La "aventura" del bono de fin de año: judicialización y tironeos entre gremios y empresas
:quality(75):max_bytes(102400)/https://assets.iprofesional.com/assets/jpg/2022/12/547166.jpg)
El decreto 841/2022 que firmó el presidente Alberto Fernández el 17 de diciembre todavía no cumple sus dos primeras semanas de vigencia. Establece el pago de una "asignación no remunerativa por única vez" de 24.000 pesos para asalariados que perciben menos de 185.000 pesos mensuales. "Será abonada por los sujetos empleadores en el mes de diciembre de 2022", sostiene el texto.
Su aplicación fue parte de un largo debate interno en el Gobierno sobre el paliativo más efectivo para mitigar el efecto de la inflación, pero en sus primeros pasos ya cosechó incumplimientos, críticas y un amparo presentado este jueves para que un sector no lo pague.
Dentro del Gabinete justifican la implementación de la medida y reconocen que la implementación de un bono en este escenario inflacionario iba a ser resistido por distintas cámaras empresarias. Sabían de antemano que la primera piedra vendría de la Unión Industrial Argentina (UIA), porque ya había desaconsejado ese recurso cuando hicieron los primeros sondeos.
Y cuando ya estaba confirmada la medida, la camara empresaria emitió un comunicado donde planteó "preocupación por el impacto que tendrá en el sector productivo la modalidad bajo la que se implementará el otorgamiento de un bono para trabajadores privados".
Repitieron en público lo que habían sostenido en privado para ponderar la importancia de los acuerdos paritarios y que todo tendría que haberse resuelto en ese marco.
"Actualmente, la industria cuenta con más de 800 convenios colectivos en plena vigencia, acuerdos que son fruto del consenso entre trabajadores y empresarios. Durante 2022, las negociaciones paritarias se han reabierto y han funcionado como un mecanismo eficaz para dar respuesta al problema de la inflación", defendó la UIA, y advirtió que este bono "afecta esa dinámica de recomposición del poder adquisitivo de los salarios, generando distorsiones e imprevisibilidad al funcionamiento de uno de los activos más importantes que trabajadores y empresarios industriales acuñamos durante años: las paritarias".
Hasta el jueves las quejas no habían pasado del poder de lobby del sector industrial. Los grandes jugadores sólo insistieron en cumplir con los acuerdos paritarios, pero amplificaron a los más chicos, especialmente las Pymes, para que blanquearan que no lo pagarían.
Bono de fin de año de 24.000 pesos: empezó la judicialización
Sin embargo el debate se judicializó con un amparo presentado por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (ACLISA) con sede en Córdoba. Por esa razón quedó en manos del juzgado federal N°1 de esa provincia. El planteo sostiene que el decreto es inconstitucional, porque el Ejecutivo no tiene "facultades para legislar en la materia referida" y porque está originado en "cuestiones ajenas a las descriptas en el propio texto, muy probablemente políticas y relacionadas con la impericia del propio estado en materia económica".
El escrito entró dos días antes del cierre del año judicial. No habilitaron la feria para tratarlo en enero. La ACLISA deberá aguardar hasta febrero para conocer una respuesta de la Justicia y es posible que el caso se estire con el correr del tiempo o se configure en una oportunidad para los que echaron mano a un amparo para no pagar un bono de 24.000 pesos.
El escrito, que fue anticipado por el diario La Nación, revela que los demandantes recurren a cuestiones de índole constitucional, pero no utilizan ningun argumento laboral.
"Existe no solo un severo agravio económico, de carácter enorme, que por su notoriedad y arbitrariedad que conspira contra la más elemental noción de seguridad jurídica, entendida esta en el contexto jurídico de un Estado de Derecho si no además una imposibilidad material de afrontar el pago inconstitucionalmente decretado", sostiene el amparo. Los argumentos de la demanda no alcanzaron para habilitar la feria judicial.
Impacto financiero en las Pymes por el pago del bono
Mientras tanto las cámaras continuarán con las críticas públicas que van acompañadas por la ausencia del pago del bono. Una de las que reforzó esa idea es la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Su presidente, Alfredo González, consideró que "es claro que nuestros colaboradores perdieron poder adquisitivo por la inflación. Pero el marco correcto para recuperarlo son las paritarias, muchas de ellas aún abiertas, como es el caso de la mercantil, la más grande del país", insistió.
Un "mayor poder adquisitivo podría dinamizar el consumo interno. Pero la situación para las Pymes no es sencilla porque este mes también se debe abonar el segundo medio aguinaldo", enfatizó González, sin mencionar que el bono es de caracter no remunerativo entonces intentan absorberlo con las cifras del mismo caracter que surgen de las negociaciones paritarias y sus actualizaciones.
"Muchas de las Pymes que representamos son monotributistas y no podrán soportar el impacto financiero de esta medida, ya que el mecanismo de deducción del 50% del bono en el Impuesto a las Ganancias no las contempla", sostuvo CAME y reclamó que revisen la medida.
En el Gobierno dudan del éxito que pueda tener la judicialización del bono. Hasta ahora no hubo una respuesta y por fuera de las quejas y los intentos por no pagarlo, los principales sindicatos no han denunciado el incumplimiento sistemático en el pago del bono. Admiten que la implementación tardía se metió en medio del pago del medio aguinaldo y eso abre nuevos conflictos por la demora en su pago, pero hasta ahora no hubo denuncias de incumplimientos masivos por parte de las grandes empresas.