Alberto Fernández considera que está en una nueva etapa de su presidencia. Y no es que considere cerrada la fase dominada por la pandemia –a un ritmo de 6.000 nuevos infectados por día, no hay forma de esquivar el tema–, sino que cree que el clima político está propicio para enfocarse en la agenda productiva.

Pero, además, hay otro motivo para su optimismo: cree que esa nueva fase –el "mini Plan Marshall", lo llaman los funcionarios- lo reconciliará con el interior del país y le permitirá cumplir su demorada promesa de campaña, esa que decía que gestionaría en conjunto con los gobernadores provinciales.

Su experiencia como jefe de gabinete de Néstor Kirchner le enseñó que esa estrategia puede ser altamente redituable, porque supone el tejido de un poder político propio para un presidente que llegó a la Casa Rosada de la mano de un padrino poderoso. Y también aprendió que ese tejido de vínculos políticos se construye con la billetera fiscal abierta.

Por eso, la ronda de consultas con los gobernadores que culminó esta semana, sumada a los anuncios de partidas presupuestales para obras públicas y a estímulos para el campo tienen para el Presidente un significado especial. Marcan un punto de inflexión a partir del cual, si todo sale bien, puede consolidar su liderazgo.

El hecho de que el centro de la estrategia sea la reactivación de la obra pública –un reclamo que se le viene haciendo desde el núcleo duro kirchnerista- servirá como factor compensador por gestos que pueden ser políticamente irritantes, como el acercamiento a entidades empresariales como la Sociedad Rural.

Reparando errores… y cometiendo nuevos

Los anuncios de inversión revirtieron el error que había cometido un mes atrás cuando había insinuado que las provincias en fase de cuarentena flexible dejarían de recibir los fondos del IFE, una situación que encendió la alarma entre los gobernadores.

El IFE, que le cuesta cada mes al Gobierno $90.000 millones, se transformará en un nuevo programa que cubrirá en forma permanente a una masa estimada en tres millones de personas del sector informal.

Además, los apoyos salariales del ATP continuarán hasta fin de año para los sectores en situación más crítica, lo cual convivirá con las políticas de crédito a tasa cero, que implican una erogación de $30.000 millones.

Para el objetivo de asistencia específica a las provincias, se continuará con los aportes del Tesoro nacional para cubrir un programa de $120.000 millones.

El texto de la ampliación presupuestaria prevé la continuidad del Programa para la Emergencia Financiera Provincial, que recibirá una suma adicional de $50.000 millones. Eso, sin contar los $6.000 millones para refinanciar deudas del sistema jubilatorio.

La inversión en obra pública es la principal apuesta de Alberto Fernández para reactivar la economía y recomponer la relación con las provincias

De todas formas, el Presidente está recibiendo las primeras señales de que el "operativo seducción" de las provincias no será tan sencillo. Por cada uno que recibe un beneficio, siempre aparece otro con motivos para quejarse. Y la primera demostración vino por el lado de los subsidios al transporte, un tema en el que el Gobierno tuvo que salir a reparar de apuro un error que estaba levantando polvareda.

Ocurre que en la ampliación presupuestaria se estableció un refuerzo de $25.000 millones para los servicios que cubren el AMBA, pero no habrá más dinero para el interior, porque los fondos para los subsidios ya están ejecutados. La situacióngeneró quejas desde Córdoba, Tucumán y Santa Fe, que están sufriendo las crisis de sus sistemas de transportes y no ven con buenos ojos la perspectiva de tener que sustituir los subsidios por deudas. Finalmente, se cedió a la presión y se aprobó una partida de $9.500 millones.

Son situaciones a veces difíciles de dimensionar desde la Capital, pero los problemas del transporte provincial suelen adquirir una importancia política de primer orden, y de hecho en este momento están determinando conflictos sindicales que ocupan el primer lugar en la agenda de los gobernadores.

Abriendo la billetera

Pero, con la mira puesta en la reactivación, las fichas del Gobierno están puestas en la inversión en infraestructura, un preferido desde siempre para los gobernadores provinciales.

Lo cierto es que el bajo punto de partida en que se encuentra la obra pública facilita las cosas. Un informe de la Fundación Mediterránea marca que, por un recorte de la inversión que llegó a su mínimo nivel en 15 años, el capital público está en un proceso de caída.

Y destaca que esa no solamente fue la tónica del ajuste dispuesto por la gestión macrista –la inversión real directa cayó 47% en valores constantes entre 2017 y 2019- sino que continuó en el arranque de Alberto Fernández.

En los primeros cinco meses del año, la inversión real directa registró una caída de 37% anual real. "El ajuste en el gasto de capital continúa en 2020, lo cual venía ocurriendo con pocas excepciones desde 2015, en el marco de un ajuste del gasto para equilibrar las cuentas públicas", señala el informe.

Dada esa situación, no sorprendió que en el proyecto de ampliación presupuestal se pusiera especial foco en la obra pública.

En palabras de Cecilia Todesca, vicejefa de gabinete y una de las principales ideólogas del plan: "La construcción es fundamental tanto por lo que pueda hacer la obra pública, pero también hay una gran expectativa del sector privado porque hay gente que pudo ahorrar, que tiene un resto, que tiene dólares y que los quiere invertir de alguna manera, y una de las inversiones es la inmobiliaria. Va a haber un incentivo para aquél que quiere invertir".

Traducido en dinero, el presupuesto prevé gastos por $7,39 billones, un incremento de 15% sobre el proyecto original pre-pandemia. Más de un 60% del nuevo gasto se explica por la financiación de programas para paliar efectos del Covid-19.

Y en el déficit total –que según la estimación oficial será de 10,5%-, una tercera parte estará explicada por subsidios energéticos y transferencias a las provincias.

Fichas a la construcción

Entre los puntos destacados que se están discutiendo para el plan de obras figuran la construcción de la autopista entre Córdoba capital y San Francisco, obras de potabilización de agua en Santiago del Estero, la reanudación de los trabajos en el Gasoducto del Noreste –que beneficia a Chaco y Formosa- y una compensación a La Rioja –por un conflicto sobre la coparticipación-, que terminó siendo la más favorecida, con $7.100 millones.

Pero además, el Gobierno espera que la reactivación económica venga de la mano del nuevo plan Procrear, que implicará el uso intensivo de terrenos fiscales ociosos, a los que se dará el destino de vivienda.

Como explicó la ministra de Vivienda, María Eugenia Bielsa, "en muchos lugares es más caro el suelo que la casa". Y recordó que quienes contaban con el lote asegurado cuando dio inicio el Procrear original, tuvieron acceso al crédito bancario con mucha rapidez.

Pero el plan no se agota en la construcción sino que tiene como protagonista central al campo, dado que el Gobierno definió que la exportación debe ser el centro estratégico de la nueva etapa.

Es por eso que el plan de "buena onda" con las provincias se completa con un proyecto de ley para fomentar la actividad agrícola, y que consta de una serie de exenciones impositivas y facilidades crediticias.

El punteo del proyecto prevé desde un plan canje de maquinarias hasta líneas de préstamos con tasa de 24% anual, pasando por reducciones en aportes patronales, desgravaciones en el impuesto a Ganancias y reintegros de otros impuestos.

Tras el conflicto por Vicentin, el Presidente plantea un plan para el estímulo a la exportación agrícola

El otro reperfilamiento de la deuda

Para completar el cuadro, el Gobierno está difundiendo el apoyo para que las provincias que habían tomado deuda en el exterior –en dólares- durante la gestión macrista puedan ahora reperfilar, de manera de estar en mejores condiciones de saldar las obligaciones.

Un reciente informe detalla el soporte técnico del Gobierno para la "sostenibilidad financiera de largo plazo" de las provincias. Y destaca que en lo que va del año seis jurisdicciones han realizado exitosamente emisiones nominadas en pesos, con casos de tasas anuales de 34%.

El resultado es que esas provincias lograron refinanciar el 92% de sus vencimientos.

"El fuerte acompañamiento de los acreedores en títulos emitidos a tasas sostenibles es una señal de confianza en los instrumentos subsoberanos de ahorro en pesos", dice el informe oficial.

Una seducción difícil

De todos modos, el operativo de seducción a las provincias todavía no tiene su éxito asegurado en términos políticos. Los gobernadores, conscientes de que Alberto Fernández necesita cultivar esa relación para tenerlos como apoyo político y que le garanticen votos en el Senado, dosifican aplausos y reclamos.

Por caso, en plena polémica por la reforma judicial, el cordobés Juan Schiaretti les pidió a los diputados de su provincia que evitaran pronunciarse sobre el tema. Y es consciente de los reclamos internos para resolver temas como el del transporte.

Mientras que el santafesino Omar Perotti está abocado a la complicada tarea de arreglar la situación de Vicentin en el marco del diálogo bajo supervisión judicial. Alberto, que quiere dejar atrás el daño político que le causó el tema de la cerealera, se limita a llamar por teléfono a Perotti para que éste le cuente sobre los tironeos sobre quién dirigirá el fideicomiso que gestionará la empresa.

Todavía falta, pero cuando el Presidente compara la situación actual con la que existía hace un mes y sufría "banderazos" y acusaciones de querer avasallar la propiedad y el estilo de vida del campo, siente que logró desactivar una bomba política. Y está dejando en claro que no sólo aprendió de Kirchner sobre el poder seductor de la billetera fiscal, sino también sobre las consecuencias indeseadas de avanzar en contra de las recomendaciones de los gobernadores.