La grieta en Diputados demora el avance de proyectos que necesita Sergio Massa

La dirigencia política en el Congreso Nacional demuestra que sus diferencias se vuelven cada vez más irreconciliables; un ejemplo claro fue la última sesión en la Cámara de Diputados, que estuvo atravesada por mucha violencia: gritos, insultos, gestos obscenos y hasta expresiones xenófobas.

Esta situación hace suponer que la actividad parlamentaria se paralizará durante un tiempo prudencial, al menos hasta que los legisladores de oficialismo y oposición se logren poner de acuerdo. Mientras tanto, hay algunos proyectos de ley en materia económica que quedaron en "stand by".

Si bien algunos proyectos habían logrado avanzar en el Congreso a través de reuniones de Comisión correspondientes, es probable que antes de que finalice el año no se le dé continuidad a dos iniciativas económicas: uno es un proyecto sobre lavado de activos y el otro referido a la ley de Agrobioindustria.

Su demora no solo se le atribuye a las diferencias y falta de consensos entre los legisladores, sino que ahora el objetivo principal del ministro de Economía, Sergio Massa, es enviar -para su rápido tratamiento y aprobación-, una normativa sobre un nuevo blanqueo, tras el acuerdo que el líder del Frente Renovador firmó hace días con los Estados Unidos.

Prevención y persecución contra el lavado de activos

Uno de los temas que estaba a punto de obtener dictamen y llegar al recinto es el proyecto de ley por el cual se modifica la legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. La iniciativa del Poder Ejecutivo, que se presentó el 31 de mayo pasado, propone modificaciones a las normas vigentes a fin de adecuarse a los estándares internacionales.

Este es un proyecto clave para el Gobierno Nacional, ya que en el 2023 hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas de la entidad, por lo que desde el Ejecutivo le pidieron a los legisladores nacionales que se apruebe "lo antes posible", deseo que a simple vista parece no será cumplido este año.

El objetivo principal de Massa es enviar -para su rápido tratamiento y aprobación-, una normativa sobre un nuevo blanqueo

En concreto, el texto propone otorgar mayor autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, a través de diversas reformas al Código Penal, a la Unidad de Información Financiera (UIF) -un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía-, y entre otras cosas, también sugiere que se deberá informar al organismo las operaciones de activos virtuales, que incluye también a las criptomonedas.

En esa línea, la iniciativa dispone "la incorporación de los proveedores de servicios de activos virtuales a las personas humanas o jurídicas que realizan, en nombre de un tercero, custodia y administración de efectivo o valores líquidos, abogados y proveedores de servicios societarios y fiduciarios".

Según el texto presentado por el Gobierno, el proyecto de ley tiene tres ejes centrales:

- La modificación del Código Penal

- La reforma a la ley 25.246 (Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo)

- La creación de un registro de beneficiarios finales.

Reunión de Comisión

La última reunión que trató esta iniciativa se realizó el pasado 23 de noviembre, en una reunión conjunta de las Comisiones de Legislación General y Finanzas, que encabezan los diputados oficialistas Lucas Godoy y Alicia Aparicio.

"El carácter complejo de estos ilícitos, el auge en las comunicaciones y las nuevas formas de operar financieramente transforman en imperiosa una reforma que permita actualizar el Código Penal y le otorgue a la UIF herramientas adecuadas al contexto actual, para prevenir e impedir el Lavado de Activos…", describe el expediente del proyecto debatido en Comisión.

Hay algunos proyectos de ley en materia económica que quedaron en "stand by" en Diputados

En ese encuentro, participaron funcionarios públicos y abogados, que pidieron "lo antes posible" las reformas a la ley de lavado de dinero.

Juan Carlos Otero, presidente de la Unida de Información Financiera (UIF), fue uno de los expositores en esa reunión de Comisión, en la que explicó que de aprobarse el proyecto de ley permitirá "mejorar la persecución contra los delitos de lavado de activos y la lucha contra el financiamiento del terrorismo".

En esa línea, le recordó a los diputados nacionales la importancia que tiene para el Ejecutivo que se apruebe dicha normativa, y aclaró: "En 2023 vamos a ser evaluados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que va a evaluar a los tres poderes del Estado y al sector privado... Es muy importante cumplir con lo técnico de la evaluación, es por ello, que es necesario arribar a consensos para poder aprobar lo antes posible este proyecto para tener mayor efectividad de cara a la evaluación. Evalúan a un país no a un gobierno".

En esa misma línea, también expuso Ricardo Casal, secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía y Zenón Biagosch, director del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Ambos coincidieron en que es importante que el proyecto se apruebe ya que la legislación actual tiene 11 años que no se modifica y "requiere una reforma estructural".

"En lo que hace a las temáticas del BCRA no podemos desconocer que la realidad nos está demostrando que hay una mutación muy importante en todos los sistemas de oferta y contratación del sistema financiero por ende los controles que tenemos que aplicar en ese sentido tiene que aggiornarse a estas nuevas realidades... Sujetos obligados a informar operaciones sospechosas, otros proveedores de cobros y de pagos y otros proveedores no financieros de créditos y de activos virtuales", explicó el director del BCRA.

El proyecto también tiene el visto bueno de la AFIP, quien también cumplirá su rol de aprobarse la iniciativa. En ese orden, Verónica Grondona, directora de Fiscalidad Internacional de la Administración Federal de Ingresos Públicos, describió que el objetivo es que Argentina tenga "una verificación en cascada del beneficiario final, controlando por un lado a aquellos beneficiarios finales que lo sean por titularidad de acciones, a través de la votación u otros medios indirectos".

El proyecto del lavado de dinero también tiene el visto bueno de la AFIP

Además de los funcionarios públicos, en esa reunión también expusieron algunos abogados, como María Eugenia Talerico, que también es ex vicepresidenta de la UIF, especialista que alertó: "Hoy las maniobras de lavado de activos del crimen organizado afectan el orden económico y financiero".

Tras la reunión, la oposición se mostró predispuesta a acceder a su aprobación pero pidió algunas correcciones a la normativa respecto a pedidos del Fondo Monetario Internacional FMI. Si bien hubo consenso y el oficialismo dijo que accedería, todo quedó en veremos tras la bochornosa última sesión de la Cámara de Diputados.

Proyecto de Ley Agrobioindustrial

Otro proyecto que quedó lejos de tratarse este año fue el de la Ley Agrobioindustrial, iniciativa que reposa en las Comisiones de Industria, Presupuesto y de Agricultura.

Esta es una iniciativa que viene reclamando el Gobierno y puntualmente el ministro Sergio Massa, y aunque desde el oficialismo dejaron correr que había acuerdo del texto para emitir dictamen y llevarlo al recinto, aún hay diferencias con los bloques opositores, quienes por diversos temas, -Ley de Humedales de por medio- decidieron dilatar la discusión.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal alcanzar los 200 millones de toneladas de producción de cereales, oleaginosas, y legumbres para 2030. La meta es llegar a un nivel de exportaciones de bienes y servicios por u$s 100.000 millones para 2030, más la creación en ese plazo de unos 700.000 nuevos puestos de trabajo.

A su vez, el texto sugiere poner a disposición del sector una serie de beneficios fiscales con el objetivo de desarrollar toda la cadena productiva a través del estímulo de nuevas inversiones, preferentemente "con agregado de valor en origen". Asimismo, propone generar incentivos fiscales para fertilizar los suelos y en consecuencia mejorar los rendimientos.

Con la Ley Agrobioindustrial se busca alcanzar los 200 millones de toneladas de cereales, oleaginosas y legumbres para 2030

Respecto a incentivos económicos más relevantes establece:

- La devolución anticipada del IVA

- El otorgamiento de un bono de crédito fiscal

- Y cambios respecto a las deducciones del impuesto a las Ganancias.

Sobre el debate y tratamiento de este proyecto, el propio secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, analizó los ejes de la iniciativa en un plenario de las comisiones de Agricultura y Ganadería y de Industria de la Cámara baja.

"Este proyecto busca consolidar a la Argentina como elaborador de alimentos y como un jugador importante en la comercialización de alimentos a nivel mundial, tanto de origen vegetal como de origen animal, y en todo lo que es la exportación y el desarrollo de lo que es la agrobioindustria y la exportación del biodiesel y la promoción del desarrollo de lo que son las economías regionales", dijo el funcionario en su exposición, el pasado mes de agosto.

Y consideró que "desarrollando este tipo de economías es que vamos a tener políticas productivas federales, vamos a conservar a nuestros jóvenes en el interior, vamos sostener las economías de los pueblos del interior y de los gobiernos provinciales y vamos a tener un desarrollo como Nación por eso es importante no perder de vista este concepto federal más ligado a las economías regionales".

De todos modos, hay un sector del campo que, si bien celebra la idea, plantearon que se debe tratar una ley agrícola Argentina que sea más "abarcativa". Tras ese pedido, el diputado radical Ricardo Buryaile -que preside la Comisión- dijo que "el compromiso es trabajar para tener la mejor ley posible que contemple las necesidades de los productores y de un funcionamiento adecuado del Gobierno para avanzar en mejoras y en propuestas de mejoras al proyecto en cuestión". Un proyecto que todo indica que tampoco tendrá sanción en el 2022.