El vértigo de la política argentina hace que parezcan muy lejanos los días de "buena onda" de hace apenas dos semanas, cuando el Gobierno anunciaba el acuerdo con los acreedores por el canje de la deuda y hasta los ex funcionarios macristas hacían llegar sus felicitaciones y abogaban por el inicio de una nueva fase de recuperación de la economía.

Eran días en los que Alberto Fernández, después de haber retomado el diálogo con gobernadores provinciales, empresarios y sindicalistas, intentaba trabajosamente de dejar atrás los pasos en falso -como el intento de estatización de Vicentin- y trataba de consensuar un agenda orientada al crecimiento, con protagonismo estelar de la obra pública.

Hasta pareció, durante una semana, que se habían espantado los fantasmas de la crisis financiera, porque el Banco Central tuvo una breve tregua de días en los que, en vez de vender dólares, pudo volver a comprar.

Y, para completar el intento de mirar al futuro con optimismo, llegaba la noticia de la vacuna "made in Argentina" que le pondría un horizonte de terminación a la pandemia.

Pero en cuestión de días todo ese clima se desvaneció. Estuvo el acto de protesta del 17 de agosto, claro, pero en realidad los datos negativos van mucho más allá que una marcha multitudinaria.

Ayer, primer día hábil de la semana, en el mercado financiero ocurrió lo que muchos temían. Tras días de intensas versiones sobre medidas drásticas de supresión de la cuota de u$s200, de nuevas restricciones cambiarias y de cierres importadores, se volvió a notar con fuerza la demanda de dólares por parte del público.

Fuentes del ámbito bancario dijeron que se notó un salto de 30% en la compara de dólares y que el volumen operado –que estiman en u$s40 millones- resulta muy alto para esta altura del mes.

Por supuesto que influyó para ello el clima de incertidumbre generado por el propio Presidente, que tuvo declaraciones preocupantes que forzaron a que el ministerio de Economía tuviera que salir a aclarar que no habrá modificaciones en la política cambiaria.

De hecho, en los bancos se escuchan reproches por el hecho de que ese ruido comunicacional haya vuelto a disparar la demanda.

Pero no sólo se trató de eso. En el mercado se percibe ese deterioro de las expectativas, un indicador de que la buena noticia del canje no fue ratificada por otros gestos amigables. Al menos, eso deja entrever el lenguaje del mercado: cuando se anunció el canje de la deuda, el índice de riesgo país, que estaba en 2.111 puntos, cayó hasta 2.027, el nivel más bajo desde febrero. También caía el dólar en las cotizaciones del mercado paralelo.

Dos semanas después, el riesgo país está en 2.149 –es decir, bien por encima del nivel previo al anuncio del canje-, mientras los bonos soberanos y las acciones de empresas argentinas se desploman en Wall Street. Y el dólar paralelo otra vez está en la tapa de los diarios, en torno a $132.

En pocos días se esfumó el clima de confianza, y ayer se retomó con fuerza la compra de dólares

El equilibrio difícil

La música de fondo para este repentino cambio de clima es el renacimiento de la grieta política, que tuvo su máxima expresión en las multitudinarias marchas del pasado lunes.

Por estas horas, Alberto Fernández intenta asimilar el golpe y recomponerse de una de las situaciones que ponen más incómodos a un gobierno peronista: que una oposición de clase media gane la calle, un territorio que en la cultura política argentina es patrimonio exclusivo del peronismo, el sindicalismo, los piqueteros y la izquierda.

No es que no haya pasado antes, naturalmente. A Cristina Kirchner le organizaron muchos cacerolazos de protesta, pero para un gobierno que hacía de la confrontación un estilo de gestión, finalmente esas demostraciones terminaban siendo funcionales. Reforzaban la antinomia "ellos y nosotros" que justificaba la agenda política del kirchnerismo.

Por caso, Cristina planteaba –con razón- que un motivo fundamental del enojo de los caceroleros era el impuesto a las Ganancias, pero que ella había decidido que era necesario mantenerlo porque era la forma de financiar los programas de asistencia social como la AUH. Por esos días, los funcionarios K –como el entonces jefe de gabinete, Jorge Capitanich- fustigaban a los asistentes a las protestas al caracterizarlos como gente cuya motivación principal era recuperar la posibilidad de comprar dólares para vacacionar en Miami.

Pero Alberto llegó al poder con la promesa de que él no repetiría esas actitudes que irritaban a la oposición y que su norte sería el diálogo y la conciliación. De hecho, estaba cultivando esa estrategia, por ejemplo al convocar a los dirigentes empresariales del G6 a Olivos, en un gesto que hasta le valió el enojo de Cristina Kirchner.

Y cuando creía que había superado los traspiés -como su asumido error por el caso Vicentin, que amagó con recrear el histórico conflicto de la 125-, otra vez el panorama político lo pone en una encrucijada.

Quedó en evidencia que, por más que se intente reducir la jornada de protesta a una queja por las incomodidades de la cuarententa, lo que en realidad hubo fue un repudio al avance del kirchnerismo duro sobre la agenda del Gobierno. En particular, en lo que respecta al proyecto de reforma judicial, que la oposición asimila a un intento de garantizar la impunidad de ex funcionarios procesados, incluyendo a la propia Cristina Kirchner.

La primera consecuencia política de la protesta se vio el martes, cuando envalentonada por la adhesión masiva, la oposición decidió generar un hecho de impacto: le remitió una carta al Presidente para solicitarle el retiro del proyecto de ley de la reforma.

"Le pedimos al Señor Presidente que reflexione sobre el mensaje de la ciudadanía y retire el proyecto mencionado en el comienzo de esta nota. Hoy cualquier iniciativa en ese sentido se encontrará sujeta a sospechas y no contará con el respaldo de la gran mayoría de la población", dice la misiva, firmada por Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Miguel Pichetto, entre otros dirigentes de Juntos por el Cambio.

El dilema del día después

Y eso le plantea un problema al Presidente. No por el hecho de que los votantes de Mauricio Macri quieran manifestarse contra su gestión, algo que él ya daba por descontado. Sino porque dentro del propio peronismo surgieron señales de adhesión a esa convocatoria.

Y eso, como pasó ya con el caso Vicentin, puede implicar que Alberto vea menoscabado el apoyo de los gobernadores provinciales, presionado por sus bases de apoyo regional.

En este momento, el gobernador cordobés Juan Schiaretti está analizando cómo reaccionar luego de que la multitudinaria manifestación en la provincia mediterránea llevara como una de las principales consignas el reclamo de que los diputados nacionales por Córdoba no den quórum ni su voto en el debate parlamentario por la reforma judicial.

Lo mismo puede replicarse en otras provincias donde se generó un clima antigubernamental, como Santa Fe, todavía sensibilizada por lo que perciben como un intento de avance contra el negocio agropecuario.

Y también genera dudas sobre el apoyo de aliados circunstanciales, como Roberto Lavagna, que viene dando señales de querer desmarcarse. Por ejemplo, con su propuesta para una flexibilización de hecho de la legislación laboral, que mereció un duro repudio del kirchnerismo.

Esto le plantea un dilema a Alberto: si da marcha atrás en un intento por aliviar la tensión social, puede arriesgar a un conflicto interno con el kirchnerismo. Si, en cambio, radicaliza su postura, implicaría abandonar su promesa de moderación y hasta pondría en duda la credibilidad de su reciente acercamiento a empresarios y sindicalistas con quienes quiere acordar un pacto social.

La reforma judicial, en el ojo de la tormenta tras la protesta del 17 de agosto

De momento, todo indica que pisará el acelerador de la agenda kirchnerista. Al menos, así lo dieron a entender referentes como el ministro de defensa, Agustín Rossi, quien se quejó del intento opositor por "desgastar al Gobierno".

"¿Dónde se ha visto que tengamos que retirar un proyecto que no le gusta a la oposición? Eso es claramente autoritario. La oposición tiene que debatirla y tratarla en el Congreso, y si tiene la fuerza suficiente, la rechazará allí, y si no se aprobara, así funciona la democracia", dijo el ministro.

Su declaración, a primera hora de la mañana, tendía a disipar cualquier duda respecto de si se pudiera alterar la agenda del Senado, que preveía dar dictamen al proyecto de reforma judicial, con lo cual tendría una casi segura media sanción.

Y la especulación del ámbito político es que se intentará ganar el favor de los gobernadores provinciales todavía indecisos. El argumento a plantear es el reparto de cargos que el propio proyecto de reforma judicial tiene previsto en los niveles provinciales.

Un favor indirecto a Macri

En ese clima de ánimos alterados y recreación de la grieta, Alberto Fernández intenta retomar la agenda de anuncios de medidas económicas.

Por lo pronto, sus dos mayores armas son los refuerzos presupuestarios para motorizar la obra pública –otro argumento de peso para ganarse el alineamiento de los gobernadores- y el paquete de medidas de incentivo al campo. En ese sentido, se aspira a generar un canal de comunicación directo entre el Gobierno y los pequeños productores, salteando la intervención de agremiaciones habitualmente hostiles, como la Sociedad Rural.

Además, se avanza en iniciativas de particular interés para las provincias patagónicas, como el nuevo marco regulatorio para el gas, lo cual implicará la llegada de nuevas inversiones y la garantía de ingresos a las arcas fiscales por concepto de regalías.

Pero para que la normalización sea completa, es necesario que se disipe el efecto de la marcha del 17 de agosto. Y no se ha visto por el momento una estrategia comunicacional muy clara por parte del Gobierno.

La primera impresión es que mientras los funcionarios más ligados a la gestión se concentran en darle continuidad a la agenda, se delegó en referentes informales del kirchnerismo la pelea retórica con los manifestantes.

Fue así que surgieron figuras como Juan Grabois, quien reclamó multas para los asistentes por poner en riesgo la salud pública y romper la prohibición de circulación de la cuarentena.

Acaso la consecuencia política más curiosa de la marcha sea el intento gubernamental de vincular a la protesta con Mauricio Macri, algo que no hace más que beneficiar al ex presidente, que es objeto de críticas internas.

De hecho, ese juego del Gobierno le devolvió cierto protagonismo perdido. Desde su exilio europeo y rompiendo su autoimpuesto bajo perfil, Macri aprovechó la ocasión para enviar un mensaje en el cual se declara "orgulloso de los miles que dijeron basta al atropello", un mensaje que despertó más críticas que expresiones de apoyo entre quienes lo votaron en 2019.