El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno consideró que la anunciada intervención del Grupo Vicentin "es una decisión extrema" del presidente Alberto Fernández y advirtió que el Poder Ejecutivo "no tiene jurisdicción para designar un interventor en una compañía privada".

A la vez, el ex integrante del Ministerio de Economía afirmó que "no hay dudas" de que algunos funcionarios del actual Gobierno "les falta inteligencia práctica".

"La primera reflexión es que el Poder Ejecutivo no tiene jurisdicción para designar un interventor en una compañía privada. Sí puede definir su expropiación, previa ley del Congreso y la tasación que corresponde", sostuvo el dirigente peronista. En ese sentido, señaló que "al haber presentado al interventor se apresuró. Ahí hay un desorden".

En diálogo con Radio Rivadavia, el ex funcionario insistió en que "no es posible que intervenga la compañía, porque no son facultades del Poder Ejecutivo designar interventores: sólo lo puede hacer el Poder Judicial".

Para el exsecretario de Comercio, el Presidente se excedió en sus facultades

El anuncio

El Presidente anunció la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia para la intervención del grupo cerealero Vicentín y remitirá al Congreso un proyecto de ley de expropiación para afrontar el proceso de concurso preventivo que podría derivar en su quiebra.

Precisó que todos los activos del Grupo Vicentín pasarán a ser parte de un grupo fiduciario que estará a cargo de YPF Agro y que al frente de la intervención estará Gabriel Delgado, un economista que actualmente se desempeña en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) y es especialista en finanzas y en economía agropecuaria.

"Es una operación de rescate de una empresa que está en concurso preventivo de acreedores, y que permitirá su continuidad, dar tranquilidad a sus trabajadores y garantizar a unos 3.000 productores que tendrán a quien seguir vendiéndole su producción", explicó Fernández.

Para el Presidente, la medida no sólo tendrá relevancia por la continuidad de la empresa sino que, aseguró, "le permitirá al Estado tener una empresa testigo en el mercado de cereales para una planificación estratégica y a partir de allí poder referenciar al mercado alimentario".

Vicentin se encuentra inmerso en un concurso de acreedores debido a su abultada deuda

Crisis de Grupo Vicentin

Además de la abultada deuda con el banco Nación, Vicentin tiene obligaciones impagas con bancos privados y es el punto central de un entramado agroindustrial que afecta a un universo de productores, proveedores y otras pequeñas empresas.

En total, se estima que la deuda de la compañía asciende a 1.350 millones de dólares, de los cuales unos u$s1.000 millones corresponderían a préstamos de los bancos y el resto a empresas del sector agrícola.

La decisión del Ejecutivo fue en cierta medida anticipada la semana pasada por un "pedido" de convertir a Vicentin en "empresa pública" realizado por dirigentes políticos y sociales del kirchnerismo. También puede verse como un coletazo del llamado "plan Vallejos", proyecto de la diputada Fernanda Vallejos que causó revuelo con la propuesta de que el Estado se quede con acciones de las empresas a las que les brinda asistencia económica en el medio de la crisis del coronavirus.

El viernes pasado, la justicia de Santa Fe había fijado un nuevo plazo para que los acreedores de la empresa presenten sus pedidos de verificación de créditos hasta el 25 de agosto inclusive, como parte del concurso preventivo de la compañía tras entrar en cesación de pagos.