necesita intervención porque es transparente", sostuvo, para luego agregar que "me van a decir que hay 1.600 trabajadores o productores y es cierto pero hay que mirar otro carril", sostuvo, para luego recalcar que esta situación es como "cuando estatizaron Ciccone por la soberanía monetaria".

A su turno, el exministro de Agricultura, Luis Etchevehere, consideró que "se trata de una muy mala noticia la intervención/expropiacion de Vicentin por decreto. El Estado se mete en una aventura empresarial que ya sabemos que termina con todos los argentinis pagando la fiesta". 

En paralelo, el ex senador senador de Pro, Federico Pinedo, dijo en Twitter que se trata de "una seña trágica".

A su turno, el diputado nacional de la UCR por Mendoza Luis Petri se preguntó: "Intervienen Vicentin para saber qué hay en la empresa, y si no saben que hay, ¿por qué expropian?".

"Las respuestas respecto de qué hacer con Vicentin están en la Ley de Concursos y Quiebras. Allí se regula qué hacer con una empresa en concurso, eso es lo que diferencia un estado de derecho, su seguridad jurídica, algo que con este gobierno empieza a brillar por su ausencia", subrayó Petri.

El diputado nacional del PRO Luciano Laspina señaló que tiene "dudas sobre la expropiación de Vicentin a la luz del antecedente de YPF, que costó u$s8.000 millones y un juicio por 13.000 millones en NY, y aún se esperan los beneficios".

En paralelo, desde la Sociedad Rural Argentina (SRA) expresaron que ven "con suma preocupación la intervención al Grupo Vicentin vía DNU", así como su eventual expropiación a través de un proyecto de ley

"La historia nos demuestra que las intervenciones del Estado en el comercio de granos en particular y los mercados agropecuarios en general han creado siempre severas distorsiones, que terminaron provocando problemas más graves que los que se pretendía solucionar", advirtió la entidad ruralista.

En un comunicado de prensa, la Sociedad Rural aseguró, que, contrario a lo anunciado, el Estado "a través de la Justicia, cuenta con los medios e instrumentos para canalizar el concurso preventivo de este importante operador del mercado de granos y al mismo tiempo fortalecer las instituciones y los derechos de propiedad".

Junta Nacional de Granos: un proyecto polémico

Las luces de alerta por una posible Junta Nacional de Granos se encendieron a fines de 2019: cuando todavía no había sido designado canciller, el entonces diputado nacional Felipe Solá habló de la necesidad de aumentar la intervención del Estado en la comercialización de los productos agropecuarios, mediante el regreso de la Junta Nacional de Granos y Carnes, como herramientas para frenar los aumentos de los alimentos. 

Además, a mediados de mayo, el secretario adjunto nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, aseguró que "es hora de que el país vuelva a tener una Junta Nacional de Granos", y afirmó que "las grandes cerealeras acopian la riqueza de la Argentina mientras en su territorio recrudece el hambre", informó la organización.

En paralelo, un comunicado firmado por Aguiar respaldó el proyecto de ley de la senadora rionegrina Silvina García Larraburu para recrear "una Junta Nacional de Granos (JNG)", y explicó que la iniciativa servirá para recuperar "la soberanía alimentaria necesaria para combatir el hambre, que crece a diario en el país".

La Junta Nacional de Granos fue un organismo descentralizado creado en 1933 y disuelto por el ex presidente Carlos Menem en 1991, y su función era la adquisición y reventa de los productos del campo. 

En el proyecto, la senadora del Frente de Todos propone crear la Junta Nacional de Granos como ente autárquico con vinculación con el Ministerio de Agricultura de la Nación con el fin de "controlar el comercio de cereales, oleaginosas y sus subproductos", "garantizar la provisión interna de cereales, oleaginosas y sus subproductos, independientemente de lo que suceda en el mercado externo", "tomar medidas activas con el fin de evitar los monocultivos", "producir una concientización en los productores para que proyecten sus siembras en función de los saldos de exportación o importación de cada grano, garantizando la estabilidad interna de sus precios".

También promueve para el organismo "fiscalizar el pesaje de los granos en el acto de la entrega o recepción, en cualquier etapa de su comercialización, manipulación o transporte", "autorizar la carga o el embarque de granos y sus subproductos, que se exporten, debiendo prohibirlo cuando la mercadería o las operaciones respectivas no se ajusten a las disposiciones vigentes".

Y reserva para la Junta Nacional de Granos "proponer al Poder Ejecutivo los precios mínimos a fijar para los distintos granos y las normas de aplicación". La iniciativa contempla como funciones "fijar, con aprobación del Poder Ejecutivo, los cupos de exportación para los granos y sus subproductos".

También se detalla que "toda persona, física o jurídica, para actuar en el comercio interno o externo de granos del país, deberá inscribirse en un registro que llevará la Junta Nacional de Granos. Sin este requisito no podrá realizar transacciones, incluso en las bolsas y mercados, no podrán las autoridades aduaneras expedir a los exportadores el permiso de embarque correspondiente".

El nuevo interventor: exfuncionario K

Este mismo lunes se conoció que quien será interventor en Vicentin es Roberto Gabriel Delgado, quien fuera director del ex Centro de Investigación en Ciencias Políticas, Económicas y Sociales (CICPES) del INTA, hoy Centro de Investigación en Economía y Prospectiva (CIEP).

Además, entre 2013 al 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, fue secretario de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación.

En 2013 y por un periodo de 6 meses asumió como Gerente General de INTeA S.A. (Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias), unidad de soporte y nexo entre el INTA y los actores de la cadena agroindustrial.

Así es como el Estado avanza sobre Vicentin

Para el Presidente, la medida no sólo tendrá relevancia por la continuidad de la empresa sino que, aseguró, "le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario",

Fernández anunció la firma del DNU con la intervención de la empresa y a la vez anticipó que remitirá al Congreso un proyecto de Ley de Expropiación de Vicentin para "declararla de utilidad pública".

"Los argentinos tenemos que estar muy contentos porque estamos dando un paso hacia la soberanía alimentaria", afirmó el mandatario al describir "un mundo post pandemia que va a poner a los alimentos en el centro de la discusión".

Fernández señaló que la decisión busca "aprovechar la capacidad de gerenciamiento de YPF" y resaltó el rol que tendrá en el análisis de situación de la empresa el nuevo Ceo de la petrolera nacional, Sergio Affronti, quien se encontraba presente al momento del anuncio.

El 10 de febrero pasado, la empresa Vicentin, una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina, solicitó la apertura de su concurso preventivo de acreedores, tras la cesación de pagos en la que cayó en diciembre, cuando no pudo hacer frente a deudas con proveedores por US$ 350 millones.

En total, la deuda de Vicentín es de US$ 1.350 millones, de los cuales unos US$ 1.000 millones son con los bancos y otros US$ 350 millones con empresas del sector agrícola.

El Banco Nación es el principal acreedor de la empresa, por un monto superior a los $18.000 millones, seguido por el Provincia, con $ 1.600 millones, y el Banco de Industria y Comercio Exterior (BICE), con $ 5 millones.

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