Piden 12 años de prisión para Sergio Urribarri en un megajuicio por corrupción
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La fiscalía de Entre Ríos solicitó 12 años de prisión para el ex gobernador Sergio Urribarri, quien ahora se desempeña como embajador argentino en Israel, en un megajuicio por corrupción durante su gestión provincial.
La investigación apunta a negociaciones incompatibles, peculado e incumplimiento de los deberes de funcionario público por el presunto desvío de fondos de campañas de publicidad durante la gestión del actual funcionario.
Por eso el fiscal Gonzalo Badano, encargado de la acusación final, solicitó también la inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos de Urribarri.
Se trata de un juicio que agrupa cinco causas de corrupción, donde se investigan a 13 imputados. Además de Urribarri, están acusados su ex ministro de Cultura y Comunicación, Pedro Baéz, y el funcionario del Senado provincial, Juan Pablo Aguilera, entre otros; para ellos, pidieron 10 años de cárcel. Por su parte, otro alto ex funcionario acusado es el ex ministro de Turismo, Hugo Marsó, para quien se solicitó 5 años de prisión.
Los fiscales calcularon el desvío de dinero en alrededor de u$s9 millones en contratos de publicidad oficial. De hecho, un empresario «arrepentido» admitió haber conseguido contratos a cambio de retornos al cuñado de Urribarri.
El descargo de Urribarri
El ex gobernador dio su versión en el juicio la semana pasada y habló de una operación judicial, política y mediática en su contra y apuntó contra el diputado macrista Rogelio Frigerio y contra el periodista Daniel Enz, entre otros.
Además, el Ministerio Público Fiscal solicitó para el exministro de Cultura y Comunicación de la era urribarrista, Pedro Báez, una pena de diez años de cárcel e inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos, también por delitos de peculado y negociaciones incompatibles. Ese mismo pedido de pena recibió Juan Pablo Aguilera, cuñado de Urribarri y exsecretario de la Cámara de Senadores de la provincia, quien era sindicado como dueño de las imprentas contratadas por el Estado entrerriano.
En un largo alegato, los fiscales sostuvieron que Urribarri, Baez y Aguilera tenían el deber de informar sobre el choque de intereses entre la esfera pública y los negocios privados, pero no lo hicieron porque, para los acusadores, las contrataciones formaban parte de un plan de desvío de fondos.
Los fiscales dijeron que hubo "pagos que no debieron hacerse" y contrataciones a empresas que no estaban en el registro de proveedoras del Estado; que se adulteraron fotografías que se usaron de prueba de trabajos realizados y que se hicieron contrataciones sin justificaciones previas ni explicaciones de por qué el cual se llevaban a cabo, falta de justificativo para contratar por la vía de la excepción, falta de reserva presupuestaria para los trabajos, irregularidades en los expedientes y sobreprecios.
Uno de los delitos imputados al exmandatario y sus exministros fue el pago de coimas en la contratación de un parador en un balneario de la costa atlántica que, además, habría tenido la finalidad oculta de promocionar la precandidatura de Urribarri a la presidencia de la Nación, según dijeron en sus alegatos los fiscales.
El juicio entra ahora en la etapa de los alegatos de las defensas y se espera en marzo el tribunal dicte sentencia. Mientras tanto, sigue con el apoyo de la vicepresidenta Cristina Fernández.