Carlos Santiago Kirchner, ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública y primo del ex presidente Néstor Kirchner, declaró ante la Justicia en el marco de una causa en la que se investiga de dónde surgió su patrimonio. El ex funcionario justificó el origen de sus bienes, valuados en unos 2,5 millones de dólares al afirmar que lo obtuvo a través de la herencia que le dejaron su padre y su abuelo.

Kirchner prestó declaración indagatoria ante el juez Julián Ercolini y el fiscal Gerardo Pollicita, acompañado por su abogado Mariano Fragueiro, en el maco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

Para los próximos días está citada a declarar su esposa, Cecilia Catalina Saade, y al día siguiente, su hijo Carlos Jorge Kirchner.

Durante más de dos horas de indagatoria, el primo del ex presidente señaló que otros bienes eran de su padre y de su abuelo y que ingresaron en su patrimonio luego de "un juicio sucesorio del que también participaron sus hermanos".

En ese contexto, Carlos Santiago Kirchner aportó al juzgado "constancias de esas actuaciones judiciales" de la sucesión.

El primo del ex presidente aseguró que parte de sus bienes los heredó de su padre y de su abuelo

La causa judicial

Al ex funcionario se le encontraron propiedades valuadas en más de dos millones y medio de dólares, 14 vehículos por 3,5 millones de pesos y una embarcación están bajo sospecha.

La causa contra el primo del ex presidente se inició en 2017, tras una denuncia de la Unidad de Información Financiera (UIF) que dirigía Mariano Federici durante el gobierno macrista.

El organismo antilavado sostuvo en un informe que Carlos Santiago Kirchner "procedió a ocultar parte de su patrimonio, junto con la participación de su grupo familiar primario (esposa e hijos) mediante la constitución de una sociedad, a la que ha dotado de activos por sumas siderales".

Durante la investigación, el fiscal Pollicita detectó un conjunto de 23 propiedades que le pertenecerían al ex funcionario. Una de ellas en Miami, cuyo valor inicial supera los 650.000 dólares. La trazabilidad de movimientos financieros y el análisis que realizó la fiscalía de las declaraciones juradas arrojaron "un conjunto de inconsistencias que no logran explicar el aumento del patrimonio".

El expediente se amplió a los miembros de la familia de Carlos Kirchner. El equipo de la fiscalía trabaja sobre los movimientos financieros, creación de empresas y compra de bienes a través de las mismas.

El juez Ercolini, a cargo de la causa

El ex funcionario, que ocupaba un cargo en el Ministerio de Planificación Federal vinculado a la obra pública, "incrementó en forma injustificada y apreciable su patrimonio", sostuvo el fiscal Gerardo Pollicita cuando requirió al magistrado que lo llame a indagatoria, al igual que a su esposa Cecilia Catalina Saade y su hijo Carlos Jorge Kirchner.

La fiscalía determinó que para las operaciones que le permitieron incrementar sus bienes se usaron un conjunto de empresas radicadas en el país y en el exterior —la firma Ksanc S.A. y la sociedad extranjera K-Joro Real Estate Investments LLC— todas utilizadas "para disimular su enriquecimiento ilícito".

Cuando arribó a la función pública, Carlos Santiago Kirchner tenía un inmueble y dos vehículos. Al dejar la función pública acumuló 17 propiedades por 2,8 millones de pesos, cinco autos por 612.100 pesos y una lancha por 42.000 pesos. Sumando los ahorros, depósitos y los dólares ahorrados, su patrimonio declarado hacia 2014 era de 9,3 millones.

La causa, delegada en la fiscalía de Pollicita, analizó los períodos fiscales de Carlos Kirchner durante su paso en la función pública. Entre el 28 de julio de 2005 y el 9 de diciembre de 2017, es decir con posterioridad a la asunción del cargo público de Subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño, el ex funcionario "adquirió a título personal o a través de personas interpuestas, trece inmuebles en el país". Los mismos se inscribieron por 904.600 dólares y 741.982 pesos.

Durante la investigación el fiscal pidió que todos sus bienes sean valuados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación. Se les asignó un valor 1.855.154 dólares y 1.000.320 pesos.

Además, Kirchner adquirió catorce automotores —Porsche Cayenne, Audi A3, Audi A5, Mercedes Benz E350 coupé, Mercedes Benz C63 AMG, Peugeot 4008 feline, Subaru Forester, Peugeot 308 y Toyota Hilux, dos Volkswagen Golf, Volkswagen Saveiro, Renault Torino y Volkswagen Escarabajo—. "En los que se erogaron 3.525.457,88 pesos", detalla la resolución con la que se lo llamó a indagatoria.

También bajo sospecha hay una embarcación escriturada por 89.000 pesos y valuada en 134.000 pesos (40.000 dólares), "sin que ello encuentre respaldo en la realidad económica del ex funcionario público, ni de quienes habrían actuado como personeros suyos", explicó la fiscalía.

Pero además, el juez Ercolini quiere desentrañar un conjunto de operaciones detalladas por la fiscalía. "El ex funcionario -a título personal o a través de personas interpuestas- realizó operaciones de cambio por prácticamente un millón de dólares (USD 917.461), incorporó aportes societarios en efectivo por un total de 435.000 dólares y 1.167.264 pesos".

El listado de operaciones incluye una donación a su esposa y a sus hijos por la suma de 2.932.068,80 pesos. Por otro lado, se detalló que constituyó "millonarios plazos fijos en moneda local y en dólares estadounidenses y poseyó cientos de miles de pesos y dólares en efectivo, todo ello en forma desproporcionada en relación al nivel de ingresos y gastos generados".

En este punto, durante la pesquisa la fiscalía consideró por demás significativo el aumento patrimonial de Carlos Kirchner y "de las personas que habrían actuado en forma interpuesta Cecilia Catalina Saade, Carlos Jorge Kirchner, K-Sanc S.A. y K-Joro Real Estate Investments LLC en el período 2005- 2017".

Esta causa fue iniciada por una denuncia de la UIF del gobierno de Cambiemos, a cargo entonces de Mariano Federici.

Carlos Kirchner está procesado por ser parte de una asociación ilícita en la obra pública, que terminó favoreciendo a Lázaro Báez con 51 contratos viales por $ 46.000 millones. Tiene un embargo de 10.000 millones de pesos, y ahora afronta una investigación patrimonial que analizó la adquisición de propiedades, movimientos fondos, desde 2003 hasta 2017.