Tras el revuelo causado por el pase a planta permanente de más de 11 mil estatales, el ministro de Economía, Sergio Massa, envió ahora una señal de ajuste al FMI, al ponerle un freno al crecimiento de los planes sociales. La medida llega sobre el final del año, que siempre constituye un desafío para los gobiernos, por la posibilidad de que se produzcan protestas sociales.

El borrador del decreto, al que accedió iProfesional, precisa que las bajas de planes no serán reemplazadas y el dinero que quede será destinado a la compra de máquinas y herramientas. "Se dispone la limitación de las incorporaciones de beneficiarios y beneficiarias al Programa Nacional Potenciar Trabajo", señala.

La jugada, a varias bandas, implica poner un corte al ingreso de nuevos beneficiarios al programa Potenciar Trabajo, que tiene 1.300.000 planes y representa una erogación de más de 450.000 millones de pesos anuales. El detalle se irá informando por decreto. La decisión fue acordada por Massa con la nueva ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.  "No hay más incremento en los titulares del Potenciar Trabajo, tengo un techo al que me he comprometido", admitió la funcionaria, en declaraciones radiales.

"Tenemos que dejar ser el ministerio de la pobreza, para ser el de Desarrollo social", dijo Tolosa Paz. Señaló que la prioridad es "brindar las herramientas para el desarrollo de las capacidades y los saberes de la población económicamente activa y especialmente a la juventud para que el país crezca y genere mayor riqueza y mayor inclusión".

El Potenciar Trabajo se lleva el 50 por ciento del presupuesto de ese Ministerio. El decreto destaca que estos sectores se incluyen en el trabajo formal y la institucionalización de la economía popular.

Tolosa Paz asegura que el proyecto fue conversado con parte de los movimientos sociales que integran la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), pero en el Gobierno igual esperan reclamos que podrían incluir protestas sobre la avenida 9 de Julio.

El Gobierno prepara un decreto para limitar el ingreso al programa Potenciar Trabajo

Massa envía señal al FMI: pondrá un techo a planes sociales

Luego de trascender la medida, el kirchnerismo hizo llegar su malestar a través de los funcionarios que responden a la vicepresidenta Cristina Kirchner en el seno de Desarrollo Social, según pudo confirmar iProfesional.

A partir de ahora, quienes se den de baja por distintos motivos en esos programas no podrán ser reemplazados por otros. El ahorro que resulte de esas bajas solo podrá ser destinado a la adquisición "de herramientas o materiales", acordaron Massa y Tolosa Paz.

Las organizaciones sociales vienen reclamando en cambio ampliar los beneficiarios de planes y esgrimen como argumento la suba en los niveles de pobreza, que cerraría el 2022 por encima del 40%.

A través del programa más numeroso, el Potenciar Trabajo, los beneficiarios perciben la mitad del salario mínimo, vital y móvil, que este mes es de $ 28.950.

El recorte en los planes será acompañado por el otorgamiento a las Cooperativas de Trabajo de la Economía Popular de créditos de hasta $ 300 millones, actualizables, para la realización de tareas bajo la modalidad de contratación de la Obra Pública Nacional.

En los pliegos de bases y condiciones generales de las contrataciones del Estado se le dará un margen de preferencia para las empresas oferentes que acrediten contar con un mínimo del 5% de trabajadores vinculados con el Programa "Puente al Empleo",

El ministro Sergio Massa busca mandar señales al FMI

Qué harán los movimientos sociales

Por este programa, los empleadores del sector privado que contraten nuevos trabajadores que participen en programas sociales, educativos o de empleo pueden imputar a cuenta del pago del salario el dinero que el trabajador cobra por el programa social. Y se le reducen a las empresas el pago de las contribuciones patronales previsionales, asignaciones familiares y de salud.

Este beneficio a las empresas es por 12 meses desde el inicio de la relación laboral. Y se da por cada nueva incorporación de trabajadores que produzca un incremento neto en la nómina de personal. Si finaliza el contrato de trabajo con 8 y 12 meses de aportes, los trabajadores podrán optar entre permanecer en el programa de origen o tener una prestación por desempleo. Un decreto en estudio dispondrá la integración del Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario en un plazo no mayor a los 60 días.

Ese Consejo lo componen los Ministerios de Desarrollo Social, Trabajo y Economía y las organizaciones inscriptas en el Registro de Asociaciones de Trabajadores de la Economía Popular y de Subsistencia Básica.

La inminente medida ya puso en estado de alerta a los movimientos sociales opositores al Frente de Todos, que amenazan con activar un acampe a partir de la semana próxima en el Ministerio de Desarrollo Social, en la avenida 9 de julio.

Eduardo Belliboni, referente del Partido Obrero, ya salió a rechazar el plan de ajuste y lanzó advertencias. "Llegamos casi hasta fin de año con los programas cerrados, un ingreso miserable de $25000, un cuarto de la canasta de pobreza y sin ninguna perspectiva de mejora en lo que resta del año en la cuestión central, que es el reclamo de las organizaciones de la unidad piqueteras: trabajo genuino", dijo Belliboni.

Y agregó, desafiante: "Frente a este cuadro advertimos que de no encontrarse mínimas respuestas ya acordadas y establecidas con el Ministerio de Desarrollo Social volveremos a salir fuertemente en todo el país con acciones de lucha la semana que viene, sin descartar una permanencia frente al Ministerio reclamando una reunión con la señora Tolosa Paz, que nunca respondió nuestro pedido de audiencia".

Los movimientos sociales preparan un plan de lucha

Auditoría del Ministerio de Desarrollo Social

A las organizaciones sociales les preocupa, además, el resultado de una auditoría encarada por el Ministerio de Desarrollo Social sobre los planes. Si bien existen 1.300.000 beneficiarios, en esferas oficiales estiman que un tercio -unos 400.000- podrían ser dados de baja después de las auditorías en marcha. Serían beneficiarios que no están brindando contraprestación alguna -cuatro horas de trabajo- por los planes que cobran. Algunos ni siquiera existen y se sospecha que forman parte de los negociados detrás de este tipo de beneficios.

"Es prioridad del gobierno nacional promover el trabajo en sus diversas formas y el acceso a los derechos de la seguridad social por parte de los sectores sociales con mayor grado de vulnerabilidad económica y social. También promover y defender, en todo el territorio nacional, los derechos de los trabajadores que se desempeñan en la Economía Popular con miras a garantizarles acceso a la vivienda digna, a la alimentación adecuada, a la educación, vestimenta, cobertura médica, transporte y esparcimiento, vacaciones y protección previsional, entre otros derechos, con fundamento en las garantías otorgadas al trabajo en sus diversas formas", sostiene el decreto que está a la firma del presidente Alberto Fernández.

"La política del Gobierno Nacional entiende que la cobertura de las necesidades de los sectores vulnerables a través de los incentivos necesarios para la formalización de las relaciones laborales es un mecanismo para superar dicha vulnerabilidad. Que se dispone la limitación de las incorporaciones de beneficiarios y beneficiarias al PROGRAMA NACIONAL DE INCLUSIÓN SOCIO-PRODUCTIVA Y DESARROLLO LOCAL "POTENCIAR TRABAJO", con el objetivo de promover el desarrollo de sus calificaciones laborales y la contratación de los mismos en trabajos registrados", señala el borrador de decreto.