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Indemnizaciones millonarias: el Gobierno busca una alternativa para evitar el avance de la "Ley Moyano" en el sector privado

Indemnizaciones millonarias: el Gobierno busca una alternativa para evitar el avance de la "Ley Moyano" en el sector privado
El Gobierno busca un acercamiento entre el dueño del holding, Francisco De Narváez, y los Moyano, y un eventual bono para resarcir a los trabajadores
Por Juan Manuel Barca
28.03.2021 18.41hs Política

El conflicto en WalMart desató un temor de alcances impensados en el sector privado y puso al gobierno en un lugar incómodo. Después de ser dictada la conciliación, el bloqueo lanzado este jueves por el sindicato de Camioneros a un centro logístico de la cadena de supermercados se convirtió en un motivo de consultas dentro del ámbito empresarial. No solo por el impacto de ese tipo de medidas, que ya son un sello de Hugo Moyano, uno de los principales aliados de Alberto Fernández. También por el avance de la denominada "Ley Moyano".

Se trata del pago de indemnizaciones a los trabajadores cuando una empresa cambia de razón social. Dicho esquema fue inaugurado por el sindicalista en 2012 cuando Macri era jefe de Gobierno porteño. Con el guiño del PRO, la legislatura aprobó el pago de indemnizaciones por $200 millones para unos 4.000 trabajadores de la recolección de basura que Hugo Moyano exigía desde 1998, cuando la empresa Manliba, perteneciente a Franco Macri, dejó la concesión de la basura. Los empresarios ven con preocupación el desembarco de ese criterio a fuerza de bloqueos en el sector privado.

"Tuve llamados por el conflicto porque en otras actividades se preguntan si no generará un efecto emulación", reveló un asesor legal de empresas. En el caso de WalMart, el secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, exige el despido, resarcimiento y reincorporación de 505 empleados con la misma antigüedad en el centro de distribución que están bajo su convenio debido a la venta de la operación local de la empresa en noviembre pasado al Grupo De Narváez. El agravante, señalan en el sector, es el eventual pago de la doble indemnización en un contexto de "estrés" en el retail.

Pablo Moyano se prepara ahora para la audiencia del lunes, que podría pasarse para la semana siguiente

El Gobierno busca por estas horas un acercamiento entre el dueño del holding, Francisco De Narváez, y los Moyano. La solución alentada por los funcionarios es el acuerdo de un eventual bono para resarcir a los trabajadores por el cambio de dueños sin su consentimiento, sin generar un efecto contagio en la empresa, donde trabajan cerca de 10.000 trabajadores. Se trata de un esquema similar al que aplicaron los ferroviarios -inspirados en Moyano- tras la quita de concesión de la línea Sarmiento y Mitre a Cirigliano por la tragedia de Once en 2012. "Esperamos que no siente precedente, si no le tienen que aplicar la doble a 10.000 tipos, esto se arregla con un bono", señalaron fuentes oficiales.

Las indemnizaciones por venta de empresa ya están vigentes en el ámbito privado. Cerca de Moyano aseguran que lo aplicaron en aguas y gaseosas, logística, correo y peaje. Tal como reveló en su momento iProfesional, el gremio consiguió en 2019 que FedEx absorbiera a 100 trabajadores de TNT Argentina, junto con el pago de la antigüedad y la indemnización completa en una sola cuota. El gigante de los envíos se convirtió en la primera firma global en aplicar la "Ley Moyano". Cencosud debió hacer lo propio en un centro logístico tercerizado cuando decidió retomar su control.

Tensión con De Narváez

Pablo Moyano se prepara ahora para la audiencia del lunes, que podría pasarse para la semana siguiente. "Hay una incertidumbre muy grande, se va una empresa que tiene solvencia y viene una que se desconoce y tiene antecedentes con Casa Tía", explicaron fuentes del sindicato, en donde aseguraron que no sería necesario aplicar la "doble". En Camioneros ven con desconfianza el retorno del holding al comercio minorista, después de operar hasta 1998 la cadena de supermercados Casa Tía, donde Francisco De Narváez inició un proceso de reestructuración que terminó con la desvinculación de más de la mitad de sus 5.000 empleados.

El artículo 225 de la Ley de Contrato de Trabajo establece que "en caso de transferencia por cualquier título del establecimiento, pasarán al sucesor o adquirente todas las obligaciones emergentes del contrato de trabajo que el transmitente tuviera con el trabajador al tiempo de la transferencia, aun aquéllas que se originen con motivo de la misma". Esto implica que el sucesor deberá garantizar la antigüedad. Pero mientras los abogados sindicales afirman que el traspaso incluye el pago de indemnizaciones, del lado empresario alegan que no corresponde si se preservan iguales condiciones.

El argumento de De Narváez es que la compañía mantuvo el mismo CUIT (30-67813830-0). En la presentación de su legajo impositivo ante la AFIP, el grupo informó que se trata de un "proceso de transición" por el cual desde fines de febrero la facturación dirigida a Walmart Argentina deberá ser emitida a nombre de Dorinka SRL, continuadora de la anterior sociedad comercial, un cambio de carácter "formal y administrativo", "sin cambios estructurales en las relaciones comerciales tal como se han venido desarrollando hasta hoy".

El choque con De Narváez abrió un nuevo capítulo, pero no siempre hubo tensiones

En las últimas horas, el dueño del holding mantuvo reuniones con su equipo legal e intentó tender puentes con el gremio, después de rechazar de plano sus demandas. En una solicitada publicada el jueves, la empresa denunció "una práctica ilegítima, no prevista por ningún marco legal vigente, ni con la forma en que desarrollamos nuestra actividad en el país". Y apuntó contra el desabastecimiento generado por el bloqueo en la cuarta cadena de supermercados del país. El grupo adquirió las acciones de la filial argentina por u$s44 millones, incluidos 31 hipermercados, 52 tiendas Changomas, 8 tiendas MiChangomas en todo el país y más de 9.500 empleados.

La puja con WalMart refleja el interés de los Moyano por preservar su poderío sindical. Enfrentado a la cúpula de la CGT, el líder sindical inició una ofensiva después del triunfo del Frente de Todos para recuperar posiciones perdidas durante la gestión de Mauricio Macri, en la que su gremio enfrentó multas millonarias y denunció una persecución judicial en su contra. Así, después de recibir elogios de Alberto Fernández, quien lo consideró un "dirigente ejemplar", el camionero bloqueó los centros logísticos de Mercado Libre, con el objetivo de encuadrar a los empleados bajo el convenio del sindicato rival de carga y descarga.

Ahora, el choque con De Narváez abrió un nuevo capítulo, pero no siempre hubo tensiones. En 2013, el empresario y el sindicalista formaron un frente electoral junto a José Manuel De La Sota y Roberto Lavagna para competir con el kirchnerismo. El camionero venía de romper con Cristina Kirchner y el hombre de negocios de derrotar a Nestor Kirchner en las legislativas de 2009, gracias a su alianza con Macri en la provincia de Buenos Aires. La alianza no prosperó. Años más tarde, Macri volvió a unir sus destinos: los dos figuran junto a Cristina Kirchner en la lista de presuntos espiados por la gestión previa, según una denuncia judicial de la actual Dirección de Migraciones.

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