Este lunes empiezan los debates en la Cámara de Diputados para la aprobación del acuerdo con el FMI, mientras se definen posiciones en los bloques.

Es el día de inicio de los debates en Comisión, en la Cámara de Diputados, del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, para la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, y los líderes de los bloques, armaron una suerte de agenda de trabajo que aspiran a que concluya, jueves o viernes, con una sesión que de la aprobación al proyecto.

Lo cierto es que es la primera vez que un acuerdo con el FMI pasa por el Congreso, simplemente porque es una facultad plena del Poder Ejecutivo y la motivación del aval parlamentario es política: por un lado el FMI pretende que la oposición, que eventualmente sucederá al actual gobierno en 2023, haya respaldado la continuidad del cumplimiento de las metas; y por otro, el gobierno quiere poder repartir las responsabilidades de los resultados económicos del acuerdo entre todos los sectores de Frente de Todos y también con Juntos.

Las discusiones parlamentarias son en realidad una excusa. No hay margen para cambiar nada en la iniciativa del gobierno. Ya antes de remitirlo al Congreso, hizo la modificación que se podía hacer: dividió la aprobación del acuerdo del artículo en que se determina el mecanismo para aumentar tarifas, algo que ni los opositores ni La Cámpora van a votar a favor.

Empiezan los debates en la Cámara de Diputados para la aprobación del acuerdo con el FMI

Acuerdo con el FMI: Massa  y la difícil tarea de convencer a propios y a ajenos

Ahora, con la pantalla del debate técnico, Massa aspira a ordenar a los propios y a ayudar a ordenarse a los ajenos. La oposición tiene una idea genérica de como proceder. "Vamos a apoyar el proyecto en la votación en general. Cuando se vote en particular, acompañamos el artículo primero que es la aprobación del acuerdo y rechazamos el segundo, que contiene los anexos donde se explica como van a aumentar las tarifas", dice, docente, uno de los diputados de Juntos que más sabe de economía.

De todos modos, la discusión es política y no económica. El bloque radical va a seguir esta metodología en apariencia, pero los gobernadores, especialmente el jujeño Gerardo Morales quiere que se vote a favor el proyecto completo. "No tenemos por qué no votar que los porteños paguen como pagamos todos, ¿a quien se le ocurre?", dice un operador del ahora presidente de la UCR.

La guerra entre unitarios y federales volvió doscientos años después, disfrazada por los incrementos tarifarios necesarios para reducir los subsidios y acomodar el gasto público como exige el FMI.

En el PRO la cosa está un tanto más clara. Su base electoral es casi 100% porteña y si bien los halcones podrían buscar su ocasión para dañar indirectamente a Horacio Rodríguez Larreta, temen que la jugada sea demasiado arriesgada y se les vuelva en contra. De todas formas, muchos quieren aprovechar la negociación con Massa, para obtener el compromiso de tratamiento de ciertos proyectos que consideran que vienen "cajoneados".

Por el lado de La Cámpora, la idea que impera en estos días, es abstenerse en la votación en general, hacer lo mismo con el artículo 1° en la votación en particular y rechazar los aumentos tarifarios del artículo 2°. Así, mantendrían distancia de la estrategia de Juntos y no apoyarían un acuerdo que va en contra de lo que pretenden proponer en 2023. "Es la forma en que quedamos totalmente despegados de la entrega ridícula que propone el albertismo y de su fracaso económico de los próximos dos años", dice una diputada camporista de importante llegada a Máximo Kirchner.

Con la pantalla del debate técnico, Massa aspira a ordenar a los propios y a ayudar a ordenarse a los ajenos

Acuerdo con el FMI: las tarifas, eje de la discordia

En definitiva, con el esquema descripto, el proyecto va salir apoyado por la Cámara en cuanto al acuerdo, pero rechazado en lo atinente al aumento tarifario. Esto no quiere decir que se desmorone la convención con el Fondo. El aumento de tarifas es una potestad del Ejecutivo y tiene mecanismos legales previstos para llevarlo a cabo sin intervención del Congreso, es más, la aprobación parlamentaria no suple esos mecanismos.

Básicamente, se trata de la celebración de audiencias públicas que con el voto positivo en las Cámaras o no, deberán celebrarse igual, porque su espíritu es el de un sistema de democracia semi directa para ese rubro, eso son las audiencias públicas y el Congreso es la máxima consagración de la democracia indirecta, por lo cual uno no puede suplir otro.

Pero políticamente, el gobierno tendrá que hacerse cargo solito del costo político del incremento tarifario, que será salvaje, porque requiere una actualización desde 2019, cuando Mauricio Macri congeló tarifas por motivos electoralistas, y posteriormente, Alberto Fernández lo hizo con la excusa de la pandemia. "Que se haga cargo" coinciden en Juntos y en La Cámpora.