La tregua duró la mitad de lo previsto: 56 días, exactamente, y no los 100 que el ámbito político había previsto que iba a tener Sergio Massa para aplicar medidas duras sin sufrir críticas del kirchnerismo. La publicación del dato de pobreza e indigencia fue la señal que convenció a la vice de que era hora de romper el mutismo y volver a opinar sobre la política económica, sabiendo que su palabra tiene el potencial de crear turbulencias políticas.

Hasta ahora, Cristina había cumplido su parte, manteniendo el silencio ante la "claudicación" del dólar soja, o cuando Massa anunció un recorte de subsidios tarifarios mucho más audaz que el que originalmente pretendió hacer Martín Guzmán.

En parte por la necesidad de resolver la emergencia de las reservas del Banco Central, y también en parte por la dedicación de Cristina a su defensa en la causa judicial de la obra pública -sin contar, claro está, el shock del atentado contra su vida-, la líder kirchnerista había convalidado con su abstinencia de comentarios el hecho de que Massa tuviera carta blanca para avanzar con un programa "de ajuste".

Sin embargo, a pesar de que Massa tuvo éxito en recuperar oxígeno en el plano cambiario y de la financiación del Tesoro, a Cristina se le hacía cada vez más difícil contener la ola de descontento que venían expresando las bases del kirchnerismo.

Y los tiempos se aceleraron con el conflicto del neumático, que dejó en evidencia las divergencias profundas que hay en la coalición gobernante sobre la política de ingresos. Massa y su colega de la cartera de Trabajo, Claudio Moroni, se alinearon con la postura empresarial, lo cual provocó un terremoto interno.

El conflicto del neumático dejó en evidencia la diferencia de postura entre Massa y el kirchnerismo, que lo acusa de "rompehuelgas"

Lo que se percibe con preocupación en el kirchnerismo es el avance del protagonismo de "los troskos" en el ámbito sindical, que están desplazando al peronismo como referente de la lucha por la recuperación salarial. Y se escuchan los reclamos por una clara toma de posición en favor del sindicato en el conflicto del neumático.

Fue por eso que la amenaza sobre la apertura de la importación, como forma de garantizar la continuidad de la actividad automotriz, fue interpretada en el kirchnerismo como "una medida rompehuelgas".

Cristina Kirchner versus Massa por el "ancla salarial"

Y al calor de ese debate, empezó a tomar forma una sospecha más grave: que en realidad el eje central de la política económica de Massa es usar a los salarios como "ancla" inflacionaria. Esa percepción se agravó a partir de que el ministro, tras su gira en Estados Unidos donde se entrevistó con la plana mayor del Fondo Monetario Internacional, mostró su compromiso de abandonar las dos anclas clásicas de la historia económica argentina: el tipo de cambio y las tarifas públicas.

En el proyecto de presupuesto 2023 que ayer Massa presentó en el Congreso, hay algunas pistas en ese sentido. Tal como había hecho anteriormente Guzmán, la previsión de inflación aparece subestimada, de manera que formalmente se proyecta una recuperación salarial; pero la realidad puede ser muy diferente.

Massa prevé, por ejemplo, que la masa salarial del sector estatal subirá un 76,7% el año próximo, lo cual implicaría una recuperación real siempre y cuando la inflación fuera el 60% de proyección oficial en el que nadie cree. Más bien al contrario, todos los agentes económicos, empezando por los sindicatos, toman en cuenta la previsión de la encuesta REM del Banco Central, que prevé un 84%.

El temor es que, tal como había hecho Guzmán, la cifra de inflación subestimada tenga en realidad el propósito de marcar una referencia a la hora de las negociaciones paritarias, para evitar "desbordes" en los aumentos nominales de salarios.

La erosión salarial provocada por la inflación llevó al kirchnerismo a plantear la necesidad de aumentos por decreto, una medida que resiste Moroni

Cristina siempre había sido la encargada de romper la estrategia del ex ministro, a veces dando ella misma aumentos por encima del "techo oficial" a los empleados del Congreso -irónicamente, en acuerdo con Massa, que presidía la Cámara de Diputados-. Y otras veces por la vía de apoyar públicamente a sindicatos "rebeldes", como fue el caso de los bancarios que, a inicios de año, llegaron a medidas de paro y lograron una suba superior a la referencia de Guzmán y Moroni.

La expresión más clara de esa tensión interna fue el reclamo por una suba salarial generalizada, con suma fija, a dictarse por decreto. El principal opositor a esa medida fue el ministro Moroni, que sostiene que el sistema de paritarias es eficaz para defender al salario contra la inflación. Y su postura fue acompañada por la cúpula de la CGT, que siente que el aumento por decreto le hace perder el protagonismo en la negociación salarial.

Ese reclamo, que había tenido su momento de mayor intensidad en verano, se renovó en los últimos días, por la ola inflacionaria que puso al IPC en el nivel del 7% mensual, y por la escalada de la conflictividad laboral.

La lupa en los balances de las empresas

Cristina venía sintiendo la presión de sus bases para que diera señales sobre su desavenencia con la política salarial. Y ahora, el golpe anímico que significó la publicación de los datos de la pobreza, que confirmó los peores temores sobre la marcha de la economía argentina.

Una mejora apenas marginal en cantidad de pobres -bajó de 37,3% a 36,5% en un semestre- pero un empeoramiento en el número de indigentes -subió de 8,2% a 8,8%- redondean un panorama peor aun del que se esperaba.

Los datos corresponden al primer semestre del año, cuando la economía se recuperaba con fuerza del bajón provocado por la pandemia y se creaban nuevos puestos de empleo, por lo que había cierta expectativa de mejora. Sin embargo, quedó confirmada la advertencia que hacían los economistas: que la ola inflacionaria neutralizó la mejora en los indicadores de actividad productiva, de manera que en el plano social no se sintió la mejora.

Cristina puso la lupa sobre los balances corporativos para diagnosticar que la causa de la inflación es que las compañías aumentan sus productos por encima de sus costos

Y, lo peor de todo, estos números de pobreza probablemente hayan sido los mejores de la gestión Fernández-Fernández, dado que ya hay proyecciones de un empeoramiento para los próximos semestres, dada la erosión que la alta inflación está provocando sobre los ingresos.

Cristina sintió que tenía que romper el silencio pactado con Massa y dar su propia interpretación sobre esos datos. El empeoramiento de la indigencia es visto por la vice como un reflejo de la suba de los precios de alimentos, y una señal para que el Gobierno intervenga.

"Está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad", diagnosticó la vice, que desde hace tiempo ha puesto la lupa sobre los balances corporativos.

En algunos casos, como el de la cadena supermercadista La Anónima, Cristina había argumentado que el balance dejaba en evidencia cómo las empresas habían subido los precios por encima del encarecimiento de sus costos, generando de esa forma un agravamiento de la inflación y manteniendo bajos los sueldos de sus empleados.

Lo cierto es que, en la mayoría de las empresas del sector alimenticio -como Arcor y Molinos- y también en algunas comercializadoras, el rubro de ventas de alimentos en el mercado interno arrojó pérdidas. Pero el balance consolidado de las empresas tuvo un resultado positivo gracias a que las compañías lograron aliviar el peso de su deuda -irónicamente, gracias a la política de atraso cambiario establecida por el Banco Central-.

Pero desde el punto de vista de Cristina, la situación es clara: como el consumo está en caída, no se puede achacar a los salarios la culpa de la inflación, sino al afán empresarial por maximizar sus ganancias. Ya manifestó públicamente su desacuerdo con el argumento que sostiene la mayoría del gremio de los economistas: es decir, que la inflación es el reflejo de la emisión monetaria realizada para financiar el gasto público.

Con otra protesta piquetera como fondo, Cristina dijo que el empeoramiento en la indigencia marca la necesidad de un cambio de política

Cristina Kirchner y un límite a Massa

En todo caso, el regreso de Cristina al debate económico implica una fuerte señal política. Equivale a marcarle un límite a Massa en su política de estabilización financiera -que, según la visión generalizada del mercado, está llevando a una fase recesiva-.

"El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia", escribió la vicepresidente.

La alusión a la asistencia para los argentinos en situación de indigencia tuvo, además, un "timing" particular, porque coincidió con otro masivo acampe de los piqueteros en la avenida 9 de Julio. Y pone un interrogante sobre si Cristina apoyará la postura del ministerio de Desarrollo Social, que se ha resistido a una reapertura en la lista de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo -que hoy está asignado a 1,2 millón de personas-.

Por detrás del elogio a Massa y su "duro trabajo", el mensaje de Cristina conlleva una advertencia: que el salario no puede ser la variable de ajuste y que el Gobierno debería poner su foco en los márgenes de ganancias de las grandes empresas.

Es una postura a la que Massa no parece adherir, como quedó demostrado en su intervención en el conflicto del neumático. Y marca la primera divergencia entre el "superministro" y Cristina, que dejó en claro que, pese a sus problemas judiciales y a su insinuación de que no quiere postularse en las elecciones, no se resigna a perder el rol protagónico en la escena política.