El FMI no condicionará el acuerdo con la Argentina a que sea aprobado por el Congreso. Dejará esa decisión en manos de Alberto Fernández. La postura tomada a máximo nivel en el organismo tiene relación directa con la crisis política desatada en las últimas horas en el oficialismo, tras la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del PJ.

"El FMI entiende que las cuestiones políticas debe manejarlas el gobierno argentino. Si el Presidente entiende que debe salir por decreto, que así sea. Para el Fondo vale la decisión presidencial", comentó un economista allegado al organismo a iProfesional, desde Washington.

Desde el organismo prestan suma atención al desarrollo de la crisis en la interna del oficialismo, tras la renuncia pública de Máximo Kirchner.

Creen que el Gobierno avanzará sin mayores traumas al final de la negociación -que ya tiene un principio de acuerdo-, pero en el staff del Fondo hay "plena comprensión" de la situación política. "Este tipo de acuerdos siempre traen tensiones políticas", razonan en el FMI.

En el staff del Fondo hay "plena comprensión" de la situación política

La postura del FMI es "pragmática", apuntan. El objetivo central en el staff del organismo es que se estabilice la economía. Ni más ni menos, luego de tres años de tensiones cambiarias.

Ilan Goldfajn, flamante director para el Hemisferio Occidental, tiene la idea de que los problemas de la economía argentina se arrastran desde hace varios años y que es imposible darles solución en el cortísimo plazo.

La definición en el organismo fue inmediatamente trasladada a la Casa Rosada. El jefe de gabinete, Juan Manzur, es -además de Martín Guzmán- uno de los que tienen conexión directa con Washington.

Mientras Alberto Fernández se encuentra de gira por Rusia, China y Barbados, entre Guzmán y los técnicos del FMI ya empezaron a darle forma a los "detalles técnicos" del acuerdo.

Se trata, ni más ni menos, que ponerle medidas concretas a los objetivos macro descriptos por el ministro en la presentación de la semana pasada. Y que desembocaron en la renuncia de Máximo K al bloque del oficialismo.

El punto central, ahora, pasa por la definición de los aumentos en las tarifas de los servicios públicos -luz y gas-, que se encuentran prácticamente congelados desde marzo de 2019, en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

El ministro no lo dijo linealmente, pero la intención es que la reducción del déficit fiscal del 3% al 2,5% del PIB entre el año pasado y este 2022 sea posible por una baja de los subsidios a la energía -que en 2021 treparon al 3% del PIB- y también por el crecimiento de la actividad económica.

En los próximos días, el Gobierno definirá la manera de encarar esta cuestión, que es políticamente muy sensible.

Se verá, precisamente, la muñeca y la decisión política de Alberto Fernández. Cristina Kirchner, y también su hijo, resistieron una modificación tarifaria. Ahora, con el acuerdo con el FMI, los aumentos serían impostergables, tal como lo describió la propia Gita Gopinath: "Será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva".

La subdirectora gerente del organismo multilateral de crédito completó: "Estuvimos de acuerdo (con el gobierno argentino) en que será importante una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva".

Si bien dentro del FMI insisten en que, a diferencia de otros acuerdos, esta vez no quieren mostrarse "dogmáticos sino pragmáticos", lo cierto es que también hay una negociación abierta sobre el nivel de tasas de interés que debería alcanzarse tras el acuerdo.

Miguel Pesce Guzmán ya dijeron que serán "positivas" en relación a la inflación pero la cuestión es que resta definir el nivel que tendrán. Y si ese movimiento irá acompañado por una reforma monetaria, sobre todo en el caso de las Leliq.

La definición sobre las tasas de interés se encuentra estrechamente vinculada con la suerte de la brecha cambiaria.

La apuesta oficial es que entre el alza del costo del dinero y una aceleración en el ritmo de mini devaluaciones cotidianas pueda achicarse la diferencia entre el dólar oficial y las cotizaciones alternativas (CCL y MEP).

En principio, la idea del Gobierno es que el proyecto con los detalles del acuerdo ingrese al Senado de acá a tres semanas. Es lo que demoraría las definiciones técnicas.

De ahí pasaría a la evaluación del directorio del Fondo. El objetivo es que haya una aprobación final antes de mediados de octubre, que es cuando vence el próximo compromiso, por unos u$s2.850 millones.

El acuerdo con el FMI plantea una acumulación de unos u$s5.000 millones este año. Faltan conocer los detalles para ver el ritmo de esos ingresos. La idea es que provengan del reintegro de los pagos que el Gobierno hizo desde septiembre hasta ahora.

Todavía no está definido el ritmo de esa devolución. Si será de una o dos veces en la primera parte del año. O si irá calzada con el cumplimiento del acuerdo.

La apuesta oficial es una aceleración en el ritmo de mini devaluaciones diarias

En forma paralela, Economía mantiene abiertas distintas negociaciones para robustecer ese perfil.

En la actualidad, las reservas netas se encuentran en un piso histórico. Distintas consultoras estiman que están entre u$s1.500 y u$s2.000 millones.

Por otra parte, se está negociando con China la posibilidad de activar el "swap", por el cual el Banco Central ya cuenta con unos u$s20.000 millones de sus reservas en yuanes.

El Gobierno quiere financiar el déficit comercial que la Argentina tiene con China con la utilización de ese swap.

A eso se abocará el presidente Fernández en los próximos días, durante su gira.