Golpe a golpe, el Gobierno ha venido asimilando las estadísticas que confirman el deterioro de la situación social. Aumento del desempleo ya por encima del 13%, empeoramiento de la distribución según el índice de Gini, caída de la economía de 13,2% registrada en el EMAE… y falta lo peor: el aumento en la pobreza.

No será sorpresa para nadie, naturalmente, porque la mezcla de recesión, pandemia y turbulencia financiera sólo hacía esperar un empeoramiento en la cantidad de pobres e indigentes. Pero aun así, el hecho de que se confirme que la cifra podría ubicarse entre 45% y 50% es de por sí tan impactante que los funcionarios están preocupados por contrarrestar el efecto depresivo.

No por casualidad, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, instruyó especialmente a los ministros para que levantaran el perfil y salieran públicamente a argumentar sobre los programas del Gobierno para contrarrestar los problemas sociales.

El objetivo político es difícil: tratar de que los malos índices sociales no jueguen en contra del Gobierno sino que, por el contrario, puedan ser utilizados como una confirmación de que se está en el camino correcto.

Así, la vicejefa de gabinete, Cecilia Todesca, destacó el esfuerzo fiscal de asistencia a los que perdieron ingresos durante la pandemia. Midió ese esfuerzo en 5,5 puntos del PBI, canalizado a través de programas como el IFE, el ATP y el pago de bonos. Además, estimó en otros 2 puntos del PBI el subsidio al crédito productivo., además de

"Pero un parate como el que se ha generado es imposible de compensar", admitió, ya adelantando lo que se espera como una muy mala noticia por parte del Indec.

También, un comunicado oficial salió a desmentir las versiones periodísticas sobre un éxodo de empresas extranjeras y dio la versión oficial al respecto.

En tanto, el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, ya adelantó que ante el incremento de la cifra de pobres, la prioridad oficial será "recuperar a los que cayeron en la pobreza durante la pandemia".

El funcionario establece una distinción entre la "pobreza estructural" y otra, que sería de tipo más circunstancial, ocasionada por los obligados cierres de la cuarentena. E identificó cinco sectores con capacidad para generar empleo en un lapso relativamente corto: la construcción, la producción de alimentos, la industria textil, el cuidado a enfermos y ancianos, y el reciclado de materiales.

Mencionó planes específicos en ese sentido, como Potenciar Trabajo, que intenta organizar la reactivación en esos sectores. Además, mencionó la urbanización de 4.000 asentamientos irregulares y villas.

"Nuestro objetivo es destinar en 2021 más del 50% de la inversión social en programas de inclusión socioproductiva", adelantó.

Los "nuevos pobres" y el efecto cuarentena

Pero, más allá de estos anuncios, lo que está quedando en evidencia es la dificultad del Gobierno para manejar el tema de la pobreza a nivel político. Después de todo, Alberto Fernández basó gran parte de su campaña electoral en el fracaso de la gestión Macri para reducir la pobreza. Y en el recambio gubernamental se definió una agenda que presentaba la lucha contra el hambre como pilar de la política social.

Hoy no solamente parece un recuerdo lejano la conformación de la Mesa de la Lucha contra el Hambre, sino que proliferan las acusaciones en el sentido de que el Gobierno ha contribuido a agravar la situación, por ejemplo al castigar con impuestos al sector productor de alimentos.

Y, más allá de los cambios obligados que impuso la pandemia, se han escuchado críticas incluso desde sectores afines al peronismo por la falta de políticas más decididas en atender la urgencia social.

Por caso, el cambio de la fórmula de indexación jubilatoria, que abandona el ajuste por inflación impuesto por el macrismo, ha motivado críticas desde el ámbito sindical, donde los dirigentes empezaron a esbozar la inquietud por el hecho de que la masa jubilatoria pueda ser utilizada como variable del ajuste fiscal.

El desempleo vinculado a la parálisis de la cuarentena fue un ingrediente clave para el salto de más de 10 puntos en el índice de pobreza

Desde la vereda de la oposición, las críticas han estado focalizadas sobre todo en lo estricto de la política de cuarentena, que afectó sobre todo a la vasta franja de trabajadores de la economía informal, incluyendo a quienes hacen "changas" y a pequeños cuentapropistas que no lograron compensar con la asistencia social la falta de ingresos derivada de la parálisis.

Pero la cuarentena también aceleró la caída de segmentos de clase media baja, que sí eran asalariados y sufrieron el impacto de la recesión. Ahí aparece la franja de "nuevos pobres" que sumará por lo menos 10 puntos porcentuales al índice de 35,4% que había medido el Indec hasta diciembre pasado.

En este sentido, Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, planteó que un fenómeno observado este año fue una "rotación entre los pobres".

"Hay indigentes que pasaron a ser pobres y pobres que descendieron a la indigencia. Esto debido a los programas de protección social que ayudaron a mucha gente a salir de la indigencia mientras otros sectores, en especial de las clases medias bajas, con pérdida de empleo, caída de ingresos y sin ayuda estatal cayeron en una pobreza", indicó el experto.

En ese punto radica una de las mayores controversias, ya que la oposición apunta a que la caída de la economía argentina fue peor que la de otros países –situación agravada, además, por el hecho de que Argentina venía de una recesión acumulada de dos años- sin que ello pueda tener ahora siquiera el consuelo de que las estadísticas sanitarias son mejores en el caso local.

Guernica, la punta del iceberg

Por si la contundencia de las estadísticas no fuera suficiente, en estos días, coincidiendo con la publicación del dato de pobreza, hay un potente recordatorio sobre el deterioro social: las tomas de terrenos por parte de miles de familias sin vivienda.

Y es, también, otra situación que supone una dura disyuntiva para el Gobierno. Después de haber desplegado la bandera de la igualdad social y la lucha contra la pobreza, convalidar un desalojo liso y llano del predio de Guernica no parece una opción. Además, implicaría el riesgo de un desborde violento en una acción policial que involucre a mujeres y niños.

Pero, por otro lado, el Gobierno también demostró que no le resulta indiferente la crítica en el sentido de que menosprecia la propiedad privada y el orden social, dado que en esa zona del conurbano es donde más se siente el reclamo por mayor seguridad.

Se intentará resolver esa disyuntiva con alguna fórmula que implique la compra estatal del terreno y un subsidio estatal a los ocupantes, pero hay todo un desafío desde lo legal y logístico para realizar con éxito esa operación. Por estos días reapareció el recuerdo de la trágica ocupación del parque Indoamericano en 2010, que terminó con violentos enfrentamientos y cuatro muertes.

La masiva ocupación de terrenos como Guernica dejó en evidencia el déficit habitacional agravado por el desempleo en la cuarentena

En todo caso, la ocupación masiva de terrenos también dejó al descubierto el drama social que vive el país. En el conurbano más postergado, hay incluso gente que no puede pagar el alquiler de una casilla en un asentamiento irregular.

"Era pagar el alquiler o comer" fue la elocuente justificación de una señora ocupante de Guernica, entrevistada en televisión. Los demás intrusos manifestaron que nunca habían tenido un trabajo en blanco, y que las changas que les permitían subsistir en el sector informal habían sufrido un brusco parate debido a la cuarentena. Para empeorar la situación, muy pocos lograron cobrar el IFE, dada la condición de informalidad de estas personas a quienes la Anses no registra en sus bases de datos.

Esta situación generó fisuras internas en el Gobierno, como quedó en claro por la polémica entre Luis D’Elía, el histórico líder piquetero, y el gobernador Axel Kicillof.

"El kirchnerismo no puede hablar de ‘intrusos ilegales’, eso déjelo para la derecha salvaje", fue la frase de D’Elía, en respuesta a un tuit publicado por el gobernador, en el que se comprometía a evitar nuevas tomas y, además, reclamaba "que la justicia haga su trabajo con quienes incentivan las ocupaciones y se abusan de las necesidades de la gente".

Duhalde, el salario universal y el impuesto a los ricos

Este deterioro social y sus expresiones más violentas han resignificado las declaraciones del ex presidente Eduardo Duhalde, que planteó el riesgo de una erosión de la cohesión social, de un vacío de poder y una crisis de representación política. En definitiva, un regreso del "que se vayan todos" en un clima de violencia.

En palabras del propio Duhalde: "Vamos a un estado pre-anárquico en el que te van a matar por un bizcocho". Una degradación social que puede derivar en "un escenario evidentemente peor que el 2001, ya que puede terminar en una especie de guerra civil".

Es una advertencia que ha empezado a encontrar eco. Por caso, desde sectores afines al Gobierno se está argumentando sobre la inconveniencia de que el ajuste fiscal de 2021 sea logrado sobre la base de la eliminación de los planes de asistencia social.

Y desde algunos "think tanks" se está argumentando en favor de algún tipo de salario universal. Por caso, la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo, dirigida por Mercedes Marcó del Pont, plantea que es un error político atar la financiación de estas ayudas a una reforma tributaria.

Su planteo es que, si los "grupos concentrados" logran resistir la presión de pagar mayores tributos, entonces la iniciativa por el salario universal caerá. En cambio, sostiene que la estrategia debería ser poner la recaudación tributaria no como condición de esa ayuda social sino como consecuencia: "Primero está el gasto, luego su impacto sobre la producción y la generación de riquezas y, al final, la recaudación de impuestos sobre esos excedentes generados", afirma.

No obstante esa recomendación, la estrategia kirchnerista en este momento parece ser la opuesta: en el contexto del debate parlamentario por el impuesto extraordinario a la riqueza, plantear la necesidad de que el Estado perciba esa contribución como forma de mejorar la redistribución.

En otras palabras, un intento por tornar los datos negativos –desempleo, recesión, peor índice de Gini y el dato de pobreza que viene- como un argumento en favor de la iniciativa por castigar tributariamente a los segmentos de ingresos altos y avanzar en una reforma tributaria "progresiva".

¿Falta lo peor?

En todo caso, quienes estudian el tema pobreza no sólo no perciben una mejora sino que advierten por el agravamiento de la situación. Por caso, el economista Orlando Ferreres proyecta que podría llegarse a un 52% de la población hacia fin de año, dada la probabilidad de una contracción económica de 13% del PBI.

Y los propios funcionarios, de manera involuntaria, confirman ese temor. Al justificar la política del cepo cambiario, el presidente del Banco Central, Miguel Pesce, advirtió: "El dólar a 130 es un dólar que nos pondría con niveles de pobreza descomunales, insoportables para nuestro país. No me quiero imaginar que eso pueda llegar a suceder".

Lamentablemente, ese escenario que Pesce no quiere imaginar es, precisamente, el que todos los bancos y empresas están proyectando para inicios del 2021.