Con la lupa puesta en funcionarios y dirigentes que se enriquecen "indebidamente", Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación para que las declaraciones juradas cuenten con un sistema de actualización más simple. La idea de la oposición es que cualquier ciudadano pueda acceder al detalle del patrimonio de los funcionarios públicos y puedan analizar si estos se han enriquecido indebidamente o no de un año a otro.

El proyecto en cuestión fue presentado por el diputado nacional por La Pampa, Martín Berhongaray (Juntos por el Cambio), quien solicitó modificaciones a la ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. Entre los pedidos del legislador radical se encuentra que los funcionarios describan cada detalle de sus adquisiciones, como la fecha de compra, su valor y el origen de los fondos "aplicados a cada adquisición", y pide que la Oficina Anticorrupción establezca el valor de esos bienes de forma anual ajustado "a su valor real".

Las modificaciones que pide JxC a la Ley 25.188 son al artículo 6 de dicha normativa, puntualmente a los dos incisos: el c) y el i).

"ARTÍCULO 6º — La declaración jurada deberá contener una nómina detallada de todos los bienes, propios del declarante, propios de su cónyuge, los que integren la sociedad conyugal, los del conviviente, los que integren en su caso la sociedad de hecho y los de sus hijos menores, en el país o en el extranjero. En especial se detallarán los que se indican a continuación", dice la ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

En ese sentido, los incisos de la ley que pide modificar la oposición actualmente describen:

c) Otros bienes muebles, determinando su valor en conjunto. En caso que uno de ellos supere la suma de cinco mil pesos ($5.000) deberá ser individualizado;

Juntos por el Cambio presentó un proyecto de ley en el Congreso de la Nación

i) En el caso de los incisos a), b), c) y d), del presente artículo, deberá consignarse además el valor y la fecha de adquisición, y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición.

Si se aplica la modificación que pide Juntos por el Cambio, quedaría de la siguiente forma:

"c) Otros bienes muebles, determinando su valor en conjunto. En caso que uno de ellos supere el valor de un salario vital, mínimo y móvil, deberá ser individualizado".

"i) En el caso de los incisos a), b), c) y d), del presente artículo, deberá consignarse además el valor y la fecha de adquisición, y el origen de los fondos aplicados a cada adquisición. La reglamentación de la Oficina Anticorrupción establecerá anualmente el procedimiento aplicable a fin de que se establezca el valor de esos bienes que exprese del modo más ajustado posible su valor real".

Para el diputado Berhongaray, como está planteado el sistema actual de declaraciones juradas de funcionarios públicos "es imposible que pueda haber control ciudadano", por lo que aseguró que su iniciativa busca "un sistema de actualización lo suficientemente simple como para que cualquier persona pueda analizar de manera sencilla si un funcionario se ha enriquecido indebidamente o no de un año a otro".

Una de las cosas que le hace ruido al legislador radical es que parte del incremento patrimonial de los funcionarios se debe a justificaciones basadas en el incremento de la valuación de los bienes, "lo que genera incertidumbre en los usuarios de la información, toda vez que los procedimientos de valuación y de actualización periódica de los valores, se relacionan con situaciones contables de difícil percepción por las personas interesadas en supervisar la ética de los funcionarios", argumentó el diputado en su proyecto de ley.

Buscan que las declaraciones juradas cuenten con un sistema de actualización más simple

Al mismo tiempo, el legislador admite que si bien se deben modificar un "conjunto de tecnicismos" que dificultan el entendimiento y claridad de las declaraciones juradas de los funcionarios, para que su idea prospere se necesita "una enorme dosis de voluntad política desde el más alto nivel gubernamental".

Justamente, una de las últimas declaraciones juradas que hizo ruido fue la del mismísimo presidente de la nación, Alberto Fernández, quien declaró un patrimonio de 18 millones de pesos y que en comparación con el año pasado el caudal del mandatario nacional aumentó más de un 100%, ya que en el 2021 su patrimonio era de $5,7 millones. Desde el Gobierno salieron en su defensa y vía Gabriela Cerruti apuntaron contra los medios de comunicación, alegando que la prensa difundió "de manera equivocada y malintencionada información falsa basada en las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma". Asimismo, la vocera presidencial aseguró que Alberto Fernández "ha hecho de la decencia y la austeridad pilares de su trayectoria".

Comisión Nacional de Ética Pública

Por otro lado, en el proyecto de la oposición también se propone la creación de una Comisión Nacional de Ética Pública en el Congreso de la Nación, que estará integrada por 11 miembros y que serán "ciudadanos de reconocidos antecedentes y de prestigio público".

Dicha Comisión lo que hará es investigar a los funcionarios respecto a sus declaraciones juradas, y previamente "establecer un procedimiento sancionatorio" a la persona investigada.

"ARTÍCULO 23— Créase en el ámbito del Congreso de la Nación, la Comisión Nacional de Ética Pública que funcionará como órgano independiente y actuará con autonomía funcional, en garantía del cumplimiento de lo normado en la presente ley", reza el texto presentado por Berhongaray, que pide se incorpore en la Ley 25.188.

Asimismo, la propuesta explica que los 11 miembros que integrarán la Comisión, "no podrán pertenecer al órgano que los designe y que durarán cuatro años en su función pudiendo ser reelegidos por un período".

Alberto Fernández declaró el útlimo año un patrimonio de 18 millones de pesos

En ese sentido, la oposición propone que los miembros sean designados de la siguiente manera:

a) Uno por la Corte Suprema de Justicia de la Nación;

b) Uno por el Poder Ejecutivo de la Nación;

c) Uno por el Procurador General de la Nación;

d) Ocho ciudadanos que serán designados por resolución conjunta de ambas Cámaras del Congreso adoptada por dos tercios de sus miembros presentes, dos de los cuales deberán ser: uno a propuesta del Defensor del Pueblo de la Nación, y el otro a propuesta de la Auditoría General de la Nación.

"Con el propósito de generar un ámbito que brinde confianza pública en el seguimiento de la evolución patrimonial y ética de los funcionarios, se propone restablecer un órgano que en su momento fue suprimido legalmente, pero cuya presencia juzgamos necesaria a fin de que la Ley cumpla su cometido, y contribuya eficazmente al objetivo común de eliminar la corrupción administrativa del ámbito del Estado Nacional", argumentó el diputado opositor respecto a la creación de dicha Comisión.