Entre el resultado de las elecciones del domingo y el 10 de diciembre hay 26 días: es el tiempo que le llevará a la Cámara de Diputados retomar la agenda legislativa, que menguó por la campaña electoral, hasta que el recinto renueve el 50% de su composición, cuando juren los nuevos legisladores que resulten electos este 14 de noviembre.

Apenas el escrutinio provisorio haya reflejado las tendencias definitivas y comiencen a definirse las correlaciones de fuerza que dominarán al recinto para los próximos dos años, la asignatura inmediata para el oficialismo será definir el tratamiento en comisión del Presupuesto 2022. Fue presentado por el Gobierno el 15 de septiembre y el próximo lunes cumplirá dos meses sin tratamiento, una demora considerada inédita por la oposición.

En el Frente de Todos deslizan que más allá del resultado de los comicios, el titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), informará el cronograma de trabajo para que sus integrantes pregunten y escuchen las exposiciones del ministro de Economía, Martín Guzmán y la jefa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont, entre otros, sobre el plan de cuentas nacionales que presentó el Poder Ejecutivo.

El arranque de los debates en comisión del Presupuesto son, a dos días de las elecciones generales, la única certeza que barajan en el oficialismo, aunque ninguna de las fuentes consultadas descarta que el Congreso, pero especialmente la Cámara baja, se transformará en uno de los escenarios para retomar la iniciativa.

Concretar ese objetivo, admiten en el FdT, implicará avanzar en las negociaciones para llevar el Presupuesto al recinto antes del 10 de diciembre, un objetivo que algunos dirigentes consideran difícil pero no imposible ante la necesidad de aprobarlo antes de que juren los nuevos legisladores y cambie la composión de los bloques. Sólo un resultado a favor del oficialismo podría extender el tratamiento del Presupuesto más allá del 10 de diciembre.

Sin embargo, llegar a ese fecha requiere otra decisión política de los socios de la coalición oficialista: extender el período de sesiones ordinarias del 30 de noviembre hasta el 10 de diciembre, es decir, el límite que permite la ley y luego que el presidente Alberto Fernández convoque a sesiones extraordinarias, donde el temario es defnido por el Ejecutivo.

Los alcances del acercamiento podrían depender de la negociación de la deuda con el FMI

Posibles escenarios

Horas antes del comienzo de la veda electoral, en el FdT daban por hecho que se concretarán los dos escenarios, pero su desarrollo también dependerá del momento que elija la Casa Rosada para poner en marcha una instancia de diálogo con los representantes de la oposición para explorar un acuerdo con puntos básicos para los próximos dos años. El gesto político fue mencionado por primera vez hace tres semanas por el titular de la Cámara baja, Sergio Massa y luego fue respaldado por Fernández.

Si esa convocatoria se concreta pasará por el Congreso, aunque no hay precisiones sobre el formato que tendría. En el oficialismo aseguran que será en el marco del Poder Legislativo porque los sectores de JxC que están dispuestos a dialogar ya anticiparon que no lo harían en otro lugar. La búsqueda de los puntos de coincidencia sería acompañado por el Consejo Económico y Social que funciona en la órbita del Ejecutivo.

Los alcances del acercamiento que amaga el oficialismo son una incógnita. Su profundidad depende del resultado de las elecciones y de la futura composición que tenga la Cámara baja. Quizás por eso todas las fuentes del oficialismo se muestran cautelosas cuando hablan de esa posibilidad. Otros acotan que esta directamente atado al desarrollo de la negociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional y que después de las elecciones habrá un panorama más claro porque las partes no estarán condicionadas por el clima y las expectativas que genera el proceso electoral.

La deuda y los tiempos de pago no sólo influirán directamente en la negociación del Presupuesto. También serán parte de la investigación que quiere llevar adelante la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Deuda Externa por los 45.000 millones de dólares de endeudamiento que le otorgó el organismo financiero a la Argentina a partir de una solicitud del gobierno de Mauricio Macri.

El disparador, apuntan desde el bloque que lidera Máximo Kirchner, fueron las últimas declaraciones del expresidente sobre el préstamo. "La plata del FMI la usamos para pagar a los bancos que se querían ir", dijo Macri y alimentó las acusaciones en su contra sobre la toma del crédito para financiar la fuga de capitales. Cerca del expresidente sostienen que dijo todo lo contrario y que fue una gran parte fue para cancelar deudas anteriores, pero el contrapunto será el eje de una de las primeras actividades de legislativas después del 14N.

El oficialismo quiere acelerar el tratamiento del Presupuesto 2022 en la Cámara de Diputados

Tratamiento urgente

El Presupuesto 2022 no es el único texto que requiere tratamiento urgente y registra demoras en su tratamiento. Existe una larga lista de iniciativas con dictamen para llegar al recinto que obligan al oficialismo a barajar la posibilidad de un un período de extraordinarias o un intenso cierre de ordinarias. Entre los textos postergados está la ley de humedales, la de bosques y un paquete de iniciativas en materia sanitaria.

¿Cómo hará el FdT para ordenar el tratamiento de estos textos antes del 10 de diciembre? Dicen que depende de cada caso y admiten que esos textos se sumarán a una hoja de ruta que circula en la Cámara baja para un eventual período de extraordinarias.

El temario incluye avanzar con el proyecto para una nueva ley de hidrocarburos, otro para generar incentivos para el crecimiento económico y la recuperación del empleo, pero mantienen en secreto los detalles. A la lista suman un texto para crear un régimen de promoción del turismo y la gastronómia, otro de promoción de la construcción y dos platos fuertes enviados por el Ejecutivo después de las PASO: la iniciativa para el sector agroindustrial y un nuevo régimen jurídico para el sector autopartista y automotriz.